Proponen modelo de intercambio justo entre capital y trabajo

Los problemas que afronta la economía mundial no pueden ser atendidos desde trincheras ideológicas, dice Pedro Antonio Pérez, autor del libro 'Manifiesto del intercambio justo. La sociedad del trabajo'.

Pérez –­ingeniero en comunicaciones, profesor de la Universidad Central de Venezuela y ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria­– cree que la humanidad debe superar la discusión entre socialismo y capitalismo.

Considera que ambas ideologías, enfrentadas permanentemente en los últimos 150 años, son doctrinarias, dogmáticas y no han servido para resolver los problemas de la gente.

El socialismo es una especie de quimera, ni siquiera una utopía, que nunca ha podido aplicarse, afirma. Su principal debilidad está en negar el papel del individuo, porque la sociedad prevalece sobre las personas.

Agrega que el capitalismo ha provocado una concentración del dinero en tan pocas manos (las del sistema financiero internacional) que hasta las empresas productivas se han convertido en víctimas del modelo.

La propuesta que Pérez presenta en la publicación se basa en el intercambio justo entre el capital (dinero acumulado) y el trabajo (fuente para generarlo) como elementos complementarios e indispensables para el proceso productivo.

Sólo una relación armónica entre capital y trabajo permite que los empresarios tengan seguridad en sus inversiones y los trabajadores cuenten con opciones de empleo y garantías de bienestar y salud, indica el autor.

El profesor Pedro Antonio Pérez se deslinda del concepto de intercambio justo que el gobierno del presidente Hugo Chávez dice promover, y añade que el modelo que propone no puede aplicarse en un solo país.

"Vivimos en un mundo globalizado. La economía está tan engranada que un pequeño país como Grecia crea un problema primero en Europa y después en el resto del planeta", señala.

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Recaudación tributaria subió 30,8% en el primer semestre

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria recaudó 88,2 millardos de bolívares durante el primer semestre de 2012, un aumento de 30,8% en comparación con el mismo período de 2011.

Las cifras del Seniat muestran que el cobro de impuestos se ha incrementado en términos nominales y reales, porque la inflación anualizada se ubicó en 21,3% en junio, según el Banco Central de Venezuela.

Las alzas más elevadas se produjeron en el gravamen por sucesiones, que creció 36,9% para llegar a 149,7 millones de bolívares; y el impuesto al valor agregado, que subió 33,5% para ascender a 49,6 millardos de bolívares.

El IVA se mantiene como la principal fuente de ingresos tributarios al aportar 56,2% del total recaudado por el Seniat, un punto porcentual más que en 2011 y 13 puntos más que en 2008, cuando la alícuota era 9%.

En marzo de 2009, en plena crisis económica mundial, el presidente Hugo Chávez aumentó la tasa del IVA a 12% como parte de las medidas para paliar las consecuencias de la caída del precio del petróleo en las finanzas públicas.

El impuesto sobre la renta, en cambio, ha perdido participación en los ingresos tributarios al bajar desde 36,9% en el primer semestre de 2008 hasta 27,8% en el mismo período de 2012.

La cobranza del ISLR totalizó 24,6 millardos de bolívares entre enero y junio, lo que representa un aumento de 28,6% en comparación con los primeros 6 meses del año pasado, de acuerdo con el Seniat.

La renta aduanera ­–tercera fuente de ingresos impositivos–­ se incrementó 28,2% para llegar hasta 8,4 millardos de bolívares, desde los 6,6 millardos de bolívares del primer semestre de 2011.

La recaudación de los gravámenes a licores creció 30,2% para sumar 865,3 millones de bolívares, mientras que el cobro de tributos por cigarrillos subió 20,7% para totalizar 3,6 millardos de bolívares.

Los impuestos a juegos de envite y azar fueron los únicos con resultados negativos: bajaron de 89 millones a 41,7 millones, una caída de 53,1%, por la política gubernamental de cierre de bingos y casinos.

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Hoy se concreta el retiro de Venezuela del Ciadi

El 25 de enero el gobierno del presidente Hugo Chávez pasó de las palabras a los hechos y denunció el convenio constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Hoy se cumplen los 6 meses establecidos en el artículo 71 del tratado para que surta efecto la denuncia y se concrete el retiro de Venezuela.

Chávez decidió sacar al país del Ciadi con dos argumentos, recordó la agencia Efe. El primero es que debe proteger "el derecho del pueblo venezolano de decidir las orientaciones estratégicas de la vida económica y social de la nación". El segundo es que el centro de arbitraje "ha fallado 232 veces a favor de los intereses transnacionales en las 234 causas que ha conocido".

La salida del Ciadi, sin embargo, no eximirá al Gobierno de responder por las 22 demandas que están pendientes en el organismo. "Las notificaciones de un Estado contratante no afectarán los derechos y obligaciones nacidos del consentimiento a la jurisdicción del centro dado con anterioridad al recibo de dicha notificación por el depositario", dice el artículo 72.

Juan González Velasco, especialista en comercio exterior e inversiones, considera que el retiro de Venezuela del Ciadi es lamentable. "Este organismo se creó en 1965 para darle un marco jurídico confiable a los inversionistas de todo el mundo y ha permitido que la inversión extranjera crezca hasta niveles históricos durante las últimas décadas".

González Velasco asegura que el Ciadi, más que un tribunal que sentencia, ha sido un organismo que promueve arreglos. "Si las decisiones han favorecido principalmente a las empresas es porque los países cambian las condiciones que ofrecen para atraer a los inversionistas. Venezuela tiene un historial desfavorable, pero también Estados Unidos".

El especialista advierte que la decisión gubernamental limitará todavía más la menguada inversión extranjera. "Los inversionistas pensarán mucho más antes de venir a Venezuela". Agrega que eso tendrá consecuencias negativas para el país. "Si en los últimos años hubiésemos tenido mayor inversión extranjera, produciríamos más e importaríamos menos".

González Velasco destaca que la inversión extranjera ha sido vital para los países desarrollados, para economías emergentes como China e incluso para Venezuela. "La mayoría del aparato productivo petrolero que sostiene al país se creó gracias a la inversión extranjera, porque la industria pasó a manos del Gobierno en 1975".

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Alza del precio del oro ocultó debilitamiento de las reservas

El valor del oro monetario que forma parte de las reservas internacionales subió de 7,2 millardos de dólares en enero de 2007 a 19,5 millardos de dólares en mayo de 2012, impulsado por el aumento del precio del metal en los mercados internacionales, según las notas anexas a los estados financieros del Banco Central de Venezuela.

El incremento no sirvió para fortalecer las reservas, que en el período cayeron de 35,5 millardos de dólares a 24,9 millardos de dólares. La revalorización del oro, por el contrario, ocultó las consecuencias de la decisión que tomó el Gobierno en 2005 de fijar un nivel óptimo –­primero lo hacía cada año, ahora cada semestre–­ y de transferir el excedente al Fondo de Desarrollo Nacional.

La práctica hizo que las reservas internacionales se debilitaran porque las disponibilidades e inversiones en divisas ­–que constituyen la parte más líquida–­ retrocedieron de 27,8 millardos de dólares en enero de 2007 a 1,6 millardos de dólares en mayo de 2012. Ese monto alcanza para 11 días de importaciones, cuando lo recomendable es que cubra 6 meses.

No hay cifras oficiales más recientes, porque el BCV aún no ha publicado los estados financieros de junio, pero el incremento de 2,4 millardos de dólares que han tenido las reservas internacionales desde entonces está compuesto básicamente por efectivo. Eso lleva la parte líquida a 4 millardos de dólares, lo que representa un mes de importaciones.

"La revalorización del oro ha tenido consecuencias sobre las reservas del país, que cada vez son menos líquidas. Poner todos los huevos en la misma cesta siempre es riesgoso. Debería haber más activos disponibles para hacer frente a situaciones como una caída de los precios del petróleo", advirtió el economista Ronald Balza.

"El alza del precio del oro en los últimos años ha sido clave para impulsar las transferencias al Fonden, mantener el nivel alto de gasto público y manejar la balanza de pagos a pesar del racionamiento de divisas. Si hay una caída en el valor del metal, no habrá cómo atender las necesidades", agregó el economista Alexander Guerrero.

Ambos señalaron que el problema de fondo es el concepto de nivel óptimo, porque en otras circunstancias el alza de 12,3 millardos de dólares que ha tenido el oro monetario entre 2007 y 2012 se hubiese reflejado en un aumento similar en el total de reservas.

Balza dijo que lo más grave es que el BCV nunca ha explicado cuáles son los criterios ni la metodología que usa para calcular el nivel óptimo de reservas. "Se supone que a mayor riesgo debería ser más alto, pero hasta ahora no ha sido así".

Cuando se creó el Fonden se estableció un nivel óptimo de 30 millardos de dólares. Ahora está alrededor de 25 millardos de dólares. "No tiene sentido que haya disminuido a pesar de que como país petrolero tenemos mayores riesgos en un contexto de crisis económica mundial", dijo Balza.

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Afirman que convenio cambiario es una devaluación

El convenio cambiario 20 –­que entró en vigencia el 19 de julio–­ es una forma de depreciar el bolívar sin afrontar el costo político de una devaluación abierta, sobre todo cuando faltan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales, afirmaron especialistas.

La norma permite que particulares y empresas abran cuentas en los bancos del país para depositar los dólares que obtengan en el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera u otros mecanismos lícitos.

También autoriza a las compañías del sector público que exportan bienes a destinar hasta 5% del saldo promedio mensual que mantengan en cuentas en divisas para comprar bonos de deuda pública en los mercados internacionales y venderlos en el Sitme.

"Al permitirle a las empresas del Estado ­incluyendo Petróleos de Venezuela­ vender esos títulos, éstas se benefician con un mejor tipo de cambio, lo cual representa explícitamente una devaluación del bolívar", aseguró el economista Maxim Ross.

Las compañías públicas, al igual que las privadas, venden al Banco Central de Venezuela las divisas que obtienen por exportaciones al tipo de cambio oficial de 4,3 bolívares por dólar. En el Sitme obtendrán una tasa de 5,3 bolívares por dólar y aumentarán sus ingresos en bolívares.

Ross agregó que la oferta adicional de papeles en el Sitme marca una ruta hacia la devaluación porque significa que la cantidad de divisas entregada a través del mecanismo subirá, mientras que la otorgada mediante Cadivi se estancará e incluso descenderá.

Esa tendencia se observó en el primer semestre de 2012, cuando las asignaciones por el Sitme se incrementaron 33,9%. Las entregas por Cadivi, en cambio, crecieron 3,6% en total y retrocedieron 0,6% en el caso de las importaciones.

La firma Econométrica afirmó que el convenio es una devaluación encubierta. No sólo porque permite entregar más divisas por medio del Sitme, sino porque permite que Pdvsa cancele a proveedores locales en moneda extranjera a tasas acordadas a conveniencia.

Si la estatal paga compromisos de esa forma mejora sus estados financieros y entrega más dividendos al fisco, dijo Econométrica.

Sin embargo, el director de Grupo Soluciones, Juan Socías López, advirtió que el pago en divisas viola la Ley contra Ilícitos Cambiarios. Agregó que la legislación es clara al prohibir comprar, vender, ofrecer, enajenar, transferir o recibir de cualquier modo divisas sin la intermediación del BCV.

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Invadieron quinta en la urbanización La Florida

Un grupo de personas invadió ayer la quinta Ermita, en el cruce de la avenida Las Acacias con la calle Colonia de la urbanización San Rafael de La Florida. La invasión comenzó al final de la tarde, denunciaron los vecinos del lugar a través de la red social Twitter.

El comisario Robinson Navarro, director de la Policía de Caracas, confirmó el suceso e informó que funcionarios del cuerpo de seguridad negociaron con los invasores para que salieran de la quinta. Al cierre de esta edición, se esperaba que llegaran fiscales de menores para que se concretara el desalojo.
Algunos vecinos aseguraron que las personas que invadieron la quinta vestían indumentaria del oficialismo. Otros vincularon el hecho con casos similares que han ocurrido en La Florida durante las últimas semanas. Todos solicitaban mayor presencia policial.

En febrero, la comunidad judía denunció la invasión de la sinagoga Beth Abraham, que está en la calle Los Apamates, a dos cuadras de la quinta Ermita. El edificio se encontraba en remodelación y daba la impresión de estar abandonado.

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Al menos dos meses tomará fijar precios de medicinas

El proceso de análisis de costos y fijación de precios de los medicamentos tardará por lo menos dos meses más, informó Karlin Granadillo, titular de la Superintendencia de Costos y Precios.

Granadillo indicó que todavía se encuentran en la primera fase, que es decidir la metodología para abordar al sector. "Hay que determinar si es necesario priorizar algunas medicinas o se evaluarán todas".

Agregó que la decisión no depende sólo del producto sino también de los actores económicos encargados de la fabricación, importación, distribución y comercialización. "Eso es bien importante para hacer el análisis de los costos y la regulación de los precios. Porque es distinto si existe un monopolio u oligopolio que cuando hay una variedad de actores".

Granadillo recordó que la evaluación del sector se realiza en conjunto con los ministerios de Salud y Comercio. Destacó que los nuevos precios se fijarían posiblemente entre septiembre y octubre.

La Sundecop también efectúa el análisis de costos de los alimentos de la cesta básica. En este caso el trabajo está más adelantado, porque comenzaron las auditorías en las empresas.

Los próximos sectores que se evaluarán son los insumos para la construcción y los repuestos para vehículos, pero todavía no hay fechas para hacerlo. "El trabajo de la Sundecop debe ser progresivo", dijo Granadillo.

El organismo realizó ayer un operativo conjunto con Pdval, el Saime y el Seniat durante el cual se vendieron alimentos y se tramitaron documentos (cédula y RIF) en el Desarrollo Integral Santa Rosa I, urbanismo construido por la Misión Vivienda en la avenida Libertador de Caracas.

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Autorizaron a bancos a abrir cuentas en moneda extranjera

El Gobierno autorizó a los bancos a abrir cuentas en moneda extranjera para que empresas y personas depositen las divisas adquiridas a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera u otros mecanismos de carácter lícito, según el convenio cambiario número 20.

El acuerdo fue suscrito hace más de un mes por el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, y el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, pero entró en vigencia ayer al ser publicado en la Gaceta Oficial 39968.

El dinero depositado en las cuentas en divisas podrá ser cobrado en bolívares al tipo de cambio oficial; enviado al exterior por transferencias y cheques o utilizado para gastos de consumo y retiros efectuados con tarjetas de débito en otros países, indica el artículo 2.

El convenio también permite que las empresas extranjeras que participen en la ejecución de proyectos de inversión pública estratégicos tengan cuentas en los bancos nacionales para depositar sus divisas, las cuales podrán cambiar a la paridad oficial o transferir a sus casas matrices.

Una fuente cercana al BCV aseguró que el convenio cambiario también admite que las asignaciones otorgadas por la Comisión de Administración de Divisas a empresas y particulares puedan ser depositadas en las instituciones financieras del país.

Eso permitirá, por ejemplo, que los viajeros que no posean tarjeta de crédito accedan al cupo de Cadivi (hasta 3.000 dólares anuales) a través de una tarjeta de débito asociada a la cuenta en divisas, lo que beneficiará principalmente a las personas de la tercera edad.

La fuente descartó que la medida implique un aumento en los cupos anuales que otorga Cadivi para los conceptos previstos en el régimen cambiario, pero aseguró que el Gobierno prepara otras medidas relacionadas con las divisas para viajeros y el mercado secundario de títulos en moneda extranjera.

Inflexible. El presidente de Fedecámaras, Jorge Botti, señaló que evaluarán la medida para determinar el impacto en las empresas, pero adelantó que no lo perciben como una flexibilización sino como una disposición operativa.

Alejandro Cáribas, ex superintendente de bancos, tampoco cree que haya una relajación del control de cambio, porque la cuenta no puede ser abierta con cualquier tipo de depósito ni permite retirar divisas en el país.

"No se toca el tema de fondo. La restricción cambiaria se mantiene. Lo único que cambia es que las personas sin cuenta en el exterior ahora pueden acceder a los mecanismos de adquisición de moneda extranjera", dijo Cáribas.

Henkel García, director de Econométrica, agregó que las dificultades para obtener divisas aumentarán porque habrá más demanda ­por la eliminación del requisito de tener una cuenta afuera­ pero la oferta seguirá limitada.

Los especialistas advirtieron que la medida puede acentuar la tendencia actual de entregar más divisas vía Sitme y menos vía Cadivi, lo que implica una devaluación encubierta del bolívar.

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Inadmisible recurso de nulidad contra ley de arrendamiento

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el recurso de nulidad que la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos introdujo contra el artículo 73 y la disposición transitoria novena de la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.

El artículo 73 establece que el método para determinar el valor de un inmueble ­a los fines de fijar el canon de alquiler y el precio de venta­ sólo tomará en cuenta el valor de reposición, el tamaño, la depreciación, la vulnerabilidad sísmica y la región geográfica.

Apiur objetó el artículo porque excluye factores que agregan valor al inmueble ­como la ubicación dentro de la ciudad o los servicios disponibles­ e ignora la inversión del propietario para adquirirlo; lo que trae como consecuencia que el método arroje montos que no se corresponden con la realidad.

La disposición transitoria novena otorga un plazo de 12 meses para retirar el dinero acumulado en los tribunales de consignación, porque de lo contrario será transferido al Fondo de Protección al Inquilino y al Pequeño Arrendador, creado por la Ley.

La organización rechazó la medida porque esos recursos ­depositados por los inquilinos para cumplir con la obligación de pago en los casos en que hubiera conflicto o simplemente no encontrase al propietario­ pertenecen a los dueños de los inmuebles.

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Cadivi otorgó 84,5% menos para inversión extranjera

La Comisión de Administración de Divisas otorgó 14 millones de dólares para inversión extranjera durante el primer semestre de 2012, lo que representa una caída de 84,5% con respecto al mismo período de 2011, cuando la asignación para este rubro sumó 90,6 millones de dólares.

El monto aprobado para deuda externa privada, en tanto, retrocedió 90,7% al pasar de 29,5 millones a 2,75 millones de dólares. Eso genera un problema a las empresas transnacionales que, ante las limitaciones cambiarias en el país, piden financiamiento a sus casas matrices para importar.

Cadivi también redujo la entrega para estudiantes en 9,3%. En este caso, la disminución se debe a que cambiaron el mecanismo para solicitar divisas y limitaron las asignaciones a las áreas de conocimiento prioritarias definidas por el Ministerio de Educación Superior.

El resto de los rubros obtuvo más divisas en el primer semestre de 2012. El monto otorgado para uso de tarjetas de crédito en viajes al exterior y compras electrónicas sumó 1,22 millardos de dólares: representa un aumento de 50,4% en comparación con igual período del año pasado.

Las líneas áreas recibieron 642,5 millones de dólares (+3,7%); las remesas familiares sumaron 401,9 millones de dólares (+2,6%) y el efectivo para viajes totalizó 214,2 millones de dólares (+33,7%).

Rubros prioritarios. El organismo había informado que la entrega de dólares creció 3,6% en el primer semestre de 2012, con respecto a igual período de 2011, aunque el monto asignado para importaciones retrocedió 0,6%.

Las cifras detalladas muestran que la caída en las divisas para compras externas se debió a las llamadas importaciones ordinarias, que disminuyeron 6,7%: de 9,49 millardos a 8,85 millardos de dólares.

Para las compras realizadas a través de Aladi la asignación subió 4,4%, de 2,34 millardos a 2,44 millardos de dólares; y para las hechas con el Sucre el monto aumentó 430,8%, de 104,4 millones a 554,1 millones de dólares.

Alimentos, con un monto de 3,41 millardos de dólares, y salud, con una asignación de 1,76 millardos de dólares, acapararon casi la mitad (43,5%) de las divisas otorgadas para importar en el primer semestre.

Cadivi también entregó 1,12 millardos de dólares para comercio; 1,06 millardos para químicos; 1,03 millardos para automotriz; 775 millones para maquinaria y equipos; y 401 millones para servicios.

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Comenzó el registro de compras programadas

Las empresas de compras programadas comenzaron a inscribirse en el Sistema Único de Registro del Indepabis, luego de que el organismo habilitó el módulo correspondiente al sector la semana pasada.

La Ley de Regulación y Control del Sistema de Ventas Programadas, que entró en vigencia el 30 de abril, establece que las compañías deben registrarse y recibir la autorización del Ministerio de Comercio para operar.

La normativa también obliga a que el Indepabis otorgue el visto bueno a los planes que las empresas ofrecerán al público. Mientras no se cumplan estos dos requisitos, no se pueden firmar nuevos contratos.

Anselmo Silva, presidente de Cavecompra, aseguró que las compañías se han limitado a atender los contratos vigentes. "Seguimos haciendo las asambleas, adjudicando los bienes y cobrando las cuotas".

Silva admitió, sin embargo, que la imposibilidad de firmar contratos ­–que en el caso de los vehículos data de septiembre de 2009, mediante resolución del Indepabis–­ ha limitado los ingresos y ha obligado a reducir los costos.

El Consorcio Fonbienes cerrará a principios de agosto la oficina que tiene en Montalbán, lo que reducirá a 11 el número de sucursales en todo el país, que era más de 30.

Juan Pablo Alviar, presidente de Fonbienes, aclaró que la medida es necesaria para controlar los gastos y aseguró que los más de 10.000 clientes no se han visto afectados.

Alviar dijo que los cierres han sido en ciudades dónde había varias oficinas, para quedarse con una sola (dos en el caso de Caracas), lo cual ha permitido mantener la cobertura nacional de la empresa.

Agregó que el fortalecimiento de la plataforma tecnológica diversa ­–correo electrónico, Internet, líneas 800–­ ha permitido mantener los estándares de calidad en la atención al cliente. "Tenemos la certificación ISO-90012000".

Perfecto Ferro, presidente de Inversora Participar, advirtió que la situación del sector es apremiante porque no pueden firmar nuevos contratos y tampoco pueden actualizar el precio de los bienes en los planes vigentes.

Ferro afirmó que Participar mantiene sus oficinas porque deben responderle a los clientes, pero las ha mudado a lugares más pequeños y ha reducido el personal.

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Apiur pide no renovar congelación de cánones

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos enviará una carta a Ana Marina Rodríguez, designada como titular de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas, para solicitarle que no se renueve la congelación de cánones de alquiler vigente desde 2003.

Apiur considera necesario que Rodríguez inste al Ministerio de Vivienda y Hábitat a que fije el valor de reposición, requisito indispensable para que pueda aplicarse el método de cálculo fijado en la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

La organización asegura que la congelación, combinada con la inflación de 183% acumulada durante el período, ha provocado que muchos propietarios de edificios de vieja data arrendados no puedan ni siquiera cubrir los gastos de mantenimiento.

Roberto Orta, presidente de Apiur, informó que en la carta también le pedirán a Rodríguez que prorrogue el plazo de 12 meses establecido en la novena disposición transitoria de la Ley para el retiro del dinero acumulado en los tribunales de consignación.

Recordó que el Juzgado 25 de Municipio del Área Metropolitana de Caracas –­único que recibía consignaciones­– está cerrado desde hace tres meses, lo que ha impedido que los dueños de inmuebles retiren el dinero que les pertenece y que, en algunos casos, es su único sustento.

El cierre también ha colocado a muchos inquilinos en mora, pues la dirección de la Superintendencia que se encargaría de recibir las consignaciones no ha sido creada. La situación afecta además el alquiler de comercios y oficinas, que aún se rige por la ley de 1999 que permite el pago en tribunales.

Otras solicitudes de Apiur son agilizar los procedimientos del organismo y exigir el nombramiento de más defensores públicos en materia inquilinaria (sólo existen cinco en el país).

Observaciones. Orta advirtió que el proyecto de ley de arrendamiento de inmuebles comerciales, que se discute en la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, generará los mismos problemas que la norma que regula el alquiler residencial.

El presidente de Apiur dijo que la propuesta repite errores como centralizar la toma de decisiones en una superintendencia. Propuso que este organismo se limite a coordinar a las oficinas de inquilinato que existen en los municipios.

La organización también considera negativo que se imponga una duración mínima de 2 años para los contratos y se prohíban las medidas cautelares de secuestro, entre otras disposiciones. Apiur presentará las observaciones a los diputados de la Comisión.

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Gasto acordado para 2012 supera Bs 350 millardos

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó 7 solicitudes de crédito adicional presentadas por el Ejecutivo por un total de 4,7 millardos de bolívares, para llevar los recursos asignados por esa vía durante este año hasta 52,7 millardos de bolívares.

Los créditos adicionales han permitido al Gobierno incrementar el gasto acordado para 2012 a 350,5 millardos de bolívares, lo cual supera en 18% los egresos de 297,8 millardos de bolívares establecidos por el Ministerio de Planificación y Finanzas en la Ley de Presupuesto.

El monto continuará en alza en los próximos meses porque la subvaloración del petróleo –­el precio promedio de la cesta venezolana (106 dólares) duplica al valor referencial utilizado para elaborar el presupuesto (50 dólares)–­ genera ingresos adicionales al fisco.

Casi un tercio del dinero aprobado por la Comisión de Finanzas ayer será para el Ministerio de Servicio Penitenciario, que recibirá 1,49 millardos de bolívares para construir nuevos centros de reclusión en Barinas, Distrito Capital, Táchira y otras entidades.

El Ministerio de Interior y Justicia obtendrá 1,33 millardos de bolívares para darle al gobierno del Distrito Capital y a las alcaldías del área metropolitana de Caracas un segundo anticipo del situado constitucional que les corresponde por los ingresos adicionales de 2012.

Al Consejo Federal de Gobierno le autorizaron 967 millones de bolívares ­provenientes de los excedentes fiscales­ para el financiamiento de proyectos presentados por gobernaciones, alcaldías y consejos comunales a través del Fondo de Compensación Interterritorial.

La Asamblea Nacional recibirá 540 millones de bolívares para cubrir gastos de funcionamiento y de personal, mientras que el Ministerio de Comunicación e Información obtendrá 227 millones de bolívares para sufragar la operación de Telesur.

Al Ministerio de Agricultura y Tierras le aprobaron 87 millones de bolívares destinados a la empresa de producción social Valle de los Tacariguas, creada el año pasado y formada por unidades productivas de Aragua y Carabobo.

Al Ministerio de Comunas y Protección Social le asignaron 50 millones de bolívares para el financiamiento de los programas vacacionales comunitarios que organiza el Consejo Nacional de Derechos del Niño y el Adolescente.

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Suman París al menú de opciones para que venezolanos hagan negocios

La ausencia de opciones para invertir en Venezuela y la necesidad de proteger el patrimonio han hecho que en los últimos años la demanda inmobiliaria de los venezolanos apunte a destinos tan variados como Argentina, Colombia, Curazao, Estados Unidos, Panamá y República Dominicana.

Al menú de opciones ahora se suma París debido a la alianza estratégica entre la inmobiliaria venezolana Ferca Rentals y la francesa Betancourt et Associés (fundada por Astrid, hermana de Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial colombiana que estuvo seis años secuestrada por la guerrilla).

La capital de Francia figura actualmente como la cuarta urbe preferida por los inversionistas que compran inmuebles fuera de su país de origen; por debajo de Londres, Nueva York y Hong Kong; pero por encima de Singapur, Miami, Génova, Shanghai, Pekín y Berlín.

Aunque una ciudad europea puede sonar como un destino muy exótico para los inversionistas venezolanos, cuya demanda se ha concentrado principalmente en otros países del continente americano, los promotores de la alianza aseguran que es más asequible de lo que muchos piensan.

"El venezolano siempre ha sido una persona que le gusta viajar e invertir afuera. Hemos tenido buenas experiencias con la venta de inmuebles en Miami, Nueva York, Panamá y otras ciudades. París no es mucho más caro", asegura Francisco España, presidente de Ferca Rentals.

"A pesar de que los inmuebles de la capital francesa se han revalorizado continuamente en los últimos 30 años, siguen siendo asequibles para los inversionistas extranjeros con precios de 10.000 a 20.000 euros por metro cuadrado, según las características", señala Astrid Betancourt.

España agrega que la adquisición en París puede ser una opción especialmente atractiva para quienes tienen ahorros o inversiones financieras en euros y están perdiendo con la depreciación que ha tenido la moneda única por la crisis económica del Viejo Mundo.

Los problemas de la zona euro, por cierto, no son vistos como una desventaja. "Estamos convencidos de que la integración europea no tiene vuelta atrás", dice Betancourt. "La debilidad del euro incrementa el poder adquisitivo de los inversionistas en dólares", añade España.

Destino atractivo. El primer beneficio que ofrece París al inversionista extranjero es el mismo que brinda al turista: el atractivo estético que tiene la ciudad por los diversos estilos de construcción y los múltiples edificios históricos (desde la catedral de Notre Dame hasta la Torre Eiffel).

El ambiente cosmopolita representa otro valor agregado. Betancourt destaca que esta característica no impide que una persona lleve una vida anónima, porque cada vecindario cuenta con lo necesario. "No hace falta ir a un gran centro comercial y encontrarse a todo el mundo".

Una ventaja más importante desde el punto de vista económico, sobre todo por el monto de la inversión, es la seguridad jurídica. La propiedad es un derecho garantizado en el artículo 17 de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, el documento fundamental de la Revolución Francesa.

Betancourt apunta que la inversión en piedra, como le dicen los franceses a la compra de inmuebles, continúa siendo la mejor opción para preservar el valor del dinero y proteger el patrimonio. "En un contexto de crisis mundial e incertidumbre en los mercados financieros, es una inversión segura".

La rentabilidad de los inmuebles residenciales no es tan alta, porque existen regulaciones en el mercado de alquiler para garantizar que los precios se mantengan en niveles asequibles para los parisienses, pero igual resulta atractiva. Sobre todo cuando se arrienda para temporadas vacacionales.

Una opción más provechosa son las edificaciones comerciales y especialmente los hoteles. "Hay muchos, sobre todo pequeños, que no cumplen con las normas y sus propietarios, como no tienen recursos para adaptarlos, deciden venderlos a inversionistas. Muchos extranjeros han comprado".

Para los venezolanos, en particular, un beneficio adicional es el convenio bilateral para evitar la doble tributación firmado por los gobiernos de ambos países el 7 de mayo. "Eso permite que los bienes adquiridos en Francia no paguen impuestos en Venezuela", precisa Betancourt.

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45% de la población requiere una vivienda nueva o mejorada

El déficit de vivienda afecta a 45% de la población, según el estudio de caso que la Asociación Venezolana de Ejecutivos y la Cámara Venezolana de la Construcción presentarán el jueves en el Iesa.

La investigación sitúa el déficit acumulado en 1,9 millones de unidades, lo que equivale a 7,6 millones de personas. Eso quiere decir que 1 de cada 4 venezolanos requiere una vivienda nueva.

Adicionalmente hay 1,3 millones de unidades ­–donde viven 5,2 millones de personas–­ en condiciones que no son óptimas. Eso arroja que 1 de cada 5 venezolanos requiere una vivienda mejorada.

El crecimiento de la población además obliga a construir 118.572 viviendas nuevas al año, de acuerdo con los datos preliminares del Censo 2011 realizado por el Instituto Nacional de Estadística.

El tamaño del problema obliga a hacer un esfuerzo de gran magnitud para superarlo. El estudio calcula que hay que construir anualmente 275.000 viviendas nuevas para llevar el déficit a cero en 15 años.

Para lograr el objetivo se requiere un ajuste en las políticas públicas, señalaron los responsables de la investigación.

El estudio toma el ejemplo de Chile, que triplica a Venezuela en la edificación de viviendas per cápita.

"Chile ha construido en las 2 últimas décadas 171 viviendas por cada 1.000 habitantes, mientras que Venezuela sólo ha construido 49 por cada 1.000", indica el estudio.

Claves del éxito. Entre las características que han hecho exitoso el modelo chileno destaca que el Estado se concentra en financiar la construcción de viviendas para las clases más necesitadas y subsidiar la demanda.

El proceso de asignación ­de las viviendas o de los subsidios­ es transparente porque depende de un sistema de puntos que toma en cuenta las características de cada familia y premia el ahorro.

La escogencia de la vivienda, incluso cuando son entregadas por el Gobierno, queda en manos del beneficiario.

Eso genera una dinámica competitiva entre las empresas privadas encargadas de la construcción para captar al ciudadano.

Otra clave del éxito ha sido la estrategia de financiamiento, que se caracteriza por expresar el precio de la vivienda en un valor que se ajusta por inflación (unidad de fomento) y levantar recursos en el sector privado.

Los fondos de pensiones, las aseguradoras y las sociedades inmobiliarias, entre otros actores, invierten en títulos hipotecarios y permiten que la banca tenga disponibilidad para otorgar créditos.

Todos esos factores, combinados con un entorno macroeconómico de baja inflación y crecimiento sostenido, han permitido a Chile construir desde hace 20 años al ritmo necesario para satisfacer la demanda de vivienda.

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Divisas asignadas subieron 10% en el primer semestre

Las asignaciones de divisas totalizaron 20,26 millardos de dólares en el primer semestre de 2012, lo que representa un alza de 10% en comparación con el mismo período de 2011.

La Comisión de Administración de Divisas informó esta semana que el monto autorizado de enero a junio ascendió hasta 15,11 millardos de dólares, 3,6% por encima del año pasado.

Los bonos colocados a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera sumaron 5,15 millardos de dólares, 33,9% más que en el primer semestre de 2011, según el Banco Central de Venezuela.

Entre enero y junio del año pasado el Gobierno asignó 18,43 millardos de dólares: 14,58 millardos de dólares a través de Cadivi y 3,85 millardos de dólares mediante el Sitme.

A pesar del incremento que hubo en la asignación, empresas de diferentes sectores productivos aseguran que los retrasos en la liquidación de las divisas se mantienen y afectan la operatividad.

Devaluación encubierta. El Gobierno mantiene los tipos de cambio de 4,3 bolívares por dólar en Cadivi y 5,3 bolívares por dólar en el Sitme, pero ha recurrido a otras alternativas para devaluar.

La firma Econométrica advirtió el mes pasado que el hecho de que la entrega de divisas a través del Sitme crezca a un ritmo superior al del monto otorgado por Cadivi, representa una devaluación encubierta de la moneda.

Econométrica calculó que el tipo de cambio promedio para las importaciones se incrementó 15% en el primer trimestre de 2012, en relación con el mismo período de 2011.

La estrategia tiene motivaciones políticas: permite que el Gobierno reciba más bolívares por cada petrodólar para incrementar el gasto público en año electoral, pero evita el impacto negativo de una devaluación abierta.

Vuelven a caer. Las reservas internacionales han retomado su tendencia a la baja en julio, luego de la recuperación experimentada en la última semana de junio por la decisión del BCV de comprar dólares al Bandes y el Fonden.

Los ahorros de la nación retrocedieron hasta 27,48 millardos de dólares esta semana, lo que representa una caída de 2,7% en comparación con los 28,24 millardos de la semana anterior.

El nivel actual de reservas está 8,1% por debajo del registrado al cierre de 2011, que fue 29,89 millardos de dólares, a pesar de que la cesta petrolera venezolana promedia 106,77 dólares, 5,6% más que el año pasado.

Las transferencias al Fonden, que suman 3 millardos de dólares, y el descenso del precio del oro, metal que representaba 78% de las reservas en mayo, figuran entre las causas de la disminución.

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Saldo de la deuda pública aumentó 96% desde 2009

El saldo de la deuda pública aumentó 96% desde 2009, según el Ministerio de Planificación y Finanzas, a pesar de que el precio promedio de la cesta venezolana de crudo y derivados en la actualidad supera en 88% al registrado ese año.

El Gobierno anunció esta semana que pedirá a la Asamblea Nacional que le apruebe una ley de endeudamiento complementario por 30 millardos de bolívares para cubrir gastos de las misiones sociales y cancelar pasivos a los empleados públicos.

La solicitud se produce en momentos en que el barril venezolano se mantiene por encima de 100 dólares, más del doble del valor referencial de 50 dólares utilizado por el Ejecutivo para el presupuesto.

En marzo de 2009, cuando el Gobierno pidió por primera vez autorización para adquirir compromisos adicionales a los establecidos en la Ley de Endeudamiento, había razones para hacerlo: el crudo se cotizaba a poco más de 30 dólares, la mitad de lo presupuestado.

Al cierre de 2009 el precio se situó en 57 dólares, una caída de 34% con respecto a 2008. Pero en 2010 subió 25% para llegar a 71 dólares y en 2011 aumentó 42% para colocarse en 101 dólares. En 2012, a pesar de la caída de mayo y junio, promedia 107 dólares.

El alza de los precios del petróleo no se ha reflejado en una caída del endeudamiento, como sucedió entre 2005 y 2008. Por el contrario, los pasivos de la República han subido a un ritmo más acelerado que el de la cotización del crudo.

El saldo de la deuda, que estaba en 44 millardos de dólares al cierre de 2008, terminó el primer trimestre de 2012 en 86,5 millardos de dólares: 43,5 millardos corresponden a compromisos externos y 42,9 millardos de bolívares a pasivos internos.

El monto de las leyes de endeudamiento –­incluidas las complementarias–­ ha aumentado 200%: 39 millardos de bolívares en 2009, 45 millardos de bolívares en 2010, 97 millardos de bolívares en 2011 y 117 millardos de bolívares en 2012.

En el período, además, la deuda adquirida con China repuntó 800% ­–de 4 millardos de dólares a 36 millardos de dólares­– debido a la renovación del Fondo Conjunto por 12 millardos de dólares y el préstamo de largo plazo por 20 millardos.

Francisco Ibarra, director de Econométrica, dijo que el endeudamiento adicional responde al aumento del gasto público con fines electorales, pero advirtió que el problema de fondo es que no hay precio petrolero que aguante el desorden fiscal del Gobierno.

"Si la cotización del crudo sube a 150 dólares y se estabiliza allí, en 18 meses se repetirán las dificultades financieras porque el modelo gubernamental depende de un precio petrolero que crezca todos los años", señaló Ibarra.

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Gobierno contraerá 21% más deuda que en 2011

La deuda pública autorizada por la Asamblea Nacional sumará 117 millardos de bolívares en 2012, lo que representa 21% más que en 2011, de aprobarse la ley de endeudamiento complementario que el Ejecutivo solicitará en los próximos días.

El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, anunció el martes en la noche que el Gobierno pedirá autorización para adquirir compromisos adicionales por 30 millardos de bolívares con el objetivo de cancelar las prestaciones sociales que se adeudan a los empleados públicos y financiar la misión En Amor Mayor.

La Ley de Endeudamiento de 2012, aprobada junto con el presupuesto anual, permite la contratación de compromisos hasta por 87 millardos de bolívares: 41 millardos para proyectos de inversión, 26 millardos para servicio de deuda y 20 millardos para gestión fiscal (gasto corriente).

No será la primera vez que el gobierno del presidente Hugo Chávez solicite permiso para contratar endeudamiento complementario. En 2009 lo hizo para afrontar las consecuencias de la caída del precio del petróleo –­que llegó a 30 dólares–­ en las cuentas fiscales.

En 2011 repitió la solicitud, pero con el argumento de atender la emergencia por las lluvias. La ley del año pasado fue por 45 millardos de bolívares, lo que llevó el endeudamiento ­–previsto inicialmente en 52 millardos de bolívares–­ hasta 97 millardos de bolívares.

Poca transparencia. La deuda pública sumó 86,5 millardos de bolívares al cierre del primer trimestre, según el Ministerio de Planificación y Finanzas, un incremento de 9% con respecto al saldo de 79,2 millardos de bolívares que registró al término de 2011.

El alza trimestral obedeció principalmente a los compromisos internos, que subieron 20%: de 35,8 millardos de bolívares a 42,9 millardos de bolívares. Los pasivos externos se mantuvieron prácticamente estables al pasar de 43,4 millardos de bolívares a 43,5 millardos de bolívares.

Economistas han advertido, sin embargo, que las cifras oficiales son poco transparentes porque excluyen los pasivos adquiridos con China en los últimos años: el fondo conjunto creado en 2007 y el préstamo de gran volumen y largo plazo acordado en 2010.

Los aportes del país asiático a través de estos mecanismos llegan a 36 millardos de dólares, admitió Edmée Betancourt, ministra de Comercio y presidenta del Bandes. Una parte ya ha sido cancelada con los envíos de crudo que Pdvsa realiza, pero la mayoría sigue en las cuentas por pagar.

Instituciones como Bank of America calculan que la deuda pública total de Venezuela asciende a 108,3 millardos de dólares. Ese monto se incrementará 6% con el endeudamiento complementario, que equivale a 6,9 millardos de dólares al tipo de cambio oficial.

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Destituyeron a superintendente nacional de arrendamientos

La Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda tuvo su primer cambio de mando pocos días antes de cumplir 8 meses. El presidente Hugo Chávez designó a Ana Marina Rodríguez como titular del organismo, de acuerdo con un decreto publicado en la Gaceta Oficial 39960.

La nueva superintendente es abogada y se desempeñaba como defensora pública primera en materia de inquilinato y defensa del derecho de la vivienda. Formó parte de la Red Metropolitana de Inquilinos y promovió la Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas.

Rodríguez sustituye a Carmen Cecilia Morantes, que estuvo al frente de la Sunavi desde el 12 de noviembre de 2011, cuando Chávez promulgó la ley y creó el organismo. También la reemplazará en la Dirección de Inquilinato, cargo que ocupaba desde septiembre de 2010.

La Unión Bolivariana de Inquilinos pidió la semana pasada la destitución de Morantes por la falta de respuesta ante los reclamos de los arrendatarios, la paralización de 4.800 casos y el cierre del tribunal de compensación, entre otras quejas.

La Red Metropolitana de Inquilinos advirtió en mayo, en un artículo publicado en la web oficialista Aporrea, que la alta gerencia de la Sunavi no estaba capacitada para manejar el organismo y desconocía las normas legales que rigen los entes de la administración pública.

Entre los reclamos de la red figuraban la carencia de un reglamento interno ­–lo cual fomentaba el desorden administrativo­– y la imposibilidad de concretar la compra de 100 edificios para alquiler que comenzaron a negociarse en 2011 a través de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República.

La red también criticó los frecuentes viajes al exterior de Morantes. Los datos de inmigración publicados en Aporrea muestran que la ex superintendente salió siete veces del país (a destinos como Cancún, Miami y San Juan de Puerto Rico) desde que fue designada en el cargo.

El Movimiento de Inquilinos tenía previsto reunirse anoche para fijar posición sobre el cambio de mando en la Sunavi. Rigel Sergent, vocero del grupo, adelantó que están de acuerdo con cualquier medida que sea para mejor y que seguirán apoyando la labor del organismo.

Más retrasos. Los dueños de inmuebles también tienen quejas de Morantes. "Se fue sin resolver un solo caso. Siempre postergaba la respuesta", dijo María Elena Navarro, presidenta de la Red de Propietarios de Viviendas en Alquiler.

Navarro teme que los procedimientos en curso se retrasen debido al reemplazo de la titular de la Sunavi. "Hay arrendadores que cumplieron los requisitos y esperaban que les devolvieran sus inmuebles. Ahora están desesperados".

Por eso, la red de propietarios espera que la nueva superintendente pueda recibirlos en los próximos días e informarles qué pasará. "Vamos a hacer la solicitud formal para tener una reunión con ella", indicó Navarro.

Fuentes del sector inmobiliario advierten que el cambio en la Sunavi puede obligar a empezar desde cero. Sobre todo porque afirman que funcionarios vinculados a Morantes borraron archivos de las computadoras.

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Calculan que crecimiento económico se desacelerará en segundo semestre

El producto interno bruto mostrará en el primer semestre un resultado similar al registrado en el primer trimestre, cuando se expandió 5,6% según el Banco Central de Venezuela. El crecimiento económico, sin embargo, se desacelerará en la segunda mitad del año.

Los economistas Ángel García Banchs y Maxim Ross coinciden en que no hay razones para que los resultados semestrales difieran de lo ocurrido entre enero y marzo. Sobre todo porque el Gobierno mantuvo el ritmo acelerado de gasto público con la mira puesta en las elecciones presidenciales del 7 de octubre.

Algunos indicadores lo confirman. La producción de vehículos, por ejemplo, se incrementó 12,9% durante el primer semestre, según la Cámara Automotriz de Venezuela. La liquidez monetaria y el crédito bancario, en tanto, muestran alzas interanuales de 50,6% y 57,9%.

"Lo más probable es que el crecimiento económico impulsado por gasto público se mantenga hasta el momento de las elecciones, pero en el último trimestre habrá una reducción. El producto interno bruto cerrará el año con una expansión de entre 4% y 4,5%", dijo Ross.

La firma Econométrica, dirigida por García Banchs, también calcula que el crecimiento de 2012 estará alrededor de 4%. Eso significa una desaceleración de la actividad económica en el segundo semestre y especialmente en el cuarto trimestre.

Ross agregó que los tres últimos meses del año estarán marcados por una fuerte incógnita: el resultado electoral. "No tanto por quién sea el ganador, sino por lo que pueda suceder en el período entre los comicios y la toma de posesión".

Sin impacto. Los economistas descartan que la caída de 22 dólares que ha experimentado la cotización del petróleo venezolano ­–desde 114 dólares por barril a principios de mayo hasta 92 dólares por barril a comienzos de julio–­ incida de manera significativa en el crecimiento de 2012.

"El descenso de precios del petróleo es coyuntural. El promedio de la cesta nacional de crudo y derivados muy probablemente termine alrededor de 100 dólares, que fue el valor utilizado por el Gobierno y por la mayoría de los analistas al elaborar las perspectivas del año", indicó Ross.

Incluso, en el peor de los casos, García Banchs no ve un promedio del petróleo venezolano por debajo de 90 dólares por barril, porque la política monetaria expansiva de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa coloca un piso alto a los precios y evita que se desplomen.

El director de Econométrica recordó que las variaciones del precio petrolero tienen un impacto rezagado. "Los barriles que se venden hoy a 86 dólares serán cobrados por Pdvsa en 3 meses y llegarán al Fisco después, de manera que la caída se sentirá a inicios de 2013".

Añadió que el crecimiento económico no se desacelerará en la segunda mitad del año por el descenso del crudo sino porque es insostenible. "La inversión privada sigue desplomándose, el consumo se basa en transferencias porque el salario (promedio) real no está creciendo".

Presiones al alza. Los pronósticos de los economistas para el segundo semestre también apuntan hacia una aceleración del índice nacional de precios al consumidor, que cerró la primera mitad del año con un incremento acumulado de 7,5% y un aumento anualizado de 21,3%, según el BCV.

Ross calculó que la inflación pudiera ascender hasta 25% al final del año, lo cual significará un alza con respecto al primer semestre, pero una reducción en comparación con 27,6% de 2011. "Eso se debe básicamente a la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos".

García Banchs proyectó que en 2012 el encarecimiento de los bienes y servicios llegará a 26% debido a las presiones inflacionarias que generará la segunda porción del incremento de sueldo mínimo decretado en abril por el presidente Hugo Chávez.

A partir del 1° de septiembre el salario base, que aumentó 15% en mayo, subirá 15% más para situarse en 2.040 bolívares. García Banchs recordó que este segundo aumento supera en 5 puntos porcentuales el otorgado el año pasado, lo cual hace que tenga una incidencia mayor en la inflación.

Otro factor que presionará los precios es la devaluación encubierta que ha realizado el Gobierno al entregar menos divisas por Cadivi (a la tasa oficial de 4,3 bolívares por dólar) y más por el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (a la paridad de 5,3 bolívares por dólar).

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Sobrevaluación del bolívar se ubicó en 95,3% en junio

La sobrevaluación del bolívar es uno de los factores que dificulta que los productos nacionales puedan competir con los fabricados en otros países del Mercosur, bloque económico al que Venezuela ingresará el 31 de julio tras la suspensión temporal de Paraguay, única nación que no había ratificado el protocolo de adhesión.

Una moneda sobrevaluada hace que los bienes y servicios elaborados en el país tengan precios en dólares mucho más elevados que las mercancías de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Eso dificulta a los empresarios venezolanos exportar a esos destinos y competir en el mercado interno con los productos que se importan desde esos países.

La firma Ecoanalítica calcula que el tipo de cambio real –­paridad que permite el equilibrio competitivo con los principales socios comerciales–­ se situó en 8,4 bolívares por dólar al cierre de junio, lo que arroja una sobrevaluación de 95,3% con respecto a la tasa oficial de 4,3 bolívares por dólar que usa Cadivi para otorgar las divisas destinadas a comprar bienes prioritarios.

La diferencia se reduce a 58,5% cuando la comparación se hace con el tipo de cambio implícito promedio de 5,3 bolívares por dólar que ofrece el Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera, a través del cual el Banco Central de Venezuela entrega papeles denominados en divisas para financiar otras adquisiciones en el extranjero.

"Con una paridad real que casi duplica la tasa oficial es imposible ser competitivos en Mercosur. En la medida en que el tipo de cambio se acerque más a 8,4 bolívares por dólar los productos venezolanos tendrán más posibilidades de competir con los de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay", dijo José Luis Saboin, de Ecoanalítica.

Inflación triplicada. La sobrevaluación del bolívar es consecuencia de que la cotización del dólar se mantiene igual en un ambiente de inflación alta.

El tipo de cambio real calculado por Ecoanalítica es producto de la comparación entre la variación de precios en Venezuela y la registrada en sus principales socios comerciales: Estados Unidos, China, Brasil, Colombia y México.

Los datos de inflación reportados por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay muestran que si la comparación se limitase al Mercosur también daría como resultado una sobrevaluación. El incremento de 1,4% que registró el índice nacional de precios al consumidor en junio, según el BCV, supera 14 veces al promedio de 0,15% registrado en el grupo.

La inflación acumulada en el primer semestre de 2012 (7,5%) igualmente coloca a Venezuela por encima de Argentina (5,9%), Brasil (3,1%), Paraguay (2,8%) y Uruguay (4,1%).

Y el incremento de 21,3% que tuvieron los precios en los últimos 12 meses en el país triplica la media del bloque regional, que fue 6,9%.

Problema de fondo. El economista Alexander Guerrero dijo que, aunque es cierto que la sobrevaluación del bolívar coloca en desventaja los productos nacionales, hay otras razones que le quitan competitividad a Venezuela frente a los países del Mercosur y el resto del mundo.

Las regulaciones gubernamentales que limitan la actividad privada ­–desde el control de precios implementado 2003 hasta la Ley de Costos y Precios Justos aprobada el año pasado–­ son el factor que más ha mermado la capacidad del empresariado para competir, indicó Guerrero.

Saboin está de acuerdo. Afirmó que, además de corregir la sobrevaluación del bolívar, hay otras condiciones necesarias para que el sector productivo logre la competitividad requerida para que el ingreso de Venezuela al Mercosur tenga un efecto positivo en vez de negativo.

La lista incluye facilidades para crear empresas, incentivos fiscales ­–sobre todo para la agricultura, la manufactura y la minería, que son las que elaboran bienes que se pueden exportar–­ y un entorno macroeconómico sano. "De lo contrario no se podrá incentivar la producción".

Guerrero agregó que el desmontaje de las regulaciones, que gremios como Conindustria han calificado de cerco productivo, ayudará a reducir la inflación y, por tanto, a controlar la tendencia que tiene el bolívar a sobrevaluarse por los ingresos petroleros.

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Los constructores apadrinan al hospital San Juan de Dios

El Valle Arriba Golf Club recibirá mañana a 104 golfistas que disputarán el primer torneo Copa CVC, patrocinado por la Cámara Venezolana de la Construcción para recoger fondos a beneficio del Hospital San Juan de Dios.

Gilbert Dao, presidente del gremio, informó que la colaboración con el centro de salud comenzó el año pasado gracias a dos asociados, el arquitecto Pedro Mendoza y el ingeniero Fernando Bolinaga.

"Ellos participaban, a título personal con sus empresas, en un plan maestro de ayuda y reconstrucción. El gremio empezó a apoyar en las áreas vinculadas con nuestra especialidad: planos, electricidad, plomería", dijo Dao.

El patrocinio de la competencia de golf también se concretó gracias a un asociado de la CVC, el ingeniero Roberto Cavalín, que hizo el aporte inicial para la realización del torneo.

"El gremio complementó ese capital semilla y se convirtió en el patrocinante principal. La idea es continuar apadrinando la competencia, que esperamos repetir anualmente para fortalecer el presupuesto del hospital", señaló.

Dao indicó que, además del torneo de golf, habrá una serie de actividades sociales organizadas por la Fundación Amigos del Hospital San Juan de Dios, como rifas, para conseguir recursos.

Educación y salud. El año pasado fue creada la Fundación CVC para hacerse cargo de la responsabilidad social del gremio, que por ahora está enfocada en dos líneas de acción: educación y salud.

Dao aclaró que los constructores siempre han hecho labor social en los alrededores de sus obras, a través de proyectos como reconstrucción de plazas y embaulamiento de quebradas.

Agregó que también cuentan con iniciativas propias. "El primer paso en materia de responsabilidad social se dio en la presidencia de Fouad Sayegh, que ahora dirige la fundación, con la creación de la cátedra CVC".

La cátedra, que empezó como materia electiva y ahora es obligatoria al cursar Ingeniería Civil en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Metropolitana, consiste en una serie de charlas de expertos sobre las diferentes facetas de la construcción.

Más reciente que la vertiente basada en educación es la línea de acción en salud, que comenzó con el apoyo al Hospital San Juan de Dios.

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Ingreso a Mercosur obligará a revisar comercio con andinos

El ingreso de Venezuela al Mercosur, que se concretará el próximo 31 de julio, pudiera obligar al país a revisar los acuerdos comerciales bilaterales suscritos con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú para sustituir las normas de la Comunidad Andina de Naciones.

A través de estos convenios Venezuela ha otorgado a una serie de productos importados de los países andinos –­en el caso de Colombia hay 4.900 rubros que mantendrán arancel cero–­ preferencias que chocan con el arancel externo común vigente en Mercosur.

El bloque, por ejemplo, establece tarifas de 10% a 28% a las importaciones de carne y leche; porque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay figuran entre los principales productores de estos rubros. De manera que Venezuela no podrá importar de terceros países, incluidos los andinos, sin cobrar nada.

"Entrar al Mercosur implica la adopción del arancel externo común. Eso significa que habrá que revisar las tasas que se cobran a las importaciones de otros países en el plazo de cuatro años fijado en el protocolo de adhesión", dijo el abogado Juan Pablo Sucre, experto en integración regional.

"Venezuela podrá manejar las relaciones comerciales de manera independiente por un tiempo, pero a la larga deberá adaptarse a los convenios que rigen el intercambio del Mercosur con terceros países", agregó Jorge Luis Suárez, ex consultor de la Secretaría General de la CAN.

Ambos especialistas recordaron que hay una serie de acuerdos entre la CAN y el Mercosur, muchos de los cuales se suscribieron o se comenzaron a negociar cuando Venezuela todavía formaba parte del bloque andino, que serán de aplicación obligatoria para el país.

Preferencias vigentes. El presidente ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiano, Luis Alberto Russián, aseguró que el convenio firmado por los presidentes Hugo Chávez y Juan Manuel Santos el año pasado puede seguir vigente a pesar del ingreso al Mercosur.

"Es un acuerdo bilateral entre los estados, suscrito antes de que se concretara la entrada de Venezuela al bloque sureño. Además, las preferencias otorgadas se basan en el comercio histórico y corresponden con las necesidades de importación del país", señaló.

Russián agregó que las negociaciones que se produjeron entre los gobiernos para lograr el acuerdo se enfocaron en procurar que los niveles de acceso de los productos colombianos al mercado venezolano fuesen menores o iguales a los del Mercosur.

El presidente ejecutivo de Cavecol no descartó una revisión del convenio, pero solamente para evaluar la lista de 200 productos que tendrán un porcentaje de descuento. "Este porcentaje se acordó sobre los aranceles vigentes, que serán modificados cuando Venezuela adopte el arancel externo común".

Modificar leyes. El ingreso al grupo del sur también implicará la adopción de las normas vigentes en el bloque, para lo cual también se otorga un plazo de cuatro años. Durante ese período, dijeron los abogados, habrá que modificar las leyes nacionales que contravengan lo establecido.

"Se deben comparar las normas del Mercosur con las leyes venezolanas para identificar las diferencias que puedan existir. Un área que seguramente habrá que revisar es la propiedad intelectual, que en Venezuela quedó en un limbo tras el retiro de la CAN", indicó Sucre.

Advirtió que la concepción nacionalista del gobierno de Chávez puede llevar a las autoridades a considerar que no es necesario modificar las leyes para adaptarse al Mercosur. Pero el diputado Luis Acuña, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, afirmó que el Ejecutivo hará todo lo que se requiera para que el ingreso de Venezuela se concrete.

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Sector privado edificó 18% menos en el primer trimestre

El sector privado edificó 8.200 viviendas durante el primer trimestre de 2012, lo que representa una caída de 18% en comparación con el mismo período de 2011, de acuerdo con los datos de la Cámara Venezolana de la Construcción.

Las unidades en desarrollo, que eran 75.000 en marzo del año pasado, también bajaron 18% para llegar a 61.000. Los descensos en las viviendas terminadas y en construcción explican la caída del sector privado entre enero y marzo.

El Banco Central de Venezuela informó que la expansión de 29,6% de la construcción en el primer trimestre fue impulsada por el sector público, que creció 56% porque la actividad privada se contrajo 10,6%.

El desempeño de las empresas ha sido afectado por la escasez de insumos y la incertidumbre legal, dijo Gilbert Dao, presidente de la CVC, en el segundo foro de indicadores del sector.

Dao indicó que los problemas con el suministro de cabillas y cemento son los principales responsables de que el sector privado tuviera 38.000 viviendas paralizadas al cierre del primer trimestre.

Señaló que las 107.000 unidades sin iniciar están relacionadas con la incertidumbre generada por normas como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Regularización de los Arrendamientos de Viviendas.

"Es importante recalcarlo porque hay casi 150.000 unidades que el sector privado puede desarrollar en el corto plazo si se toman medidas para mejorar el suministro de insumos y reducir la incertidumbre", dijo Dao.

Más vialidad. La población también considera que la escasez de insumos es el problema principal que enfrenta el sector construcción, según el sondeo de opinión realizado por Datanálisis a petición del gremio.

Luis Vicente León, director de Datanálisis, dijo que 23,9% de los consultados responsabilizaron a los problemas con las cabillas y el cemento por la falta de vivienda, mientras que 12,4% culpó al Gobierno por no ocuparse del tema.

León indicó que el ciudadano común está al tanto de esta situación que afecta a los empresarios porque también demanda insumos de construcción y tiene problemas para conseguirlos.

El sondeo también mostró que la principal demanda de los venezolanos es la edificación de vialidad, con 41,8%. La gente también considera prioritario construir hospitales (40,4%) y viviendas (34,5%).

León afirmó que el hecho de que la vialidad esté por encima de la vivienda no resulta sorpresivo, al tomar en cuenta que la infraestructura es el servicio peor evaluado por la población.

El director de Datanálisis señaló que 47,4% responsabiliza a los gobiernos regionales (alcaldías y gobernaciones) por los problemas en las vías, mientras que 35,7% culpa al Ejecutivo.

Otro hallazgo es que 55% de los consultados está de acuerdo con el regreso de los peajes, es decir, con contribuir al mantenimiento de la vialidad en el país.

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Déficit comercial con Mercosur aumentó 1.300% desde 2001

La última vez que el comercio de Venezuela con los integrantes del Mercado Común del Sur arrojó un saldo positivo para el país fue en 2000, con un superávit de 598,1 millones de dólares. El intercambio con el bloque, al que se ingresará el próximo 31 de julio, ha sido deficitario desde entonces.

Las importaciones provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sumaron 6,7 millardos de dólares en 2011, más del triple de las exportaciones de 1,9 millardos de dólares realizadas por Venezuela, según las cifras que esos países reportan a la Asociación Latinoamericana de Integración.

La diferencia entre lo que se compra y lo que se vende a los integrantes del Mercosur se ubicó en 4,8 millardos de dólares el año pasado, lo que representa un incremento de 1.300% durante la última década, porque en 2001 fue de 341,4 millones de dólares.

El hecho de que la balanza comercial con el grupo sea cada vez menos favorable para Venezuela se debe a que las importaciones crecieron 23 veces más que las exportaciones. Las primeras subieron 583% entre 2000 y 2011, mientras que las segundas aumentaron 25% en el mismo período.

Analistas temen que la brecha se incremente todavía más con la entrada en vigencia del protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, que otorga un período máximo de cuatro años para eliminar los aranceles a los productos provenientes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Monoexportador. Las exportaciones venezolanas a los países del Mercosur, al igual que las realizadas al resto del planeta, están compuestas principalmente de petróleo y sus productos derivados. En 2011 estos rubros constituyeron 95% de lo vendido en el exterior, según el Banco Central de Venezuela.

Las estadísticas de la Aladi muestran que el año pasado el gasoil concentró 99,8% de los 194,3 millones de dólares exportados a Paraguay, mientras que el aceite crudo de petróleo aglutinó 99,7% de los 398,8 millones de dólares vendidos a Uruguay.

En el caso de Brasil, 63,2% de lo exportado estuvo relacionado con petróleo: nafta (31,54%), coque (22,27%), metanol (4,69%), hulla (3,96%) y etanodiol (0,74%). En Argentina, 53,9% de lo vendido fueron derivados del crudo: urea (32,92%), etanodiol (11,74%), químicos (8,1%) y lubricantes (0,14%).

El resto de los envíos que Venezuela realizó a Argentina y Brasil en 2011 estuvieron concentrados en otros rubros que pueden considerarse tradicionales y que son manejados principalmente por el Gobierno: hierro y aluminio. En el primer caso representaron 25,9% y en el segundo 28,6%.

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Habilitante completó el cerco sobre la actividad productiva

Las leyes para regular al sector empresarial aprobadas directamente por el presidente Hugo Chávez gracias al último poder habilitante que le entregó la Asamblea Nacional, que estuvo vigente entre diciembre de 2010 y junio de 2012, completaron el cerco al aparato productivo del país.

Empresarios y especialistas no tienen dudas al respecto. Normas como la Ley de Costos y Precios Justos y la Ley Orgánica del Trabajo, por mencionar sólo las dos más importantes aprobadas vía habilitante, se suman al conjunto de regulaciones implementadas por el Gobierno desde 2003.

En la lista también está la Ley que Promueve las Nuevas Formas Asociativas Conjuntas entre el Estado, la Iniciativa Comunitaria y Privada ­publicada el 15 de junio –último día de vigencia de la Ley Habilitante–­ que obliga a asociarse con el Gobierno para ser proveedor o beneficiario de programas.

"Son leyes que han afectado la actividad del sector privado y han limitado la capacidad productiva de las empresas. Se le ha puesto un candado a la poca economía de mercado que existe en el país", aseguró Jorge Botti, presidente de Fedecámaras.

"La iniciativa empresarial ha quedado completamente sujeta a las reglas que establece el Estado. Ya el régimen económico que tuvimos no existe, porque se basaba en la propiedad privada, que ahora está en condiciones precarias", agregó el economista Alexander Guerrero.

Ambos coinciden en que Chávez aprovechó la Habilitante para implementar la propuesta de reforma constitucional rechazada por el voto popular en diciembre de 2007. "Como perdió el referéndum tuvo que armarse de paciencia y hacer los cambios poco a poco", dijo Guerrero.

Contraproducentes. El economista Richard Obuchi identificó dos problemas en las regulaciones aplicadas por el gobierno de Chávez sobre la actividad económica: obvian las consecuencias que generan los cambios y atacan los síntomas en vez de las enfermedades.

Lo primero queda claro, según Obuchi, desde el proceso de aprobación de las leyes. "La ausencia de deliberación y discusión ha sido una característica. La incertidumbre que se genera cuando los cambios no se conocen sino hasta que se publica la norma tiene un impacto muy negativo".

Lo segundo se concluye al analizar las legislaciones aprobadas. "El combate de la inflación requiere mucho más que una regulación de las ganancias como la planteada en la Ley de Costos y Precios Justos. El problema del empleo tampoco se resuelve con la nueva Ley Orgánica del Trabajo", añadió Obuchi.

Botti indicó que, aunque el planteamiento gubernamental apunta a beneficiar al consumidor, en realidad logra lo contrario. "Se han puesto tantas trabas al sector empresarial que al final los efectos son contraproducentes. Una prueba es que la inflación no ha disminuido".

La ley laboral también atenta contra su objetivo, señaló Obuchi. "La norma genera algunos beneficios para quienes están empleados, pero las consecuencias negativas que tiene sobre la actividad privada causarán que, a largo plazo, haya menos empleo".

Más dependencia. El presidente de Fedecámaras destacó que las empresas pequeñas y medianas son las más perjudicadas por las legislaciones que limitan la actividad privada, porque tienen menos capacidad que las grandes para asumir los costos que implican las regulaciones.

"El Gobierno ha hecho más difícil las barreras de entrada y las condiciones de operación de las pymes. Ha inhibido la inversión privada y ha fomentado indirectamente la concentración económica que ahora quiere castigar con la ley antimonopolio que se discute en la Asamblea Nacional", expresó Botti.

Guerrero aseguró que la regulación de la economía ha tenido consecuencias muy duras para toda la sociedad. "Hay una descapitalización del sector privado, un empobrecimiento del capital humano y una mayor dependencia del petróleo".

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Venezuela se expone a sanciones por acuerdos con Irán

Los especialistas petroleros José Toro Hardy y Rafael Quiroz consideran que los más de 300 convenios firmados por Venezuela e Irán en los últimos años no se verán afectados por el embargo que Estados Unidos y la Unión Europea impondrán a ese país a partir de hoy.

Quiroz aclara que habría que ver con calma la lista de los acuerdos suscritos con Teherán, que abarcan un portafolio de negocios que va desde lo energético hasta lo aeronáutico, para precisar si alguno debe ser modificado, pero cree que no será necesario.

A Toro Hardy le preocupa que la desinformación que caracteriza los tratados bilaterales pueda generar problemas con los promotores del embargo. "Buena parte de ellos no se conocen. Nadie sabe qué implican para el país".

El especialista agrega que el hecho de que los acuerdos con Irán puedan seguir vigentes no quiere decir que Venezuela quede exenta de posibles sanciones multilaterales por su relación con el país persa.

El año pasado Estados Unidos decidió excluir a Cavim y Pdvsa de la lista de compañías que pueden optar a contratos con el Gobierno de ese país, entre otras sanciones, por las ventas que hicieron a Irán.

Cavim fue castigada por la exportación de 2,4 millones de dólares en bienes de la partida arancelaria "los demás explosivos preparados" en 2010, a pesar de la prohibición de venderle armas a esa nación establecida por la ONU. En el caso de Pdvsa, la multa se produjo por el envío de 20.000 barriles diarios de combustible que se llevó a cabo entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, como parte de los acuerdos entre ambos países.

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