El mercado de seguros se prepara para un período de cambios. La entrada en vigencia de la Ley de la Actividad Aseguradora, la competencia de las empresas del Estado y la situación económica del país obligarán a las compañías del sector a replantearse su modelo de negocio, coinciden analistas.
“Viene un proceso de reacomodo. Las empresas deberán redefinirse, revisar su actividad y escoger entre dos opciones: agrandarse mediante fusiones con otras compañías o achicarse para concentrarse en ciertos ramos de seguros”, dice María Inés Fernández, asesora financiera y profesora universitaria.
La expansión les da más fortaleza para afrontar los cambios y la reducción les permite sacar provecho a los ramos en que son más eficientes. La alternativa por escoger depende de la planificación estratégica que cada empresa haga. “No se trata de sobrevivir los próximos 15 minutos sino los próximos 30 años”.
El economista César Aristimuño afirma que la entrada en vigencia de la ley ha causado mucha incertidumbre. En su opinión, las aseguradoras tratarán de disminuir su cartera de clientes en el área de salud –la que enfrenta mayores cambios– para enfocarse más en ramos como patrimonio, vehículos y vida.
Fitch Ratings considera que el panorama del sector es poco alentador. “El nuevo marco regulatorio podría derivar en problemas de selección adversa, limitaciones en la utilización de canales de distribución y restricciones en el ajuste de precios de las pólizas; lo que impactaría negativamente la gestión del negocio”.
La calificadora duda que las aseguradoras puedan mantener el desempeño financiero mostrado entre 2005 y 2008 –cuando los volúmenes de negocios crecieron a un ritmo interanual de 46%– en un entorno marcado por el menor crecimiento de la actividad económica y las mayores restricciones legales.
Desembolsos pendientes. La Ley de la Actividad Aseguradora, promulgada por el Ejecutivo en julio, aumenta los desembolsos que las empresas hacían –aporte a la Superintendencia, capital mínimo, reservas– y agrega otros como la garantía a la nación y la contribución al sistema público de salud.
Los montos que se deben cancelar por estas obligaciones se incrementarán cada año porque algunos están expresados en porcentajes con respecto a los ingresos, y otros en unidades tributarias. Por eso, la Cámara de Aseguradores de Venezuela alertó sobre el efecto negativo de las erogaciones en el sector.
Solamente por la garantía a la nación –que se constituirá y mantendrá en el Banco Central, según el artículo 16 de la legislación– las 47 aseguradoras privadas del país harán un pago inicial de 60,5 millones de bolívares, mientras que las 4 reaseguradoras desembolsarán 7,5 millones.
El cumplimiento del capital mínimo exigido por el marco legal –19 empresas están por debajo, aunque 11 tienen utilidades acumuladas suficientes para cubrir la diferencia– implicará erogaciones por 123,3 millones de bolívares en un primer momento.
El aporte a la Superintendencia –entre 1,5% y 2,5% de los ingresos– causará un desembolso superior a 473,3 millones de bolívares al cierre de 2010 y la contribución al sistema público de salud –1% de las primas– sumará 315,5 millones de bolívares a los gastos del sector este año.
Cambios operativos. Las inversiones necesarias para ajustarse a la Ley de la Actividad Aseguradora no sólo están relacionadas con los desembolsos por capital, garantía y otros conceptos, sino también con las modificaciones operativas que las empresas deben realizar.
La normativa prohíbe, por ejemplo, la venta de pólizas a través de los bancos –un canal utilizado masivamente en los últimos años por las empresas de seguros– y de cualquier persona natural o jurídica que no esté autorizada por la Superintendencia para tal fin.
También impide condicionar la póliza a la compra de otros bienes o servicios, ajustar la prima por alta siniestralidad durante el período para el cual fue calculada, supeditar la atención de emergencia a la emisión de claves y alegar enfermedades preexistentes como causal de rechazo, entre otras cosas.
La ley otorga un plazo de 60 días hábiles para que las compañías entreguen los planes de ajuste a la Superintendencia, pero el organismo regulador aclaró que las disposiciones que benefician al asegurado son de aplicación inmediata y revocó cualquier cláusula que contravenga la nueva ley.
“Se declara la inefectividad de todas aquellas cláusulas del contrato de seguro que establezcan desequilibrios entre los derechos y obligaciones de las partes mediante las cuales se impongan cargas desproporcionadas en perjuicio del contratante, tomador, asegurado o beneficiario”, dictaminó.
Estado competidor. Aunque el incremento de los aportes monetarios y los cambios en materia operativa tendrán un efecto negativo en las empresas de seguros, la mayor amenaza que enfrentan las compañías actualmente es la competencia del Estado.
El Gobierno tiene en sus manos 2 de las aseguradoras más grandes: Horizonte y La Previsora. Entre ambas sumaron 5,3 millardos de bolívares en primas cobradas en 2009. La cifra, que representa 17,7% del total, supera lo logrado por la empresa líder del sector privado.
Además, la ley obliga a todos los organismos de la administración pública nacional, regional y municipal a migrar las pólizas de sus funcionarios a las empresas estatales dentro de los primeros cinco años de vigencia de la normativa.
La migración de las pólizas del Estado será un duro golpe para el sector y especialmente para las empresas que crecieron en los últimos años gracias a contratos gubernamentales. Pero María Inés Fernández considera que el plazo otorgado es suficiente para adaptarse a la nueva realidad.
Publicado en
El Nacional
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