Las cifras oficiales confirman que el alza de los precios, la recesión durante seis trimestres consecutivos y el aumento del desempleo han incidido en la reducción de la compra de bienes y servicios por parte de los venezolanos. El Banco Central reportó una caída de 12,34% en el volumen de ventas al por menor.
El BCV, que hace dos semanas anunció retrocesos interanuales de 4,4% en el producto interno bruto del sector comercial y 2,1% en el gasto de consumo final privado durante el tercer trimestre, publicó ayer los resultados sectoriales del comercio detallista.
Las caídas más pronunciadas se registraron en las ventas de aparatos, artículos y equipos de uso doméstico, que bajaron 30,76% en comparación con el tercer trimestre de 2009; y de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y artículos de tocador, que disminuyeron 30,18%.
La comercialización de alimentos, bebidas y tabaco cayó 9,48% en locales especializados y 19,79% en otras tiendas. También cedieron las ventas de vehículos automotores (-14,80%); artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio (-13,37%) y textiles, calzado y cuero (-4,65%).
En el comercio al por mayor hubo un alza de 13,36% en comparación con el tercer trimestre de 2009, impulsado por las ventas de materiales de construcción y artículos de ferretería, que crecieron 42,35%; y de otros productos, que subieron 38,36%. Los retrocesos en las ventas mayoristas se registraron en alimentos, bebidas y tabaco, con un bajón de 4,15%; y productos intermedios, con una caída de 5,1%.
Publicado en El Nacional
martes, 30 de noviembre de 2010
Ganancias de aseguradoras crecieron a menor ritmo
Las empresas de seguros que operan en Venezuela ganaron 1,51 millardos de bolívares en los 3 primeros trimestres de 2010, un alza de 44% con respecto a los 1,05 millardos de bolívares obtenidos durante igual período de 2009, según la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.
El balance del organismo supervisor también muestra que las primas cobradas a los asegurados principal fuente de ingresos de las compañías del sector sumaron 23,79 millardos de bolívares entre enero y septiembre de 2010, un incremento de 9,47% en comparación con el año pasado.
Del lado de los egresos, las indemnizaciones por siniestros ascendieron a 20,22 millardos de bolívares, un aumento de 13,21%; las comisiones pagadas a intermediarios a 2,86 millardos, un repunte de 17,28%; y los gastos administrativos a 3,16 millardos de bolívares, un alza de 3,95%.
A pesar de que el sector mantiene un saldo positivo, el ritmo al que crecen las ganancias ha disminuido. Las utilidades subieron 62,7% en el primer trimestre y 48,8% en el segundo. Especialistas temen que la tendencia decreciente se profundice con la Ley de la Actividad Aseguradora.
La Cámara de Aseguradores ha señalado que la legislación, vigente desde julio, tendrá una incidencia negativa en clientes y empresas. La Superintendencia debe aprobar los planes presentados por las compañías para ajustarse a las nuevas normas.
Publicado en El Nacional
El balance del organismo supervisor también muestra que las primas cobradas a los asegurados principal fuente de ingresos de las compañías del sector sumaron 23,79 millardos de bolívares entre enero y septiembre de 2010, un incremento de 9,47% en comparación con el año pasado.
Del lado de los egresos, las indemnizaciones por siniestros ascendieron a 20,22 millardos de bolívares, un aumento de 13,21%; las comisiones pagadas a intermediarios a 2,86 millardos, un repunte de 17,28%; y los gastos administrativos a 3,16 millardos de bolívares, un alza de 3,95%.
A pesar de que el sector mantiene un saldo positivo, el ritmo al que crecen las ganancias ha disminuido. Las utilidades subieron 62,7% en el primer trimestre y 48,8% en el segundo. Especialistas temen que la tendencia decreciente se profundice con la Ley de la Actividad Aseguradora.
La Cámara de Aseguradores ha señalado que la legislación, vigente desde julio, tendrá una incidencia negativa en clientes y empresas. La Superintendencia debe aprobar los planes presentados por las compañías para ajustarse a las nuevas normas.
Publicado en El Nacional
lunes, 29 de noviembre de 2010
Los venezolanos se olvidaron del lujo y sólo compran lo necesario
En Valencia muchas familias prefieren comprar los alimentos en los mercados al aire libre. Llegan a las 6:00 de la mañana y escogen todo lo que necesitan. Luego pesan la mercancía para saber cuánto deben pagar: cada kilo de fruta o de verdura cuesta 6 bolívares, a excepción de la cebolla que está a 10 bolívares.
Ángela Morales, una de las asiduas al lugar, destacó que compra las frutas y verduras allí y el resto de los productos los adquiere en un supermercado. "En estos tiempos hay que buscar y buscar hasta conseguir los mejores precios, y esta es una alternativa", dijo. Estas compras las hace semanalmente.
Carmen Rojas reconoció que han cambiado los hábitos de consumo y recreación de su familia. "Antes decidía si llevaba una salsa para probar, ahora sólo adquiero los alimentos que son indispensables. Los tickets de alimentación me alcanzan para una semana".
Por lo menos cada 15 días iba al cine con su esposo y su hijo, ahora casi no va. "Cada entrada vale 23 bolívares, más las cotufas, chocolates y refrescos. Se necesitan alrededor de 200 bolívares para ir al cine, por eso vemos más películas en la casa. El dinero lo necesitamos para pagar luz, teléfono, colegio, condominio y la comida, que es lo más caro".
El alto costo de la vida es un problema de toda Venezuela, pues la inflación ha estado por encima de 20% en los últimos cuatro años, pero el índice nacional de precios al consumidor muestra que Valencia, Caracas y Maturín son las ciudades más afectadas por los incrementos de precios durante 2010.
En Valencia, la inflación acumulada de enero a octubre es 24,4%, casi punto y medio superior al promedio nacional que es de 23%. Al igual que en el resto del país, los rubros que más se han encarecido este año son licores y tabaco, con un alza de 31,6%; y alimentos y bebidas, con un aumento de 30,9%.
Los altos precios de los inmuebles y de los servicios médicos están entre las principales preocupaciones de los habitantes de Aragua. Para abaratar los costos viajan a Valencia, pues les resulta más económico comprar una vivienda en esa ciudad o recibir atención médica en los centros de salud privado.
Ninoska Delgado señaló que mientras en Maracay una vivienda recién construida en una zona de clase C puede conseguirse a partir de 700.000 bolívares, en Carabobo con esa suma de dinero es posible adquirir una casa en urbanismos de clase B.
Otro dolor de cabeza es cuando deben pagar el recibo de agua. La tarifa de la empresa Hidrocentro es superior a la que se paga en la capital carabobeña. Daniel Pérez refirió que mientras su familia cancela 35 bolívares por el servicio de su casa en la urbanización El Limón, en el noroeste de Maracay, los parientes de su esposa en Valencia cancelan 18 bolívares mensuales.
Maracay figura como la segunda ciudad donde más han aumentado los servicios de vivienda: 13,8%. La inflación global en la capital aragüeña se ubica en 22,8%, la quinta más alta del país.
Comida cara. Ni la ropa ni los servicios básicos producen tanta preocupación entre los marabinos como tener que resolver la alimentación de la familia. Eso piensa Sandy Lugo, de 34 años de edad, habitante de Las Termas, en el norte de Maracaibo. En su casa viven 6 personas. "A veces hay que ir a los Mercal para conseguir las cosas más baratas. Si no hay allí, me voy a los supermercados. Yo gasto 600 bolívares semanales en compras".
Melissa Vera, de 55 años, afirmó que la comida está muy cara. En su casa de Los Haticos, en el sur de la ciudad, habitan 8 personas. "Con la cantidad de dinero que se compraba antes ahora sólo se compra la mitad. Buscamos los productos más económicos". Rechaza comprar en Mercal: "No me gusta la comida de allí".
Yenzy Petit, de 33 años, vive con su esposo en Los Haticos. Compra a diario porque no le alcanza el dinero para ir semanal o quincenalmente al supermercado. "En víveres gastamos más de 80 bolívares diarios. Compro por lo general, en una bodega que está por la casa".
Hay ciudades que, aunque no se encuentran entre las más inflacionarias de 2010 en el promedio global, registran incrementos de precios por encima al resto en algunos de los 13 rubros que toman en cuenta el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística para hacer la medición.
Maracaibo, por ejemplo, es la ciudad con más inflación en educación con 24,1% y bienes diversos –incluye cuidado personal, seguros y servicios bancarios– con 26,1%. La capital zuliana presente el segundo mayor índice en alimentos (30,3%) y equipamiento del hogar (24,8%).
Barquisimeto es dónde más se ha encarecido el esparcimiento y la cultura, que incluye equipos audiovisuales, artículos de recreación, servicios culturales, periódicos, libros y paquetes vacacionales. La inflación de la capital larense en este rubro es 28,5%, casi tres puntos más que el promedio.
"Ya no se pueden comprar ni las mismas cantidades ni los mismos productos; nada de lujo. Para que pueda alcanzar el dinero hay que comprar únicamente lo necesario", señaló Rosa Araujo, jefa de un grupo familiar integrado por 5 personas, que vive en Barquisimeto. Este año su capacidad de compra y acceso a bienes y servicios disminuyó 50%. "Para los barquisimetanos está difícil comprar comida, los precios están por las nubes. ¿Ir a un supermercado? Imposible", expresó.
Su estrategia consiste en adquirir los productos en diversos establecimientos para extender el presupuesto. "Para mantener a mi familia necesito por lo menos 5.000 bolívares mensuales, con eso pago comida, salud, transporte y servicios básicos. Solo para alimentación destino la mitad de esa cantidad".
Esta cantidad es la que también necesita Nathaly Gozaine para mantenerse ella, a su madre enferma y pagar una doméstica. "Gasto la pensión de mi mamá y mi sueldo, pero no me alcanza. Todos los meses saco un adelanto de mis prestaciones sociales para poder reunir lo necesario que me permita vivir como clase media".
La enfermedad de su madre requiere de una inversión en salud constante. "Mi mamá sufre de Alzheimer y este año acaba de agotarse la cobertura del seguro al que la tengo afiliada. Menos mal que el año ya va a terminar porque sino cómo haría para costear esos gastos en clínicas privadas y medicinas, por eso debo cuidar mucho mi HCM", contó Gozaine.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
Publicado en El Nacional
Ángela Morales, una de las asiduas al lugar, destacó que compra las frutas y verduras allí y el resto de los productos los adquiere en un supermercado. "En estos tiempos hay que buscar y buscar hasta conseguir los mejores precios, y esta es una alternativa", dijo. Estas compras las hace semanalmente.
Carmen Rojas reconoció que han cambiado los hábitos de consumo y recreación de su familia. "Antes decidía si llevaba una salsa para probar, ahora sólo adquiero los alimentos que son indispensables. Los tickets de alimentación me alcanzan para una semana".
Por lo menos cada 15 días iba al cine con su esposo y su hijo, ahora casi no va. "Cada entrada vale 23 bolívares, más las cotufas, chocolates y refrescos. Se necesitan alrededor de 200 bolívares para ir al cine, por eso vemos más películas en la casa. El dinero lo necesitamos para pagar luz, teléfono, colegio, condominio y la comida, que es lo más caro".
El alto costo de la vida es un problema de toda Venezuela, pues la inflación ha estado por encima de 20% en los últimos cuatro años, pero el índice nacional de precios al consumidor muestra que Valencia, Caracas y Maturín son las ciudades más afectadas por los incrementos de precios durante 2010.
En Valencia, la inflación acumulada de enero a octubre es 24,4%, casi punto y medio superior al promedio nacional que es de 23%. Al igual que en el resto del país, los rubros que más se han encarecido este año son licores y tabaco, con un alza de 31,6%; y alimentos y bebidas, con un aumento de 30,9%.
Los altos precios de los inmuebles y de los servicios médicos están entre las principales preocupaciones de los habitantes de Aragua. Para abaratar los costos viajan a Valencia, pues les resulta más económico comprar una vivienda en esa ciudad o recibir atención médica en los centros de salud privado.
Ninoska Delgado señaló que mientras en Maracay una vivienda recién construida en una zona de clase C puede conseguirse a partir de 700.000 bolívares, en Carabobo con esa suma de dinero es posible adquirir una casa en urbanismos de clase B.
Otro dolor de cabeza es cuando deben pagar el recibo de agua. La tarifa de la empresa Hidrocentro es superior a la que se paga en la capital carabobeña. Daniel Pérez refirió que mientras su familia cancela 35 bolívares por el servicio de su casa en la urbanización El Limón, en el noroeste de Maracay, los parientes de su esposa en Valencia cancelan 18 bolívares mensuales.
Maracay figura como la segunda ciudad donde más han aumentado los servicios de vivienda: 13,8%. La inflación global en la capital aragüeña se ubica en 22,8%, la quinta más alta del país.
Comida cara. Ni la ropa ni los servicios básicos producen tanta preocupación entre los marabinos como tener que resolver la alimentación de la familia. Eso piensa Sandy Lugo, de 34 años de edad, habitante de Las Termas, en el norte de Maracaibo. En su casa viven 6 personas. "A veces hay que ir a los Mercal para conseguir las cosas más baratas. Si no hay allí, me voy a los supermercados. Yo gasto 600 bolívares semanales en compras".
Melissa Vera, de 55 años, afirmó que la comida está muy cara. En su casa de Los Haticos, en el sur de la ciudad, habitan 8 personas. "Con la cantidad de dinero que se compraba antes ahora sólo se compra la mitad. Buscamos los productos más económicos". Rechaza comprar en Mercal: "No me gusta la comida de allí".
Yenzy Petit, de 33 años, vive con su esposo en Los Haticos. Compra a diario porque no le alcanza el dinero para ir semanal o quincenalmente al supermercado. "En víveres gastamos más de 80 bolívares diarios. Compro por lo general, en una bodega que está por la casa".
Hay ciudades que, aunque no se encuentran entre las más inflacionarias de 2010 en el promedio global, registran incrementos de precios por encima al resto en algunos de los 13 rubros que toman en cuenta el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística para hacer la medición.
Maracaibo, por ejemplo, es la ciudad con más inflación en educación con 24,1% y bienes diversos –incluye cuidado personal, seguros y servicios bancarios– con 26,1%. La capital zuliana presente el segundo mayor índice en alimentos (30,3%) y equipamiento del hogar (24,8%).
Barquisimeto es dónde más se ha encarecido el esparcimiento y la cultura, que incluye equipos audiovisuales, artículos de recreación, servicios culturales, periódicos, libros y paquetes vacacionales. La inflación de la capital larense en este rubro es 28,5%, casi tres puntos más que el promedio.
"Ya no se pueden comprar ni las mismas cantidades ni los mismos productos; nada de lujo. Para que pueda alcanzar el dinero hay que comprar únicamente lo necesario", señaló Rosa Araujo, jefa de un grupo familiar integrado por 5 personas, que vive en Barquisimeto. Este año su capacidad de compra y acceso a bienes y servicios disminuyó 50%. "Para los barquisimetanos está difícil comprar comida, los precios están por las nubes. ¿Ir a un supermercado? Imposible", expresó.
Su estrategia consiste en adquirir los productos en diversos establecimientos para extender el presupuesto. "Para mantener a mi familia necesito por lo menos 5.000 bolívares mensuales, con eso pago comida, salud, transporte y servicios básicos. Solo para alimentación destino la mitad de esa cantidad".
Esta cantidad es la que también necesita Nathaly Gozaine para mantenerse ella, a su madre enferma y pagar una doméstica. "Gasto la pensión de mi mamá y mi sueldo, pero no me alcanza. Todos los meses saco un adelanto de mis prestaciones sociales para poder reunir lo necesario que me permita vivir como clase media".
La enfermedad de su madre requiere de una inversión en salud constante. "Mi mamá sufre de Alzheimer y este año acaba de agotarse la cobertura del seguro al que la tengo afiliada. Menos mal que el año ya va a terminar porque sino cómo haría para costear esos gastos en clínicas privadas y medicinas, por eso debo cuidar mucho mi HCM", contó Gozaine.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
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sábado, 27 de noviembre de 2010
Pacientes de emergencia se duplicaron
en los últimos 5 años
Las salas de emergencia de los centros de salud privados reciben 100% más pacientes que hace cinco años, aseguró Hipólito García, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales. Eso ha causado una saturación del servicio, ya que no cuentan con la estructura necesaria para atender a tantas personas, agregó.
García –que participó en un foro organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para analizar los proyectos de ley en materia de salud que se discuten en la Asamblea Nacional– señaló que los legisladores deben comprender la realidad de toda la cadena de servicio médico para hacer una mejor regulación.
Lo primero que debe indicar el marco legal del sector salud, según García, es un fortalecimiento del sistema gubernamental. "A pesar del crecimiento de la demanda en los últimos años, las clínicas privadas atienden a 30% de la población, refieren cifras oficiales. El restante 70% es tratado en los hospitales públicos".
El dirigente gremial cree necesario un sistema público único. "El Gobierno ha hecho una gran inversión en salud, pero la dispersión en la prestación del servicio el ministerio, el Seguro Social, el Ipasme, las misiones, entre otros disminuye la eficiencia". Aclaró que no se trata de centralizar, sino de fijar procesos que sean cumplidos por todas las instituciones.
Aplaude iniciativas como Barrio Adentro, pero apuntó que deben corregirse las fallas que ha presentado. "El sistema de atención primaria debe reforzarse, porque eso ayudaría a reducir el número de pacientes que ingresa a las emergencias, de clínicas privadas y de hospitales públicos".
Dificultades. García señaló que la eliminación de la clave de emergencia es positiva, pero afirmó que ha traído dificultades al aumentar la cantidad de pacientes que asiste a los centros de salud privados, ya congestionados.
Al ser consultado sobre las denuncias de que se continúa negando la atención de emergencia, insistió en que el juramento médico y la ley vigente obligan a prestar el servicio. Lo que ha sucedido es que se debe priorizar los casos más graves –heridas de bala, infartos, entre otros– por la saturación, agregó.
Las clínicas también están afectadas por los retrasos de hasta 100 días que han tenido algunas compañías de seguros para cancelar los recibos correspondientes a coberturas.
García precisó que no se trata de una situación generalizada, pero indicó que la deuda supera el millardo de bolívares, incluidos 500 millones de bolívares de La Previsora.
Publicado en El Nacional
García –que participó en un foro organizado por el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para analizar los proyectos de ley en materia de salud que se discuten en la Asamblea Nacional– señaló que los legisladores deben comprender la realidad de toda la cadena de servicio médico para hacer una mejor regulación.
Lo primero que debe indicar el marco legal del sector salud, según García, es un fortalecimiento del sistema gubernamental. "A pesar del crecimiento de la demanda en los últimos años, las clínicas privadas atienden a 30% de la población, refieren cifras oficiales. El restante 70% es tratado en los hospitales públicos".
El dirigente gremial cree necesario un sistema público único. "El Gobierno ha hecho una gran inversión en salud, pero la dispersión en la prestación del servicio el ministerio, el Seguro Social, el Ipasme, las misiones, entre otros disminuye la eficiencia". Aclaró que no se trata de centralizar, sino de fijar procesos que sean cumplidos por todas las instituciones.
Aplaude iniciativas como Barrio Adentro, pero apuntó que deben corregirse las fallas que ha presentado. "El sistema de atención primaria debe reforzarse, porque eso ayudaría a reducir el número de pacientes que ingresa a las emergencias, de clínicas privadas y de hospitales públicos".
Dificultades. García señaló que la eliminación de la clave de emergencia es positiva, pero afirmó que ha traído dificultades al aumentar la cantidad de pacientes que asiste a los centros de salud privados, ya congestionados.
Al ser consultado sobre las denuncias de que se continúa negando la atención de emergencia, insistió en que el juramento médico y la ley vigente obligan a prestar el servicio. Lo que ha sucedido es que se debe priorizar los casos más graves –heridas de bala, infartos, entre otros– por la saturación, agregó.
Las clínicas también están afectadas por los retrasos de hasta 100 días que han tenido algunas compañías de seguros para cancelar los recibos correspondientes a coberturas.
García precisó que no se trata de una situación generalizada, pero indicó que la deuda supera el millardo de bolívares, incluidos 500 millones de bolívares de La Previsora.
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viernes, 26 de noviembre de 2010
Ingresos del Fisco superan en 12% meta establecida
Los ingresos corrientes de la República durante los primeros 10 meses de 2010 sumaron 141,4 millardos de bolívares, lo que representa 12% por encima de la meta de 126,2 millardos, según el informe mensual de la Oficina Nacional del Tesoro.
El reporte muestra que los ingresos petroleros se encuentran ligeramente por debajo de la meta (98,7%), debido a que Pdvsa ha cancelado 1,7 millardos de bolívares en dividendos, cuando la expectativa era que el monto entregado por la empresa estatal fuese 4,3 millardos.
Los ingresos no petroleros también son levemente menores que los previstos (98,1%), a pesar de que el Seniat cumplió la meta al lograr una recaudación de 82,8 millardos de bolívares hasta octubre. En este caso la falla viene por los ingresos relacionados con la gasolina y otros conceptos.
Las cifras de la Tesorería nacional indican que los ingresos extraordinarios han permitido compensar las menores entradas de recursos petroleros y tributarios. El Gobierno ha recibido 19,4 millardos de bolívares por este concepto, 925,2% más que los 2,1 millardos de bolívares presupuestados.
Economistas han explicado que cuando las autoridades recurren a los fondos parafiscales para cubrir el gasto público, deben reportar ese dinero como un ingreso extraordinario. Allí estaría la razón del incremento de los recursos obtenidos por esa vía.
El gasto público acordado hasta octubre suma 203,2 millardos de bolívares. Se ha ejecutado 78% (159,1 millardos de bolívares) y queda pendiente 22% (44,1 millardos de bolívares). Este año también se pagaron 9,2 millardos de bolívares correspondientes al presupuesto de 2009.
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El reporte muestra que los ingresos petroleros se encuentran ligeramente por debajo de la meta (98,7%), debido a que Pdvsa ha cancelado 1,7 millardos de bolívares en dividendos, cuando la expectativa era que el monto entregado por la empresa estatal fuese 4,3 millardos.
Los ingresos no petroleros también son levemente menores que los previstos (98,1%), a pesar de que el Seniat cumplió la meta al lograr una recaudación de 82,8 millardos de bolívares hasta octubre. En este caso la falla viene por los ingresos relacionados con la gasolina y otros conceptos.
Las cifras de la Tesorería nacional indican que los ingresos extraordinarios han permitido compensar las menores entradas de recursos petroleros y tributarios. El Gobierno ha recibido 19,4 millardos de bolívares por este concepto, 925,2% más que los 2,1 millardos de bolívares presupuestados.
Economistas han explicado que cuando las autoridades recurren a los fondos parafiscales para cubrir el gasto público, deben reportar ese dinero como un ingreso extraordinario. Allí estaría la razón del incremento de los recursos obtenidos por esa vía.
El gasto público acordado hasta octubre suma 203,2 millardos de bolívares. Se ha ejecutado 78% (159,1 millardos de bolívares) y queda pendiente 22% (44,1 millardos de bolívares). Este año también se pagaron 9,2 millardos de bolívares correspondientes al presupuesto de 2009.
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jueves, 25 de noviembre de 2010
Aprueban más recursos para pagar aguinaldos atrasados
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional dio el visto bueno a un crédito adicional por 730,8 millones de bolívares para que el Ministerio de Educación Universitaria pague 30% pendiente de la bonificación navideña a los empleados de las 23 casas de estudios superiores adscritas al despacho.
El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.
La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.
Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.
Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.
Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.
Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.
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El Parlamento ha acelerado la aprobación de recursos extraordinarios para que la administración pública se ponga al día con el pago de aguinaldos. Trabajadores de organismos gubernamentales protestaron recientemente por la decisión de cancelarles el beneficio de manera fraccionada.
La semana pasada fue autorizado un crédito adicional por 9 millardos de bolívares para varios entes del Estado. El diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas, informó que está pendiente otra solicitud, por 6 millardos de bolívares, para el pago de aguinaldos.
Ayer también aprobaron un crédito adicional de 22,8 millones de bolívares para cancelar las prestaciones de 521 trabajadores despedidos de la Alcaldía del municipio Guaicaipuro (Los Teques) en 1991. El Ministerio del Turismo recibió autorización para pagar al personal contratado con 1,1 millones de bolívares que estaban destinados a otros fines en el presupuesto de 2010.
Sólo un cambio. Sanguino aseguró que la Comisión de Finanzas terminó la consulta sobre las leyes de endeudamiento y de presupuesto de 2011, y espera presentar en plenaria los informes acerca de ambas normativas para la segunda discusión el 9 de diciembre.
Agregó que el único cambio que los parlamentarios harán al presupuesto es la incorporación de la distribución de gastos del Consejo Federal de Gobierno, ya se sabe que contará con 10,6 millardos de bolívares, pues la secretaría del organismo aprobó los criterios para asignar los recursos.
Sobre la ley de instituciones del sector bancario, aprobada en primera instancia hace 15 días, Sanguino indicó que la consulta pública finaliza esta semana y que la segunda discusión en plenaria será antes del 15 de diciembre, cuando termina el período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
El parlamentario también espera presentar antes de esa fecha el proyecto de ley de banca pública, para que sea aprobado en primera discusión. El objetivo es que el segundo debate sobre la legislación se haga en sesiones extraordinarias. Aclaró que la convocatoria corresponde a la directiva.
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Estancada discusión de leyes de vivienda
Aún no se ha fijado la fecha de la segunda discusión del proyecto de ley de preventa, pese a que la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional lo aprobó hace dos semanas. El instrumento legislativo procura regular el negocio inmobiliario después de la expropiación de cinco conjuntos residenciales y la ocupación de otros.
El diputado Luis Gamargo, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que el proyecto fue remitido a la directiva de la Asamblea Nacional. Pero aclaró que es necesario esperar la propuesta de legislación anunciada por el presidente Hugo Chávez para el mercado inmobiliario, con el fin de saber si incluirá la preventa o si se regulará por separado.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, pendiente desde el año 2007, tampoco tiene fecha de aprobación. Las comisiones de Administración y Servicios y Participación Ciudadana siguen evaluando las propuestas.
Gamargo aseguró, sin embargo, que el objetivo es que todas las legislaciones del sector inmobiliario sean aprobadas antes de que asuma el Parlamento escogido el 26 de septiembre.
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El diputado Luis Gamargo, presidente de la instancia parlamentaria, afirmó que el proyecto fue remitido a la directiva de la Asamblea Nacional. Pero aclaró que es necesario esperar la propuesta de legislación anunciada por el presidente Hugo Chávez para el mercado inmobiliario, con el fin de saber si incluirá la preventa o si se regulará por separado.
La reforma de la Ley de Arrendamientos, pendiente desde el año 2007, tampoco tiene fecha de aprobación. Las comisiones de Administración y Servicios y Participación Ciudadana siguen evaluando las propuestas.
Gamargo aseguró, sin embargo, que el objetivo es que todas las legislaciones del sector inmobiliario sean aprobadas antes de que asuma el Parlamento escogido el 26 de septiembre.
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miércoles, 24 de noviembre de 2010
Trabajadores de Bolívar exigen pago a Min-Vivienda
Trabajadores de la segunda etapa del conjunto residencial Altos de Cayaurima II, en Ciudad Bolívar, tomaron el edificio del Ministerio de Vivienda y Hábitat en Chacao (antiguo Inavi) para exigir a ese despacho que asuma el pago de sus reivindicaciones laborales.
Carlos Guzmán, vocero de los trabajadores, denunció que la empresa brasileña Consilux contratada por el Gobierno, según un convenio bilateral, para edificar la obra paralizó la construcción y tiene más de un año sin pagarle a 580 empleados.
Aseguró que sus reclamos no han sido escuchados en Ciudad Bolívar ni en Caracas. A la capital llegaron hace tres meses para llevar el caso a la Asamblea Nacional, la Inspectoría del Trabajo y a la oficina de la Presidencia de la República, pero no han logrado una respuesta satisfactoria.
El martes, luego de otra reunión en el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin resultados, 30 trabajadores decidieron permanecer en el edificio y declararse en huelga de hambre, relató Guzmán. "No levantaremos la protesta hasta que tengamos una fecha de pago", agregó el vocero de los trabajadores.
Guzmán hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que garantice los derechos de los manifestantes, pues funcionarios del despacho han amenazado con llamar a fuerzas policiales para desalojarlos del lugar.
Publicado en El Nacional
Carlos Guzmán, vocero de los trabajadores, denunció que la empresa brasileña Consilux contratada por el Gobierno, según un convenio bilateral, para edificar la obra paralizó la construcción y tiene más de un año sin pagarle a 580 empleados.
Aseguró que sus reclamos no han sido escuchados en Ciudad Bolívar ni en Caracas. A la capital llegaron hace tres meses para llevar el caso a la Asamblea Nacional, la Inspectoría del Trabajo y a la oficina de la Presidencia de la República, pero no han logrado una respuesta satisfactoria.
El martes, luego de otra reunión en el Ministerio de Vivienda y Hábitat sin resultados, 30 trabajadores decidieron permanecer en el edificio y declararse en huelga de hambre, relató Guzmán. "No levantaremos la protesta hasta que tengamos una fecha de pago", agregó el vocero de los trabajadores.
Guzmán hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo para que garantice los derechos de los manifestantes, pues funcionarios del despacho han amenazado con llamar a fuerzas policiales para desalojarlos del lugar.
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lunes, 22 de noviembre de 2010
Exportaciones no petroleras están en su nivel
más bajo desde 1997
La devaluación no sirvió para incentivar las exportaciones no petroleras, como afirmó el Gobierno en enero para atenuar el efecto negativo de la medida. Las cifras de la balanza de pagos del tercer trimestre de 2010, publicadas por el Banco Central de Venezuela esta semana, muestran que las ventas al exterior de productos diferentes al crudo descendieron otra vez.
Las colocaciones en otros países de productos no tradicionales –clave para diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo– sumaron 2,45 millardos de dólares de enero a septiembre, esto implica un retroceso de 1,2% con respecto a los 2,48 millardos de dólares de igual período de 2009.
La disminución de las exportaciones no petroleras es de 51,6% al comparar con los 3 primeros trimestres de 2008, cuando sumaron 5,07 millardos de dólares; y 56,7% con respecto a 2006, cuando alcanzaron un máximo histórico de 5,67 millardos de dólares.
Las ventas al exterior de productos diferentes al crudo durante 2010 son las más bajas por lo menos desde 1997 (no hay cifras de períodos anteriores en la página web del BCV). El monto promedio para los 3 primeros trimestres se ubica en 4,14 millardos de dólares desde ese año.
La reducción de las exportaciones no tradicionales, combinadas con el incremento de los precios del petróleo, han provocado que las ventas de crudo y derivados tengan una participación cada vez mayor dentro del balance comercial venezolano.
En 1997, las colocaciones petroleras se situaron en 18,3 millardos de dólares, lo que representaba 76,8% del total de 23,9 millardos de dólares. En los 3 primeros trimestres de 2010, acumulan 45,6 millardos de dólares, 94,9% de las colocaciones en otras naciones.
Rubros que crecen. El retroceso de las exportaciones de productos diferentes al crudo y sus derivados en lo que va de 2010 no ha sido mayor porque rubros como minerales, productos químicos y materiales de transporte han experimentado crecimientos significativos.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística indican que las ventas al exterior de minerales llegaron a 326,6 millones de dólares entre enero y agosto, un aumento de 124,1% en comparación con el monto de 145,8 millones de dólares registrado en el mismo período de 2009.
Casi la totalidad de las exportaciones de este rubro corresponden a hierro (193,8 millones de dólares), hulla (98,6 millones de dólares) y aluminio (4,1 millones de dólares). Las ventas del primero crecieron 62,7%, las del segundo 709% y las del tercero 113,9%.
Las exportaciones de material de transporte subieron de 98,2 millones de dólares entre enero y agosto de 2009 a 141,1 millones de dólares en el mismo período de 2010, un alza de 43,7%. Las de productos químicos pasaron de 185,5 millones de dólares a 263 millones de dólares, 41,8% más.
También han crecido durante este año las ventas al exterior de plástico y caucho (33,6%) y alimentos, bebidas y tabaco (7,2%). Estas últimas han sido impulsadas por cacao y sus preparaciones, con un incremento de 66,6%; y cigarrillos, con un alza de 537,1%.
Mayoría en retroceso. Las exportaciones del resto de los rubros muestran una caída entre enero y agosto de 2010. Las que más han bajado son las de grasas y aceites, que sumaron 1.112 dólares para un descenso de 99,3%; y las de metales preciosos, que totalizaron 26.803 dólares para una disminución de 94,3%.
También han retrocedido de manera significativa durante este año las ventas externas de productos vegetales, con -85,4%; papel y cartón, con -72,3%; instrumentos de medicina, relojería y música, con -69,7%; calzado y accesorios, con -64,7%; y textiles, con -52,7%.
Menos fuertes han sido los descensos registrados en aparatos y materiales eléctricos (-22,6%), productos de origen animal (-22,1%), metales comunes (-17,1%) madera (-15,2%), mercancías diversas (-13,3%), pieles y cueros (-13%) y materiales de construcción (-6,3%).
Los economistas han dicho que la sobrevaluación de la moneda –que persiste a pesar del ajuste realizado en enero– no es el único factor que afecta las exportaciones no petroleras. La inflación, los costos laborales y las dificultades para acceder a las divisas necesarias para importar insumos también restan competitividad a los fabricantes venezolanos.
Publicado en El Nacional
Las colocaciones en otros países de productos no tradicionales –clave para diversificar la economía y reducir la dependencia del petróleo– sumaron 2,45 millardos de dólares de enero a septiembre, esto implica un retroceso de 1,2% con respecto a los 2,48 millardos de dólares de igual período de 2009.
La disminución de las exportaciones no petroleras es de 51,6% al comparar con los 3 primeros trimestres de 2008, cuando sumaron 5,07 millardos de dólares; y 56,7% con respecto a 2006, cuando alcanzaron un máximo histórico de 5,67 millardos de dólares.
Las ventas al exterior de productos diferentes al crudo durante 2010 son las más bajas por lo menos desde 1997 (no hay cifras de períodos anteriores en la página web del BCV). El monto promedio para los 3 primeros trimestres se ubica en 4,14 millardos de dólares desde ese año.
La reducción de las exportaciones no tradicionales, combinadas con el incremento de los precios del petróleo, han provocado que las ventas de crudo y derivados tengan una participación cada vez mayor dentro del balance comercial venezolano.
En 1997, las colocaciones petroleras se situaron en 18,3 millardos de dólares, lo que representaba 76,8% del total de 23,9 millardos de dólares. En los 3 primeros trimestres de 2010, acumulan 45,6 millardos de dólares, 94,9% de las colocaciones en otras naciones.
Rubros que crecen. El retroceso de las exportaciones de productos diferentes al crudo y sus derivados en lo que va de 2010 no ha sido mayor porque rubros como minerales, productos químicos y materiales de transporte han experimentado crecimientos significativos.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadística indican que las ventas al exterior de minerales llegaron a 326,6 millones de dólares entre enero y agosto, un aumento de 124,1% en comparación con el monto de 145,8 millones de dólares registrado en el mismo período de 2009.
Casi la totalidad de las exportaciones de este rubro corresponden a hierro (193,8 millones de dólares), hulla (98,6 millones de dólares) y aluminio (4,1 millones de dólares). Las ventas del primero crecieron 62,7%, las del segundo 709% y las del tercero 113,9%.
Las exportaciones de material de transporte subieron de 98,2 millones de dólares entre enero y agosto de 2009 a 141,1 millones de dólares en el mismo período de 2010, un alza de 43,7%. Las de productos químicos pasaron de 185,5 millones de dólares a 263 millones de dólares, 41,8% más.
También han crecido durante este año las ventas al exterior de plástico y caucho (33,6%) y alimentos, bebidas y tabaco (7,2%). Estas últimas han sido impulsadas por cacao y sus preparaciones, con un incremento de 66,6%; y cigarrillos, con un alza de 537,1%.
Mayoría en retroceso. Las exportaciones del resto de los rubros muestran una caída entre enero y agosto de 2010. Las que más han bajado son las de grasas y aceites, que sumaron 1.112 dólares para un descenso de 99,3%; y las de metales preciosos, que totalizaron 26.803 dólares para una disminución de 94,3%.
También han retrocedido de manera significativa durante este año las ventas externas de productos vegetales, con -85,4%; papel y cartón, con -72,3%; instrumentos de medicina, relojería y música, con -69,7%; calzado y accesorios, con -64,7%; y textiles, con -52,7%.
Menos fuertes han sido los descensos registrados en aparatos y materiales eléctricos (-22,6%), productos de origen animal (-22,1%), metales comunes (-17,1%) madera (-15,2%), mercancías diversas (-13,3%), pieles y cueros (-13%) y materiales de construcción (-6,3%).
Los economistas han dicho que la sobrevaluación de la moneda –que persiste a pesar del ajuste realizado en enero– no es el único factor que afecta las exportaciones no petroleras. La inflación, los costos laborales y las dificultades para acceder a las divisas necesarias para importar insumos también restan competitividad a los fabricantes venezolanos.
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sábado, 20 de noviembre de 2010
Garantizan recursos para aguinaldos
A pesar de que la Asamblea Nacional aprobó el jueves un crédito adicional por 9,09 millardos de bolívares para cancelar aguinaldos a los trabajadores de la administración pública, en algunos organismos gubernamentales persiste el malestar por el anuncio de que el pago será fraccionado.
El diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, hizo un llamado a trabajadores y jubilados del sector público para que no se alerten por la medida, que en su opinión no está relacionada con la carencia de recursos sino con el flujo de caja de cada institución del Estado.
Indicó que organismos como el Banco Central de Venezuela y la Gobernación de Vargas ya cancelaron la totalidad de la bonificación de 90 días decretada por el presidente Hugo Chávez. Otros como la Asamblea Nacional decidieron pagarla en 2 partes y algunos han dicho que lo dividirán en 3 porciones.
Agregó que los recursos para cancelar los aguinaldos de todos los empleados y jubilados de la administración pública están garantizados porque, además del dinero autorizado el jueves, el Ministerio de Planificación y Finanzas pedirá un crédito adicional por 8 millardos de bolívares en los próximos días.
La aprobación de los recursos extraordinarios fue necesaria, según Escalona, porque el monto establecido en el presupuesto de 2010 para la bonificación navideña no tomaba en cuenta la incidencia del aumento salarial –10% en marzo y 15% en mayo– en el pago de este beneficio.
Aseguró que la cancelación de los aguinaldos en noviembre ha sido una práctica permanente desde que Chávez asumió la Presidencia en 1999, "mientras que administraciones anteriores hacían esperar a los trabajadores hasta el 15 de diciembre".
Publicado en El Nacional
El diputado Simón Escalona, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, hizo un llamado a trabajadores y jubilados del sector público para que no se alerten por la medida, que en su opinión no está relacionada con la carencia de recursos sino con el flujo de caja de cada institución del Estado.
Indicó que organismos como el Banco Central de Venezuela y la Gobernación de Vargas ya cancelaron la totalidad de la bonificación de 90 días decretada por el presidente Hugo Chávez. Otros como la Asamblea Nacional decidieron pagarla en 2 partes y algunos han dicho que lo dividirán en 3 porciones.
Agregó que los recursos para cancelar los aguinaldos de todos los empleados y jubilados de la administración pública están garantizados porque, además del dinero autorizado el jueves, el Ministerio de Planificación y Finanzas pedirá un crédito adicional por 8 millardos de bolívares en los próximos días.
La aprobación de los recursos extraordinarios fue necesaria, según Escalona, porque el monto establecido en el presupuesto de 2010 para la bonificación navideña no tomaba en cuenta la incidencia del aumento salarial –10% en marzo y 15% en mayo– en el pago de este beneficio.
Aseguró que la cancelación de los aguinaldos en noviembre ha sido una práctica permanente desde que Chávez asumió la Presidencia en 1999, "mientras que administraciones anteriores hacían esperar a los trabajadores hasta el 15 de diciembre".
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viernes, 19 de noviembre de 2010
Hay 8 detenidos por caso de urbanismos
La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó que actualmente hay 8 personas detenidas, 4 con régimen de presentación en tribunales y 2 con libertad bajo fianza por las investigaciones contra empresas constructoras e inmobiliarias. También hay 39 ciudadanos con prohibición de salida del país.
En el programa radial En sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz declaró que un equipo de casi 70 personas investiga 239 casos de "estafa inmobiliaria".
Además de las medidas contra particulares, la Fiscalía ha dictado acciones de aseguramiento –prohibición de enajenar bienes o inmovilización de cuentas bancarias– contra 38 empresas.
La fiscal no mencionó las personas ni las compañías contra las que se dictaron las medidas. Fuentes del sector privado afirman que tampoco conocen quienes son.
El presidente Hugo Chávez, que hace casi 20 días ordenó la intervención de 33 conjuntos residenciales en construcción, solicitó el domingo cárcel para los responsables. "Aquí tiene que haber presos", dijo.
El Gobierno acusa a las promotoras de viviendas de cobrar ilegalmente el índice de precios al consumidor –prohibido desde julio de 2009–, retrasar la construcción de las obras y otras irregularidades.
Los gremios privados han dicho que quienes actuaron de manera ilegal deben ser enjuiciados y castigados, pero también han solicitado que no se satanice al sector con acusaciones generalizadas.
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En el programa radial En sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, Ortega Díaz declaró que un equipo de casi 70 personas investiga 239 casos de "estafa inmobiliaria".
Además de las medidas contra particulares, la Fiscalía ha dictado acciones de aseguramiento –prohibición de enajenar bienes o inmovilización de cuentas bancarias– contra 38 empresas.
La fiscal no mencionó las personas ni las compañías contra las que se dictaron las medidas. Fuentes del sector privado afirman que tampoco conocen quienes son.
El presidente Hugo Chávez, que hace casi 20 días ordenó la intervención de 33 conjuntos residenciales en construcción, solicitó el domingo cárcel para los responsables. "Aquí tiene que haber presos", dijo.
El Gobierno acusa a las promotoras de viviendas de cobrar ilegalmente el índice de precios al consumidor –prohibido desde julio de 2009–, retrasar la construcción de las obras y otras irregularidades.
Los gremios privados han dicho que quienes actuaron de manera ilegal deben ser enjuiciados y castigados, pero también han solicitado que no se satanice al sector con acusaciones generalizadas.
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Regulación hará más énfasis en tarifas
de las clínicas
El marco legal que prepara la Asamblea Nacional para regular el sistema de salud privado hará más énfasis en las tarifas por servicios de las clínicas que en los honorarios profesionales de los médicos, dijo el diputado Rafael Ríos, presidente de la Comisión de Desarrollo Social.
"Apelamos a la condición ética y deontológica de los médicos que cobran por sus servicios, para que sean más justos. Lo que debe regularse con más fuerza es el cobro de las clínicas privadas por conceptos como insumos, utilización de equipos, medicinas y hotelería", señaló.
Ríos considera que el incremento de las tarifas en los últimos años responde a la especulación. "Cada clínica tiene un precio distinto por el mismo insumo, las medicinas cuestan entre tres y cinco veces más que en las farmacias y las habitaciones son tan caras como en un hotel cinco estrellas".
Aclaró que la regulación de honorarios y tarifas no se incluirá en la ley de salud, que la comisión prevé llevar a segunda discusión en plenaria en diciembre para su aprobación definitiva, sino en otro instrumento legal que está a cargo del diputado Tirso Silva.
Lo que sí determinará la ley de salud es que el órgano rector del sistema público también sea el encargado de regular los centros privados. Igualmente estipulará que la contraloría social llegue hasta las clínicas, a través de los comités de salud de las organizaciones comunitarias.
Ríos recordó, además, que hace un par de semanas la Defensoría del Pueblo, el Indepabis y la Superintendencia de Seguros inauguraron la sala situacional de salud para supervisar al sector. El diputado Germán Ferrer informó ayer que la instancia recibe un promedio de 35 denuncias diarias contra clínicas.
Para después. Aunque la Ley Orgánica del Trabajo es una deuda pendiente desde hace más de una década, porque las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 ordenan una reforma de la normativa para incluir aspectos como la retroactividad de las prestaciones sociales, todavía no hay fecha para su aprobación.
Ríos indicó que la prioridad de la Comisión de Desarrollo Social para lo que queda del actual período legislativo (los diputados electos el 26 de septiembre asumirán el 5 de enero de 2011) es la ley de salud, de la cual afinan los últimos detalles.
Agregó que la decisión de incluir la ley laboral en la agenda legislativa corresponde a la directiva del Parlamento, que todavía no ha dado instrucciones al respecto. El equipo técnico que revisa la normativa, sin embargo, sigue con el trabajo de recepción de propuestas.
Publicado en El Nacional
"Apelamos a la condición ética y deontológica de los médicos que cobran por sus servicios, para que sean más justos. Lo que debe regularse con más fuerza es el cobro de las clínicas privadas por conceptos como insumos, utilización de equipos, medicinas y hotelería", señaló.
Ríos considera que el incremento de las tarifas en los últimos años responde a la especulación. "Cada clínica tiene un precio distinto por el mismo insumo, las medicinas cuestan entre tres y cinco veces más que en las farmacias y las habitaciones son tan caras como en un hotel cinco estrellas".
Aclaró que la regulación de honorarios y tarifas no se incluirá en la ley de salud, que la comisión prevé llevar a segunda discusión en plenaria en diciembre para su aprobación definitiva, sino en otro instrumento legal que está a cargo del diputado Tirso Silva.
Lo que sí determinará la ley de salud es que el órgano rector del sistema público también sea el encargado de regular los centros privados. Igualmente estipulará que la contraloría social llegue hasta las clínicas, a través de los comités de salud de las organizaciones comunitarias.
Ríos recordó, además, que hace un par de semanas la Defensoría del Pueblo, el Indepabis y la Superintendencia de Seguros inauguraron la sala situacional de salud para supervisar al sector. El diputado Germán Ferrer informó ayer que la instancia recibe un promedio de 35 denuncias diarias contra clínicas.
Para después. Aunque la Ley Orgánica del Trabajo es una deuda pendiente desde hace más de una década, porque las disposiciones transitorias de la Constitución de 1999 ordenan una reforma de la normativa para incluir aspectos como la retroactividad de las prestaciones sociales, todavía no hay fecha para su aprobación.
Ríos indicó que la prioridad de la Comisión de Desarrollo Social para lo que queda del actual período legislativo (los diputados electos el 26 de septiembre asumirán el 5 de enero de 2011) es la ley de salud, de la cual afinan los últimos detalles.
Agregó que la decisión de incluir la ley laboral en la agenda legislativa corresponde a la directiva del Parlamento, que todavía no ha dado instrucciones al respecto. El equipo técnico que revisa la normativa, sin embargo, sigue con el trabajo de recepción de propuestas.
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jueves, 18 de noviembre de 2010
Aprobaron dinero para cancelar aguinaldos
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional por 9,09 millardos de bolívares, dirigido a los organismos de la administración pública, para cancelar la primera porción de los 90 días de aguinaldo que decretó el Gobierno para trabajadores y jubilados.
El diputado Andrés Eloy Méndez señaló que el pago de aguinaldos se hará de manera fraccionada por los problemas de flujo de caja que ha afrontado la Tesorería. Agregó que es una erogación muy elevada para el Estado, porque son 2,3 millones de trabajadores y 4 millones de jubilados.
La instancia parlamentaria también autorizó 1,38 millardos de bolívares en recursos extraordinarios para el Ministerio del Interior y Justicia, que usará el dinero para cancelar a gobernaciones y alcaldías parte del aporte legal por Situado Constitucional.
Igualmente dio el visto bueno a un crédito adicional por 1,04 millardos de bolívares para los proyectos de inversión del Ministerio de Energía Eléctrica y otro por 50 millones de bolívares para el fondo de contingencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Sobre el proyecto de ley de instituciones del sector bancario, el diputado Simón Escalona informó que en los próximos días se convocará una mesa técnica para discutir las observaciones presentadas por instituciones como la Asociación Bancaria, Fogade y la Sudeban.
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El diputado Andrés Eloy Méndez señaló que el pago de aguinaldos se hará de manera fraccionada por los problemas de flujo de caja que ha afrontado la Tesorería. Agregó que es una erogación muy elevada para el Estado, porque son 2,3 millones de trabajadores y 4 millones de jubilados.
La instancia parlamentaria también autorizó 1,38 millardos de bolívares en recursos extraordinarios para el Ministerio del Interior y Justicia, que usará el dinero para cancelar a gobernaciones y alcaldías parte del aporte legal por Situado Constitucional.
Igualmente dio el visto bueno a un crédito adicional por 1,04 millardos de bolívares para los proyectos de inversión del Ministerio de Energía Eléctrica y otro por 50 millones de bolívares para el fondo de contingencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Sobre el proyecto de ley de instituciones del sector bancario, el diputado Simón Escalona informó que en los próximos días se convocará una mesa técnica para discutir las observaciones presentadas por instituciones como la Asociación Bancaria, Fogade y la Sudeban.
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Proponen ley para compra de inmuebles alquilados
La Defensoría del Pueblo presentó ante la Comisión de Administración y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional el proyecto de ley de adquisición de propiedad para arrendatarios en condición especial, que propone mecanismos para que los inquilinos de vieja data (más de 20 años) puedan comprar la vivienda donde residen.
"Esta situación afecta particularmente a residentes de urbanizaciones de clase media de Caracas, donde el metro cuadrado tiene un precio muy alto. La idea es determinar el valor real del apartamento para que estas personas puedan adquirirlo", dijo la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, a los diputados, pero no precisó cómo se hará.
Ramírez también se refirió a la propuesta de ley de procedimiento de arrendamiento para inmuebles destinados a vivienda. En este caso plantea aplicar un proceso judicial basado en audiencias orales y limitar los desalojos hasta que haya una sentencia definitivamente firme.
La diputada Belkis Solis afirmó que estas legislaciones no son para despojar a quienes poseen inmuebles arrendados sino para buscar un procedimiento de alquiler más equilibrado. El parlamentario José Rafael Escalona agregó que se tomará en cuenta la realidad de los propietarios.
El diputado Luis Gamargo indicó que las propuestas de la Defensoría del Pueblo serán evaluadas en función del trabajo realizado por la Comisión y del proyecto legal para regular el sistema de vivienda que el Ejecutivo prevé entregar en los próximos días.
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"Esta situación afecta particularmente a residentes de urbanizaciones de clase media de Caracas, donde el metro cuadrado tiene un precio muy alto. La idea es determinar el valor real del apartamento para que estas personas puedan adquirirlo", dijo la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, a los diputados, pero no precisó cómo se hará.
Ramírez también se refirió a la propuesta de ley de procedimiento de arrendamiento para inmuebles destinados a vivienda. En este caso plantea aplicar un proceso judicial basado en audiencias orales y limitar los desalojos hasta que haya una sentencia definitivamente firme.
La diputada Belkis Solis afirmó que estas legislaciones no son para despojar a quienes poseen inmuebles arrendados sino para buscar un procedimiento de alquiler más equilibrado. El parlamentario José Rafael Escalona agregó que se tomará en cuenta la realidad de los propietarios.
El diputado Luis Gamargo indicó que las propuestas de la Defensoría del Pueblo serán evaluadas en función del trabajo realizado por la Comisión y del proyecto legal para regular el sistema de vivienda que el Ejecutivo prevé entregar en los próximos días.
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miércoles, 17 de noviembre de 2010
Recesión se agudiza en construcción y energía
La economía se mantuvo en recesión durante el tercer trimestre de 2010, con una caída de 0,4%, según el Banco Central de Venezuela. Se trata del sexto período consecutivo con cifras negativas, luego de los descensos registrados en los tres últimos trimestres de 2009 y los dos primeros de este año.
La contracción del producto interno bruto –cantidad de bienes y servicios que ofrece un país– fue impulsada por sectores como construcción, que retrocedió 7,9%, y electricidad y agua, que descendió 7,8%. En ambos casos, los números del tercer trimestre son peores que los del segundo.
El BCV precisó que la caída de la construcción fue más aguda en el sector privado (-13,9%) y admitió que eso fue "motivado, entre otros factores, a la menor disponibilidad de insumos básicos". Los empresarios han advertido sobre los problemas con el suministro de cabillas y cemento.
La minería (-10,6%), la intermediación financiera (-5%), el comercio (-4,4%) y la industria petrolera (-2,1%) también se contrajeron en el período que va de julio a septiembre. El instituto emisor vinculó el descenso de la extracción de crudo con los recortes vigentes desde 2009.
Entre las actividades económicas que mostraron un comportamiento positivo en el tercer trimestre de 2010 se encuentran comunicaciones, con un alza de 9,4%; servicios del Gobierno, con una expansión de 3,2%; transporte, con una subida de 2,7%; y manufactura, con un aumento de 0,1%.
El crecimiento de la industria primero –luego de seis trimestres seguidos en negativo– fue impulsado por los resultados obtenidos por los fabricantes de prendas de vestir (17%), maquinarias y aparatos eléctricos (16,1%), alimentos y bebidas (15,6%) y sustancias químicas (7,5%).
Otras actividades manufactureras siguen en recesión. Es el caso de metales comunes, con una caída de 43,2%; muebles, con un descenso de 30,5%; maquinarias y equipos, con una disminución de 29,5%; y caucho y plástico, con un retroceso de 7,3%.
Los resultados del tercer trimestre redujeron la contracción acumulada durante 2010 a 2,4%. Se necesita un crecimiento superior a 7,5% entre octubre y diciembre para evitar que la economía cierre por segundo año consecutivo en negativo. El PIB cayó 3,3% en 2009.
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La contracción del producto interno bruto –cantidad de bienes y servicios que ofrece un país– fue impulsada por sectores como construcción, que retrocedió 7,9%, y electricidad y agua, que descendió 7,8%. En ambos casos, los números del tercer trimestre son peores que los del segundo.
El BCV precisó que la caída de la construcción fue más aguda en el sector privado (-13,9%) y admitió que eso fue "motivado, entre otros factores, a la menor disponibilidad de insumos básicos". Los empresarios han advertido sobre los problemas con el suministro de cabillas y cemento.
La minería (-10,6%), la intermediación financiera (-5%), el comercio (-4,4%) y la industria petrolera (-2,1%) también se contrajeron en el período que va de julio a septiembre. El instituto emisor vinculó el descenso de la extracción de crudo con los recortes vigentes desde 2009.
Entre las actividades económicas que mostraron un comportamiento positivo en el tercer trimestre de 2010 se encuentran comunicaciones, con un alza de 9,4%; servicios del Gobierno, con una expansión de 3,2%; transporte, con una subida de 2,7%; y manufactura, con un aumento de 0,1%.
El crecimiento de la industria primero –luego de seis trimestres seguidos en negativo– fue impulsado por los resultados obtenidos por los fabricantes de prendas de vestir (17%), maquinarias y aparatos eléctricos (16,1%), alimentos y bebidas (15,6%) y sustancias químicas (7,5%).
Otras actividades manufactureras siguen en recesión. Es el caso de metales comunes, con una caída de 43,2%; muebles, con un descenso de 30,5%; maquinarias y equipos, con una disminución de 29,5%; y caucho y plástico, con un retroceso de 7,3%.
Los resultados del tercer trimestre redujeron la contracción acumulada durante 2010 a 2,4%. Se necesita un crecimiento superior a 7,5% entre octubre y diciembre para evitar que la economía cierre por segundo año consecutivo en negativo. El PIB cayó 3,3% en 2009.
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Proponen fideicomiso para las preventas
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela planteó la posibilidad de que el mecanismo de preventa funcione a través de fideicomisos –constituidos en bancos privados o públicos– en los que se depositen los recursos que los compradores cancelan como inicial, para que sean usados exclusivamente en la construcción de las viviendas preadquiridas.
"Es una propuesta para salvaguardar los intereses de los compradores, pues garantiza que el dinero recibido será utilizado en las obras y no con otros fines, como pareciera que ha ocurrido en algunos casos", dijo Aquiles Martini, presidente del gremio, luego de una reunión con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Martini presentó a los parlamentarios las observaciones del sector inmobiliario acerca del proyecto de ley de preventa, aprobado la semana pasada por la Comisión. Además de la figura del fideicomiso, planteó la agilización de la entrega de permisos vinculados con la construcción y de la protocolización de los documentos de propiedad.
"Estamos solicitando una audiencia con la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para buscar soluciones a los problemas con los registros públicos para protocolizar. Algunos sólo aceptan entre 5 y 10 documentos por promotor cada semana. Eso quiere decir que un empresario que tenga 500 viviendas se tardará al menos 50 semanas en este proceso", relató.
La diputada Laura Valls informó que, aunque el proyecto de ley de preventa fue aprobado por la Comisión, tomarán en cuenta las observaciones de la Cámara Inmobiliaria. "La idea es fortalecer este instrumento, que busca evitar las desviaciones que existen en la preventa y proteger a los compradores, sin detener la construcción de inmuebles".
Agregó que también esperan por el proyecto de ley para regular el sector inmobiliario, para saber si el asunto de la preventa será incluido allí o se tratará por separado. En todo caso, espera que antes de que finalice el año haya un marco legal sobre la materia.
Publicado en El Nacional
"Es una propuesta para salvaguardar los intereses de los compradores, pues garantiza que el dinero recibido será utilizado en las obras y no con otros fines, como pareciera que ha ocurrido en algunos casos", dijo Aquiles Martini, presidente del gremio, luego de una reunión con los diputados de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional.
Martini presentó a los parlamentarios las observaciones del sector inmobiliario acerca del proyecto de ley de preventa, aprobado la semana pasada por la Comisión. Además de la figura del fideicomiso, planteó la agilización de la entrega de permisos vinculados con la construcción y de la protocolización de los documentos de propiedad.
"Estamos solicitando una audiencia con la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para buscar soluciones a los problemas con los registros públicos para protocolizar. Algunos sólo aceptan entre 5 y 10 documentos por promotor cada semana. Eso quiere decir que un empresario que tenga 500 viviendas se tardará al menos 50 semanas en este proceso", relató.
La diputada Laura Valls informó que, aunque el proyecto de ley de preventa fue aprobado por la Comisión, tomarán en cuenta las observaciones de la Cámara Inmobiliaria. "La idea es fortalecer este instrumento, que busca evitar las desviaciones que existen en la preventa y proteger a los compradores, sin detener la construcción de inmuebles".
Agregó que también esperan por el proyecto de ley para regular el sector inmobiliario, para saber si el asunto de la preventa será incluido allí o se tratará por separado. En todo caso, espera que antes de que finalice el año haya un marco legal sobre la materia.
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martes, 16 de noviembre de 2010
Los sueldos suben más en la empresa privada
El ritmo de crecimiento de los ingresos del personal de la empresa privada durante 2010 duplica al de los empleados de la administración pública, según el índice de remuneraciones de los asalariados, que el Banco Central de Venezuela publica cada trimestre.
Los sueldos de los trabajadores del sector privado aumentaron 5,2% en el primer trimestre, 7,9% en el segundo y 9,7% en el tercero, para un acumulado de 24,5% durante los primeros 9 meses del año. En comparación con igual período de 2009, el incremento es de 27,4%.
Los salarios de los empleados públicos, en cambio, subieron 3% en el primer trimestre y 6,8% en el segundo, mientras que permanecieron iguales en el tercero. El alza acumulada en 2010 es 9,9%, similar a la variación anualizada, ya que en el cuarto trimestre del año pasado tampoco hubo incremento.
El comportamientodel índice de remuneraciones en 2010 repite lo sucedido en 2009, cuando los sueldos del sector privado crecieron 22,2% y los de la administración pública 19,1%. Entre 2004 y 2008, el Gobierno fue el que llevó la batuta en lo que se refiere a incrementos salariales.
Por debajo de la inflación. El índice de remuneraciones de los asalariados, en general, muestra un crecimiento de 19,8% de enero a septiembre y de 21,7% en los últimos 12 meses. Ambos porcentajes están por debajo de los aumentos registrados en el índice de precios al consumidor.
Al cierre del tercer trimestre la inflación acumulada era 21,2%, mientras que la anualizada era 27,9%. La comparación con el índice de remuneraciones refleja una caída del poder adquisitivo de 1,2% durante el año y 4,8% en los últimos 12 meses.
El retroceso de la capacidad de compra fue reconocido por el BCV. "La cantidad de bienes y servicios de consumo familiar que se puede adquirir es menor en 7,4 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2009", indicó el instituto emisor.
Las remuneraciones se encaminan hacia su cuarto año consecutivo con alzas inferiores a la inflación. La última vez que aumentaron más que los precios fue en 2006.
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Los sueldos de los trabajadores del sector privado aumentaron 5,2% en el primer trimestre, 7,9% en el segundo y 9,7% en el tercero, para un acumulado de 24,5% durante los primeros 9 meses del año. En comparación con igual período de 2009, el incremento es de 27,4%.
Los salarios de los empleados públicos, en cambio, subieron 3% en el primer trimestre y 6,8% en el segundo, mientras que permanecieron iguales en el tercero. El alza acumulada en 2010 es 9,9%, similar a la variación anualizada, ya que en el cuarto trimestre del año pasado tampoco hubo incremento.
El comportamientodel índice de remuneraciones en 2010 repite lo sucedido en 2009, cuando los sueldos del sector privado crecieron 22,2% y los de la administración pública 19,1%. Entre 2004 y 2008, el Gobierno fue el que llevó la batuta en lo que se refiere a incrementos salariales.
Por debajo de la inflación. El índice de remuneraciones de los asalariados, en general, muestra un crecimiento de 19,8% de enero a septiembre y de 21,7% en los últimos 12 meses. Ambos porcentajes están por debajo de los aumentos registrados en el índice de precios al consumidor.
Al cierre del tercer trimestre la inflación acumulada era 21,2%, mientras que la anualizada era 27,9%. La comparación con el índice de remuneraciones refleja una caída del poder adquisitivo de 1,2% durante el año y 4,8% en los últimos 12 meses.
El retroceso de la capacidad de compra fue reconocido por el BCV. "La cantidad de bienes y servicios de consumo familiar que se puede adquirir es menor en 7,4 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre de 2009", indicó el instituto emisor.
Las remuneraciones se encaminan hacia su cuarto año consecutivo con alzas inferiores a la inflación. La última vez que aumentaron más que los precios fue en 2006.
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sábado, 13 de noviembre de 2010
"Las irregularidades son casos aislados"
El presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Juan Francisco Jiménez, aseguró que las irregularidades que pudieran haber en algunos desarrollos residenciales son casos aislados. "Es un error meter a todos los constructores en el mismo saco. Se habla de 2.000 denuncias, una cifra baja con respecto a las casi 100.000 viviendas que se edifican actualmente".
Jiménez afirmó que el gremio no avala conductas indebidas de las empresas, sean afiliadas o no, sino que más bien apoya las investigaciones de las autoridades –siempre que se respete el derecho al debido proceso– para determinar quiénes actuaron de manera irregular. "El que cometió un ilícito tiene que asumir su responsabilidad".
Sobre los 33 conjuntos residenciales que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar o intervenir hace dos semanas, indicó que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cada uno para precisar en cuáles hubo actuaciones irregulares o ilegales por parte de las empresas y en cuáles se presentaron inconvenientes propios de la construcción.
Recordó que los retrasos en las obras –una de las razones esgrimidas por las autoridades para intervenir los desarrollos– pueden deberse a factores ajenos al constructor, como los problemas con el suministro de insumos como acero y cemento o las limitaciones en el flujo de caja por la prohibición de cobrar el índice de precios al consumidor.
La venta de una misma vivienda a varias personas puede ser una estafa –como dicen las autoridades– o un procedimiento legítimo, en el supuesto de que el constructor rescindiera un contrato por falta de pago y ofreciera el inmueble a otro comprador. "Es injusto dar el mismo tratamiento a todos los casos".
Trabajo conjunto. Jiménez hizo un llamado al Gobierno para que evite las acusaciones generalizadas contra el gremio, pues crean un clima de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de reducir el déficit de vivienda que existe en el país, calculado en 2 millones de unidades.
Aseguró que la única manera de resolver el problema es concretar una alianza entre el sector público y privado, como recientemente se hizo en Brasil con resultados muy positivos, y reiteró la disposición del gremio a sentarse a una mesa técnica con las autoridades.
Los constructores piensan que una forma de estimular la edificación de viviendas, además de ofrecer seguridad jurídica, es que el Gobierno utilice los recursos anunciados para el sector en garantizar la producción de insumos y aumentar los subsidios al comprador.
Publicado en El Nacional
Jiménez afirmó que el gremio no avala conductas indebidas de las empresas, sean afiliadas o no, sino que más bien apoya las investigaciones de las autoridades –siempre que se respete el derecho al debido proceso– para determinar quiénes actuaron de manera irregular. "El que cometió un ilícito tiene que asumir su responsabilidad".
Sobre los 33 conjuntos residenciales que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar o intervenir hace dos semanas, indicó que es necesario hacer un análisis exhaustivo de cada uno para precisar en cuáles hubo actuaciones irregulares o ilegales por parte de las empresas y en cuáles se presentaron inconvenientes propios de la construcción.
Recordó que los retrasos en las obras –una de las razones esgrimidas por las autoridades para intervenir los desarrollos– pueden deberse a factores ajenos al constructor, como los problemas con el suministro de insumos como acero y cemento o las limitaciones en el flujo de caja por la prohibición de cobrar el índice de precios al consumidor.
La venta de una misma vivienda a varias personas puede ser una estafa –como dicen las autoridades– o un procedimiento legítimo, en el supuesto de que el constructor rescindiera un contrato por falta de pago y ofreciera el inmueble a otro comprador. "Es injusto dar el mismo tratamiento a todos los casos".
Trabajo conjunto. Jiménez hizo un llamado al Gobierno para que evite las acusaciones generalizadas contra el gremio, pues crean un clima de incertidumbre que atenta contra la posibilidad de reducir el déficit de vivienda que existe en el país, calculado en 2 millones de unidades.
Aseguró que la única manera de resolver el problema es concretar una alianza entre el sector público y privado, como recientemente se hizo en Brasil con resultados muy positivos, y reiteró la disposición del gremio a sentarse a una mesa técnica con las autoridades.
Los constructores piensan que una forma de estimular la edificación de viviendas, además de ofrecer seguridad jurídica, es que el Gobierno utilice los recursos anunciados para el sector en garantizar la producción de insumos y aumentar los subsidios al comprador.
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Pago atrasado de garantías generará intereses
El proyecto de ley de instituciones del sector bancario, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el jueves, establece que el fondo de protección social de los depósitos –sustituto del actual Fogade– deberá pagar intereses moratorios en caso de tardarse más de 12 meses en cancelar la garantía a los ahorristas de bancos intervenidos.
El artículo 129 precisa que los intereses moratorios se pagarán de acuerdo con la disponibilidad financiera del fondo y se calcularán "con base en la tasa activa promedio de los 6 principales bancos comerciales y universales del país", a pesar de que el proyecto no prevé la existencia de entidades comerciales.
El monto de la garantía se mantiene en 30.000 bolívares por cada depositante. Pero se faculta al órgano superior del sistema financiero nacional para modificar esa cantidad por lo menos una vez cada 4 años.
En los casos en que se decida liquidar una entidad, el fondo de protección social de los depósitos bancarios tendrá 180 días –contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial del inicio del procedimiento– para deshacerse de los activos, mediante la venta a privados o la transferencia al Estado.
El aporte de los bancos privados no será menor a 0,75% del total de los depósitos que cada institución tenga al cierre del semestre inmediatamente anterior a la fecha de pago, mientras que el de las entidades estatales no podrá estar por debajo de 0,25%.
Todas las instituciones financieras deberán pagar el aporte al fondo en los primeros 5 días de cada mes. De no hacerlo tendrán que cancelar intereses por el tiempo que dure la demora, que en ningún caso podrá exceder de 15 días.
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El artículo 129 precisa que los intereses moratorios se pagarán de acuerdo con la disponibilidad financiera del fondo y se calcularán "con base en la tasa activa promedio de los 6 principales bancos comerciales y universales del país", a pesar de que el proyecto no prevé la existencia de entidades comerciales.
El monto de la garantía se mantiene en 30.000 bolívares por cada depositante. Pero se faculta al órgano superior del sistema financiero nacional para modificar esa cantidad por lo menos una vez cada 4 años.
En los casos en que se decida liquidar una entidad, el fondo de protección social de los depósitos bancarios tendrá 180 días –contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial del inicio del procedimiento– para deshacerse de los activos, mediante la venta a privados o la transferencia al Estado.
El aporte de los bancos privados no será menor a 0,75% del total de los depósitos que cada institución tenga al cierre del semestre inmediatamente anterior a la fecha de pago, mientras que el de las entidades estatales no podrá estar por debajo de 0,25%.
Todas las instituciones financieras deberán pagar el aporte al fondo en los primeros 5 días de cada mes. De no hacerlo tendrán que cancelar intereses por el tiempo que dure la demora, que en ningún caso podrá exceder de 15 días.
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viernes, 12 de noviembre de 2010
Nueva ley permitirá al Gobierno tener más control sobre la banca
El proyecto de ley de instituciones del sector bancario, aprobado ayer en primera discusión por la Asamblea Nacional, aumenta el control del Gobierno sobre la banca, al definir la actividad como un servicio público, declarar las empresas de utilidad pública y sugerir que se establecerá un mínimo para la compra de bonos del Estado, entre otras disposiciones.
"Las actividades reguladas en la presente ley constituyen un servicio público y deben desarrollarse en estricto cumplimiento de la Constitución y demás normativas aplicables. Las personas jurídicas de derecho privado y los bienes de cualquier naturaleza, que permitan o sean usados para el desarrollo de tales actividades, serán considerados de utilidad pública", dice el artículo 8.
El abogado Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que la declaratoria de utilidad pública claramente tiene el propósito de facilitar la expropiación de bancos. Igual opinión manifestó el diputado Juan José Molina, de Podemos, durante el debate en la Asamblea Nacional.
Herrera también criticó la calificación de servicio público, puesto que en la práctica ha sido una herramienta del Gobierno para ejercer un dominio total sobre las empresas. "En los bancos pasará lo que sucede actualmente en las empresas de alimentos, que prácticamente no tienen ninguna autonomía porque todas sus operaciones están controladas por el Ejecutivo".
Conversión bancaria. El proyecto de ley reduce los tipos de bancos a dos: universales y microfinancieros. Esto suprime las entidades comerciales, hipotecarios, de inversión y de ahorro y préstamo. Las instituciones que operan con estas denominaciones tendrán 90 días, a partir de la entrada en vigencia de la norma, para presentar un plan de transformación.
Una fuente del sector dijo que la conversión perjudicará de manera particular a los bancos comerciales y de inversión, al obligarlos a hacer un aumento de capital –a estas entidades se les exigía menos que a las universales– y abrir una cartera hipotecaria, de la cual estaban exentos hasta ahora.
El texto legal indica que el capital mínimo para los bancos universales será de 170 millones de bolívares si son nacionales y 85 millones de bolívares si son regionales, mientras que para los microfinancieros será 35 millones de bolívares. Los montos se actualizarán cada dos años.
Auditor electo. En materia de protección de los ahorristas, además de prohibir débitos en cuentas para el cobro de créditos sin la autorización del titular y la capitalización de intereses, se otorga participación en la escogencia del auditor externo de las instituciones financieras.
El artículo 84 precisa que la asamblea de accionistas de los bancos presentará una terna de candidatos a la Superintendencia, que escogerá al auditor externo mediante "un proceso de selección que contará con la participación de por lo menos 20% de los usuarios activos con antigüedad no menor de un año".
Otra novedad del proyecto de ley es la obligatoriedad de crear un fondo social de contingencias, para garantizar las prestaciones sociales de los trabajadores, y de aportar 5% de las utilidades semestrales a financiar proyectos de los consejos comunales.
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"Las actividades reguladas en la presente ley constituyen un servicio público y deben desarrollarse en estricto cumplimiento de la Constitución y demás normativas aplicables. Las personas jurídicas de derecho privado y los bienes de cualquier naturaleza, que permitan o sean usados para el desarrollo de tales actividades, serán considerados de utilidad pública", dice el artículo 8.
El abogado Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, aseguró que la declaratoria de utilidad pública claramente tiene el propósito de facilitar la expropiación de bancos. Igual opinión manifestó el diputado Juan José Molina, de Podemos, durante el debate en la Asamblea Nacional.
Herrera también criticó la calificación de servicio público, puesto que en la práctica ha sido una herramienta del Gobierno para ejercer un dominio total sobre las empresas. "En los bancos pasará lo que sucede actualmente en las empresas de alimentos, que prácticamente no tienen ninguna autonomía porque todas sus operaciones están controladas por el Ejecutivo".
Conversión bancaria. El proyecto de ley reduce los tipos de bancos a dos: universales y microfinancieros. Esto suprime las entidades comerciales, hipotecarios, de inversión y de ahorro y préstamo. Las instituciones que operan con estas denominaciones tendrán 90 días, a partir de la entrada en vigencia de la norma, para presentar un plan de transformación.
Una fuente del sector dijo que la conversión perjudicará de manera particular a los bancos comerciales y de inversión, al obligarlos a hacer un aumento de capital –a estas entidades se les exigía menos que a las universales– y abrir una cartera hipotecaria, de la cual estaban exentos hasta ahora.
El texto legal indica que el capital mínimo para los bancos universales será de 170 millones de bolívares si son nacionales y 85 millones de bolívares si son regionales, mientras que para los microfinancieros será 35 millones de bolívares. Los montos se actualizarán cada dos años.
Auditor electo. En materia de protección de los ahorristas, además de prohibir débitos en cuentas para el cobro de créditos sin la autorización del titular y la capitalización de intereses, se otorga participación en la escogencia del auditor externo de las instituciones financieras.
El artículo 84 precisa que la asamblea de accionistas de los bancos presentará una terna de candidatos a la Superintendencia, que escogerá al auditor externo mediante "un proceso de selección que contará con la participación de por lo menos 20% de los usuarios activos con antigüedad no menor de un año".
Otra novedad del proyecto de ley es la obligatoriedad de crear un fondo social de contingencias, para garantizar las prestaciones sociales de los trabajadores, y de aportar 5% de las utilidades semestrales a financiar proyectos de los consejos comunales.
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jueves, 11 de noviembre de 2010
Intervendrán construcciones paralizadas
más de tres meses
El proyecto de ley de preventa, que ayer recibió el visto bueno definitivo de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, permite a los compradores solicitar la intervención de los desarrollos de vivienda cuya construcción se paralice más de tres meses.
La medida será aplicada por una junta interventora formada por representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el ente financista de la obra y los compradores.
La junta deberá elaborar un plan de acción para terminar y entregar la obra en la brevedad posible. "Será algo similar a lo que sucede, en la práctica, con los 33 conjuntos residenciales en construcción intervenidos por el Gobierno la semana pasada", dijo la parlamentaria Laura Valls, autora del proyecto.
Los compradores también podrán exigir al empresario una indemnización en caso de que se retrase la construcción o la entrega de las viviendas. Además, el contrato tiene que especificar la fecha de la finalización de la obra, que será prorrogable –de mutuo acuerdo y una sola vez– por seis meses.
Otro aspecto que debe quedar claro en el contrato de preventa y que no podrá ser modificado bajo ningún concepto es el precio de la vivienda, que será calculado con base en dos factores: el valor del terreno en el cual se edificará y el costo total de la obra.
El proyecto inicial establecía que se tomaría en cuenta "la utilidad legítima del productor de viviendas por su actividad empresarial" para el cálculo del precio. Valls aclaró que la modificación no suprime la ganancia, sino que la incluye en el costo.
La legislación prohíbe que los constructores exijan a los compradores pagos adicionales por costos asociados al proyecto inmobiliario o motivos fútiles. El promotor tampoco podrá quedarse con la administración del condominio de las viviendas en preventa.
Reglas claras. Valls afirmó que el objetivo de la ley no es perseguir a los empresarios ni paralizar la construcción de viviendas, sino todo lo contrario. "La idea es reactivar el mercado a través de la elaboración de reglas claras que sean conocidas por todas las partes", dijo.
Agregó que una de las causas de los problemas de los últimos años en la preventa de viviendas fue la ausencia de una normativa para regular la relación entre compradores y vendedores. "Aspiramos a que en un máximo de 15 días pueda ser sancionada", manifestó.
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La medida será aplicada por una junta interventora formada por representantes del Ministerio de Vivienda y Hábitat, el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios, el ente financista de la obra y los compradores.
La junta deberá elaborar un plan de acción para terminar y entregar la obra en la brevedad posible. "Será algo similar a lo que sucede, en la práctica, con los 33 conjuntos residenciales en construcción intervenidos por el Gobierno la semana pasada", dijo la parlamentaria Laura Valls, autora del proyecto.
Los compradores también podrán exigir al empresario una indemnización en caso de que se retrase la construcción o la entrega de las viviendas. Además, el contrato tiene que especificar la fecha de la finalización de la obra, que será prorrogable –de mutuo acuerdo y una sola vez– por seis meses.
Otro aspecto que debe quedar claro en el contrato de preventa y que no podrá ser modificado bajo ningún concepto es el precio de la vivienda, que será calculado con base en dos factores: el valor del terreno en el cual se edificará y el costo total de la obra.
El proyecto inicial establecía que se tomaría en cuenta "la utilidad legítima del productor de viviendas por su actividad empresarial" para el cálculo del precio. Valls aclaró que la modificación no suprime la ganancia, sino que la incluye en el costo.
La legislación prohíbe que los constructores exijan a los compradores pagos adicionales por costos asociados al proyecto inmobiliario o motivos fútiles. El promotor tampoco podrá quedarse con la administración del condominio de las viviendas en preventa.
Reglas claras. Valls afirmó que el objetivo de la ley no es perseguir a los empresarios ni paralizar la construcción de viviendas, sino todo lo contrario. "La idea es reactivar el mercado a través de la elaboración de reglas claras que sean conocidas por todas las partes", dijo.
Agregó que una de las causas de los problemas de los últimos años en la preventa de viviendas fue la ausencia de una normativa para regular la relación entre compradores y vendedores. "Aspiramos a que en un máximo de 15 días pueda ser sancionada", manifestó.
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Autorizaron emisión de deuda por 717,6 millones
de bolívares
La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó las condiciones de una operación de crédito público por 717,6 millones de bolívares. Se trata de pagarés que el Ministerio de Planificación y Finanzas colocará en las próximas semanas para cubrir gasto corriente.
La emisión se enmarca en la Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2010, que permite al Gobierno adquirir compromisos hasta por 45,7 millardos de bolívares. De ese monto, 77% –35,2 millardos de bolívares– será desembolsado este año.
La instancia parlamentaria también autorizó un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, por 104 millones de dólares, para financiar inversiones operativas en los sistemas de transporte masivo, y dio el visto bueno a un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 140 millones de dólares, para financiar el programa de fortalecimiento de las actividades relacionadas con manejo y disposición de desechos sólidos.
Para Caracas. Hoy se discutirán en la plenaria de la Asamblea Nacional, luego de ser aprobados ayer por la Comisión de Finanzas, 2 créditos adicionales para que el Gobierno del Distrito Capital pague aguinaldos y otros compromisos económicos con los trabajadores. La entidad recibirá 460,4 millones de bolívares.
También se debatirá el proyecto de ley especial de timbre fiscal para el Distrito Capital, que define los montos que las autoridades de la entidad podrán recaudar por este concepto.
La parlamentaria Iroshima Bravo, presidenta de la Subcomisión de Política y Administración Tributaria, indicó que la ley es para cumplir con lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el traspaso a las regiones de la recaudación por concepto de timbres fiscales.
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La emisión se enmarca en la Ley de Endeudamiento para el Ejercicio Fiscal 2010, que permite al Gobierno adquirir compromisos hasta por 45,7 millardos de bolívares. De ese monto, 77% –35,2 millardos de bolívares– será desembolsado este año.
La instancia parlamentaria también autorizó un préstamo con la Corporación Andina de Fomento, por 104 millones de dólares, para financiar inversiones operativas en los sistemas de transporte masivo, y dio el visto bueno a un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo, por 140 millones de dólares, para financiar el programa de fortalecimiento de las actividades relacionadas con manejo y disposición de desechos sólidos.
Para Caracas. Hoy se discutirán en la plenaria de la Asamblea Nacional, luego de ser aprobados ayer por la Comisión de Finanzas, 2 créditos adicionales para que el Gobierno del Distrito Capital pague aguinaldos y otros compromisos económicos con los trabajadores. La entidad recibirá 460,4 millones de bolívares.
También se debatirá el proyecto de ley especial de timbre fiscal para el Distrito Capital, que define los montos que las autoridades de la entidad podrán recaudar por este concepto.
La parlamentaria Iroshima Bravo, presidenta de la Subcomisión de Política y Administración Tributaria, indicó que la ley es para cumplir con lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el traspaso a las regiones de la recaudación por concepto de timbres fiscales.
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Productos agrícolas han subido 41,7%
El encarecimiento de los productos alimenticios se mantiene como el principal impulsor del alza del índice de precios al mayor, que aumentó 0,7% en octubre y acumuló un incremento de 21,9% en los primeros 10 meses de 2010, según el Banco Central de Venezuela.
El mes pasado, los productos que más se encarecieron en la parte intermedia de la cadena de comercialización fueron los avícolas y pecuarios, con 2,7%, y los pescados y mariscos, con 2,4%. Entre los rubros alimenticios se coló maquinarias de oficina, con un alza de 2,5%.
El incremento de precios más elevado en lo que va de 2010, en tanto, se registra en productos agrícolas (41,7%). Los alimentos procesados (20,3%) figuran en el cuarto lugar, por detrás de actividades de edición e impresión (31,7%) y aparatos eléctricos (21,3%).
En los últimos 12 meses la lista de bienes cuyo precio al mayor ha aumentado más está encabezada por actividades de edición e impresión (41,3%), pero luego le siguen productos agrícolas (40,6%), avícolas y pecuarios (26,2%) y alimentos procesados (23,6%).
A pesar de la devaluación del bolívar en enero, el aumento de los precios al mayor en los productos nacionales –0,8% en octubre y 23,3% en 2010– continúa por encima del incremento en los bienes importados, que sumó 0,4% el mes pasado para ascender a 16,6% en lo que va de año.
Economistas han dicho que el efecto de la devaluación en el precio de los productos importados no ha sido tan significativo porque la reducción de las asignaciones de Cadivi en 2008 y 2009 había obligado a buena parte a migrar al mercado paralelo.
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El mes pasado, los productos que más se encarecieron en la parte intermedia de la cadena de comercialización fueron los avícolas y pecuarios, con 2,7%, y los pescados y mariscos, con 2,4%. Entre los rubros alimenticios se coló maquinarias de oficina, con un alza de 2,5%.
El incremento de precios más elevado en lo que va de 2010, en tanto, se registra en productos agrícolas (41,7%). Los alimentos procesados (20,3%) figuran en el cuarto lugar, por detrás de actividades de edición e impresión (31,7%) y aparatos eléctricos (21,3%).
En los últimos 12 meses la lista de bienes cuyo precio al mayor ha aumentado más está encabezada por actividades de edición e impresión (41,3%), pero luego le siguen productos agrícolas (40,6%), avícolas y pecuarios (26,2%) y alimentos procesados (23,6%).
A pesar de la devaluación del bolívar en enero, el aumento de los precios al mayor en los productos nacionales –0,8% en octubre y 23,3% en 2010– continúa por encima del incremento en los bienes importados, que sumó 0,4% el mes pasado para ascender a 16,6% en lo que va de año.
Economistas han dicho que el efecto de la devaluación en el precio de los productos importados no ha sido tan significativo porque la reducción de las asignaciones de Cadivi en 2008 y 2009 había obligado a buena parte a migrar al mercado paralelo.
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miércoles, 10 de noviembre de 2010
Indicadores siguen en negativo
Aunque los indicadores adelantados –como los llamó el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes– muestran una mejoría con respecto al período anterior, todo parece indicar que la economía se mantendrá estancada este año.
Las estadísticas de crédito bancario, gasto público, generación de electricidad, y producción y venta de vehículos, entre otras, ciertamente tuvieron mejores desempeños en el trimestre de julio a septiembre que en el período de abril a junio, pero la comparación con el desempeño del año pasado todavía arroja resultados negativos.
La generación de electricidad pasó de un retroceso anualizado de 9,02% en el segundo trimestre de 2010 a una disminución de 6,84% en el tercero, según el Centro Nacional de Gestión. La producción de vehículos moderó su caída de 18,42% a 3,24%, mientras que las ventas suavizaron el descenso de 27,68% a 12,48%, según la Cámara Automotriz de Venezuela.
El gasto público se aceleró debido a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, aunque se mantiene estancado en términos reales, aseguró el economista Maxim Ross. El crédito bancario también muestra un crecimiento anualizado (13,98%, según la Superintendencia de Bancos) que está por debajo de la inflación en los últimos 12 meses.
En materia de expectativas, el panorama tampoco es favorable. La encuesta de coyuntura de Consecomercio mostró que 71,6% de los participantes anticipaba una baja en las ventas durante el tercer trimestre, contra 22,1% que esperaba un incremento. Además, 66,1% consideraba que el empleo en el sector retrocedería y 79,7% aseguraba que no realizaría inversiones.
La encuesta de coyuntura de Conindustria tuvo resultados similares, sobre todo, en materia de inversión: 75% de las grandes empresas manufactureras y 55% de las medianas aseguraron que tenía que conformarse con desembolsar los recursos necesarios para mantenerse operativas, mientras que 58% de las pequeñas industrias ni siquiera estaba en capacidad de invertir en eso.
Cambio de tendencia. Más allá de lo que muestran los indicadores sectoriales, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, insistió en que la economía revirtió el rumbo decreciente en el cuarto trimestre de 2009, cuando tocó fondo con una caída de 5,8%. Recordó que a partir de entonces los retrocesos han sido menores: 5,2% de enero a marzo y 1,9% de abril a junio.
"Ya la tendencia cambió. Eso es lo que no puede aceptar la oposición", dijo Giordani la semana pasada durante su exposición en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre los ingresos de 2011. Y aunque no dio pronósticos sobre el cierre de 2010, sí defendió la meta de expansión del próximo año: "Probablemente el crecimiento será mayor a 2%".
Merentes –que participó en la sesión como invitado– se limitó a decir que los indicadores adelantados del tercer trimestre revelan que actividades como el comercio y la manufactura reaccionaron mejor que en el segundo. Admitió, sin embargo, que todavía hay sectores que se mantienen con problemas, pero no especificó cuáles.
Economistas admiten que hubo un cambio de tendencia, pero dudan que sea suficiente para que Venezuela retome la senda del crecimiento en 2010. "Hay un pequeño repunte comparado con el trimestre anterior, lo cual nos hizo cambiar un poco la estimación para el año, pero aún consideramos que el cierre será negativo", afirmó Maxim Ross.
El especialista agregó que el crecimiento experimentado durante 2010 por el gasto público y el crédito bancario –principales fuentes de financiamiento de la actividad económica– es insuficiente para salir de la recesión. "El primero se mueve al ritmo de la inflación, mientras que el segundo mantiene resultados negativos en términos reales".
José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y ex gerente del BCV, afirmó que no hay una recuperación firme sino un estancamiento. Señaló que la expansión sería mayor si la política económica gubernamental fuese un poco más coherente, principalmente en lo que se refiere a expropiaciones y régimen cambiario.
Guerra advirtió que el pronóstico de los resultados del tercer trimestre sería más fácil si el BCV publicara cada mes –como hacía antes– los datos de comercio e industria, que representan 30% del PIB. A la fecha, sólo están disponibles las cifras hasta junio. "Son 3 meses de retraso. Emplazo al presidente del ente emisor a que publique las estadísticas actualizadas".
Sobre la credibilidad de los datos que publica el BCV, que ha sido cuestionada por algunos especialistas, Guerra indicó que el problema está en otra parte: las empresas estatales –cada vez más numerosas– que proveen al ente emisor información poco confiable sobre su producción.
Publicado en El Nacional
Las estadísticas de crédito bancario, gasto público, generación de electricidad, y producción y venta de vehículos, entre otras, ciertamente tuvieron mejores desempeños en el trimestre de julio a septiembre que en el período de abril a junio, pero la comparación con el desempeño del año pasado todavía arroja resultados negativos.
La generación de electricidad pasó de un retroceso anualizado de 9,02% en el segundo trimestre de 2010 a una disminución de 6,84% en el tercero, según el Centro Nacional de Gestión. La producción de vehículos moderó su caída de 18,42% a 3,24%, mientras que las ventas suavizaron el descenso de 27,68% a 12,48%, según la Cámara Automotriz de Venezuela.
El gasto público se aceleró debido a las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, aunque se mantiene estancado en términos reales, aseguró el economista Maxim Ross. El crédito bancario también muestra un crecimiento anualizado (13,98%, según la Superintendencia de Bancos) que está por debajo de la inflación en los últimos 12 meses.
En materia de expectativas, el panorama tampoco es favorable. La encuesta de coyuntura de Consecomercio mostró que 71,6% de los participantes anticipaba una baja en las ventas durante el tercer trimestre, contra 22,1% que esperaba un incremento. Además, 66,1% consideraba que el empleo en el sector retrocedería y 79,7% aseguraba que no realizaría inversiones.
La encuesta de coyuntura de Conindustria tuvo resultados similares, sobre todo, en materia de inversión: 75% de las grandes empresas manufactureras y 55% de las medianas aseguraron que tenía que conformarse con desembolsar los recursos necesarios para mantenerse operativas, mientras que 58% de las pequeñas industrias ni siquiera estaba en capacidad de invertir en eso.
Cambio de tendencia. Más allá de lo que muestran los indicadores sectoriales, el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, insistió en que la economía revirtió el rumbo decreciente en el cuarto trimestre de 2009, cuando tocó fondo con una caída de 5,8%. Recordó que a partir de entonces los retrocesos han sido menores: 5,2% de enero a marzo y 1,9% de abril a junio.
"Ya la tendencia cambió. Eso es lo que no puede aceptar la oposición", dijo Giordani la semana pasada durante su exposición en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional sobre los ingresos de 2011. Y aunque no dio pronósticos sobre el cierre de 2010, sí defendió la meta de expansión del próximo año: "Probablemente el crecimiento será mayor a 2%".
Merentes –que participó en la sesión como invitado– se limitó a decir que los indicadores adelantados del tercer trimestre revelan que actividades como el comercio y la manufactura reaccionaron mejor que en el segundo. Admitió, sin embargo, que todavía hay sectores que se mantienen con problemas, pero no especificó cuáles.
Economistas admiten que hubo un cambio de tendencia, pero dudan que sea suficiente para que Venezuela retome la senda del crecimiento en 2010. "Hay un pequeño repunte comparado con el trimestre anterior, lo cual nos hizo cambiar un poco la estimación para el año, pero aún consideramos que el cierre será negativo", afirmó Maxim Ross.
El especialista agregó que el crecimiento experimentado durante 2010 por el gasto público y el crédito bancario –principales fuentes de financiamiento de la actividad económica– es insuficiente para salir de la recesión. "El primero se mueve al ritmo de la inflación, mientras que el segundo mantiene resultados negativos en términos reales".
José Guerra, director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y ex gerente del BCV, afirmó que no hay una recuperación firme sino un estancamiento. Señaló que la expansión sería mayor si la política económica gubernamental fuese un poco más coherente, principalmente en lo que se refiere a expropiaciones y régimen cambiario.
Guerra advirtió que el pronóstico de los resultados del tercer trimestre sería más fácil si el BCV publicara cada mes –como hacía antes– los datos de comercio e industria, que representan 30% del PIB. A la fecha, sólo están disponibles las cifras hasta junio. "Son 3 meses de retraso. Emplazo al presidente del ente emisor a que publique las estadísticas actualizadas".
Sobre la credibilidad de los datos que publica el BCV, que ha sido cuestionada por algunos especialistas, Guerra indicó que el problema está en otra parte: las empresas estatales –cada vez más numerosas– que proveen al ente emisor información poco confiable sobre su producción.
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martes, 9 de noviembre de 2010
Reanudan construcción en El Encantado-Humboldt
Mientras voceros oficiales anuncian medidas como aseguramiento de bienes contra constructoras y promotoras que cometieron irregularidades, en varios de los desarrollos residenciales intervenidos intentan retomar el ritmo de construcción y de entrega bajo la supervisión del Indepabis.
En el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en Macaracuay, ya se reanudaron las obras luego de paralizarse durante el primer día de ocupación gubernamental de los edificios que faltan por construir, informó Alfonso Ávila, representante de la Promotora Yuruari.
El desarrollo cuenta con 13 edificios y 1.300 apartamentos. Al momento de la intervención había 3 edificios listos y 87 apartamentos protocolizados, precisó Ávila. Los cálculos de la empresa apuntaban a que la totalidad del conjunto iba a concluirse en el último trimestre de 2011.
En Terrazas de Guaicoco todos los edificios están listos y la gran mayoría de los apartamentos ha sido entregado a sus dueños. Sólo quedaba pendiente la protocolización de 200 inmuebles pertenecientes a la última etapa, informó una fuente vinculada a los constructores del urbanismo.
En el conjunto residencial El Fortín, en la urbanización Casarapa de Guarenas, se han entregado 14 de 20 torres, dijeron fuentes del sector. Hay 2 más que están listas para ser habitadas, mientras que a las otras 4 les faltan elementos como ascensores y ventanas.
En ambos casos las fuentes admitieron que hubo retrasos en la construcción de los edificios, debido a problemas con el suministro de insumos como cemento, pero aseguraron que nunca se paralizaron las obras.
A protocolizar. Ávila señaló que la relación con los funcionarios del Indepabis encargados de supervisar El Encantado Humboldt ha sido cordial. "Le hemos proporcionado toda la información que han solicitado sobre cuentas bancarias, contratos y nómina. Estamos aquí dando la cara".
El promotor no mete las manos en el fuego por el resto de los desarrollos intervenidos, pero espera que el Gobierno rectifique en su caso. "No tenemos retrasos y no hemos especulado contra nadie. 99% de los propietarios rechaza la medida".
Lo más importante, según Ávila, es que el Indepabis autorice la reanudación de las firmas –suspendida por las intervenciones– para que los propietarios de los 200 apartamentos que faltan por entregar en los edificios terminados puedan recibir su llave.
Las fuentes de Terrazas de Guaicoco y El Fortín coinciden en la necesidad de que se permita a los compradores protocolizar. El vicepresidente ejecutivo Elías Jaua dijo el domingo que los apartamentos listos para habitar serán entregados en los próximos días.
Publicado en El Nacional
En el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en Macaracuay, ya se reanudaron las obras luego de paralizarse durante el primer día de ocupación gubernamental de los edificios que faltan por construir, informó Alfonso Ávila, representante de la Promotora Yuruari.
El desarrollo cuenta con 13 edificios y 1.300 apartamentos. Al momento de la intervención había 3 edificios listos y 87 apartamentos protocolizados, precisó Ávila. Los cálculos de la empresa apuntaban a que la totalidad del conjunto iba a concluirse en el último trimestre de 2011.
En Terrazas de Guaicoco todos los edificios están listos y la gran mayoría de los apartamentos ha sido entregado a sus dueños. Sólo quedaba pendiente la protocolización de 200 inmuebles pertenecientes a la última etapa, informó una fuente vinculada a los constructores del urbanismo.
En el conjunto residencial El Fortín, en la urbanización Casarapa de Guarenas, se han entregado 14 de 20 torres, dijeron fuentes del sector. Hay 2 más que están listas para ser habitadas, mientras que a las otras 4 les faltan elementos como ascensores y ventanas.
En ambos casos las fuentes admitieron que hubo retrasos en la construcción de los edificios, debido a problemas con el suministro de insumos como cemento, pero aseguraron que nunca se paralizaron las obras.
A protocolizar. Ávila señaló que la relación con los funcionarios del Indepabis encargados de supervisar El Encantado Humboldt ha sido cordial. "Le hemos proporcionado toda la información que han solicitado sobre cuentas bancarias, contratos y nómina. Estamos aquí dando la cara".
El promotor no mete las manos en el fuego por el resto de los desarrollos intervenidos, pero espera que el Gobierno rectifique en su caso. "No tenemos retrasos y no hemos especulado contra nadie. 99% de los propietarios rechaza la medida".
Lo más importante, según Ávila, es que el Indepabis autorice la reanudación de las firmas –suspendida por las intervenciones– para que los propietarios de los 200 apartamentos que faltan por entregar en los edificios terminados puedan recibir su llave.
Las fuentes de Terrazas de Guaicoco y El Fortín coinciden en la necesidad de que se permita a los compradores protocolizar. El vicepresidente ejecutivo Elías Jaua dijo el domingo que los apartamentos listos para habitar serán entregados en los próximos días.
Publicado en El Nacional
domingo, 7 de noviembre de 2010
Leyes facilitan intervención estatal en el sector vivienda
Luego de que el Gobierno tomó medidas contra 33 conjuntos residenciales privados en construcción –expropió 6, ocupó 8 y multó 19– el domingo pasado, la Asamblea Nacional anunció que acelerará la discusión de proyectos pendientes como la ley de preventa y la reforma de la Ley de Arrendamientos para atender el problema de la vivienda.
Pero los cambios propuestos hasta ahora en ambos instrumentos legales distan de ser un estímulo para la reactivación del sector, han advertido empresarios y especialistas. Por el contrario, pueden agudizar la caída experimentada desde 2008 al reafirmar las posibilidades del Ejecutivo de intervenir desarrollos en construcción e inmuebles en alquiler.
El proyecto de Ley de Preventa –aprobado por el Parlamento en primera discusión en enero de 2010 y actualmente en manos de la Comisión de Administración y Servicios, que espera devolverlo a la plenaria la semana próxima– refuerza la facultad del Gobierno para ocupar las obras residenciales cuya edificación esté paralizada.
"Los organismos competentes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista", establece el artículo 20.
La acción oficial podrá ser requerida al Ministerio de Vivienda y Hábitat por los compradores que consideren que la constructora incumplió sus obligaciones. "Podrán denunciar todo lo que tenga que ver con la violación de la presente ley, pudiendo, de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras", estipula el artículo 19.
Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la UCV, considera que el poder de intervención que otorga la ley de preventa es muy amplio: "El Estado podrá disponer tanto de los bienes en construcción como de las maquinarias que se usan para tal fin, sin trámite de expropiación ni otra figura legítima de adquisición de la propiedad".
A su juicio, la normativa atenta contra el derecho al debido proceso y a la defensa, pues no ordena una investigación previa para determinar las causas del retraso en la construcción. "Creo que se le puede hacer la misma crítica que a la reforma de la Ley de Contrataciones", dijo.
Agregó que la legislación coloca toda la responsabilidad en el sector privado, cuando los permisos y buena parte de los materiales que necesitan los constructores dependen de organismos gubernamentales. "¿Cómo se determinará si el retraso es culpa del empresario o del Estado como proveedor y regulador?".
Juicios justos. Pero la facultad que otorga al Estado para intervenir obras en construcción no es, según Herrera, lo más grave de la ley de preventa. Después de todo, la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios ya permite ejecutar ese tipo de medidas.
Herrera afirmó que lo peor de la normativa es que suprime la libertad de contratación, al menos en materia de viviendas en construcción. "La mayor parte de los artículos se refieren a los términos del contrato de una manera bastante exhaustiva y reguladora. Básicamente no hay nada que quede sujeto a la posibilidad de negociación entre las partes".
Agregó que en sectores como la vivienda se justifican regulaciones especiales para evitar abusos contra los más débiles desde el punto de vista jurídico, que en este caso son los compradores, pero considera que la legislación propuesta por el Gobierno decide por los ciudadanos. "La empresa ni siquiera puede establecer el monto de su ganancia".
Algo similar sucede con la reforma de la Ley de Arrendamientos. Aunque el proyecto aprobado en primera discusión en 2007 se centra en hacer más justos los juicios inmobiliarios, al establecer audiencias orales con la presencia de los involucrados, los anuncios de funcionarios en los últimos meses apuntan a reducir el poder de decisión de las personas.
El presidente Hugo Chávez y diputados de la Asamblea Nacional han hablado de medidas como suspender los juicios inmobiliarios, prohibir los desalojos de inquilinos y forzar la venta de las viviendas alquiladas desde hace muchos años. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos denunció que eso atentaría contra el artículo 115 de la Constitución.
Roberto Orta, presidente de Apiur, expresó que la carta magna garantiza el derecho a disponer de la propiedad, algo que sería imposible para los dueños de viviendas arrendadas al eliminarse los mecanismos establecidos en la legislación para recuperar sus inmuebles cuando los necesiten.
Publicado en El Nacional
Pero los cambios propuestos hasta ahora en ambos instrumentos legales distan de ser un estímulo para la reactivación del sector, han advertido empresarios y especialistas. Por el contrario, pueden agudizar la caída experimentada desde 2008 al reafirmar las posibilidades del Ejecutivo de intervenir desarrollos en construcción e inmuebles en alquiler.
El proyecto de Ley de Preventa –aprobado por el Parlamento en primera discusión en enero de 2010 y actualmente en manos de la Comisión de Administración y Servicios, que espera devolverlo a la plenaria la semana próxima– refuerza la facultad del Gobierno para ocupar las obras residenciales cuya edificación esté paralizada.
"Los organismos competentes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista", establece el artículo 20.
La acción oficial podrá ser requerida al Ministerio de Vivienda y Hábitat por los compradores que consideren que la constructora incumplió sus obligaciones. "Podrán denunciar todo lo que tenga que ver con la violación de la presente ley, pudiendo, de considerarlo necesario, solicitar la intervención de las construcciones y obras", estipula el artículo 19.
Luis Alfonso Herrera, profesor de Derecho Administrativo de la UCV, considera que el poder de intervención que otorga la ley de preventa es muy amplio: "El Estado podrá disponer tanto de los bienes en construcción como de las maquinarias que se usan para tal fin, sin trámite de expropiación ni otra figura legítima de adquisición de la propiedad".
A su juicio, la normativa atenta contra el derecho al debido proceso y a la defensa, pues no ordena una investigación previa para determinar las causas del retraso en la construcción. "Creo que se le puede hacer la misma crítica que a la reforma de la Ley de Contrataciones", dijo.
Agregó que la legislación coloca toda la responsabilidad en el sector privado, cuando los permisos y buena parte de los materiales que necesitan los constructores dependen de organismos gubernamentales. "¿Cómo se determinará si el retraso es culpa del empresario o del Estado como proveedor y regulador?".
Juicios justos. Pero la facultad que otorga al Estado para intervenir obras en construcción no es, según Herrera, lo más grave de la ley de preventa. Después de todo, la Ley de Defensa a las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios ya permite ejecutar ese tipo de medidas.
Herrera afirmó que lo peor de la normativa es que suprime la libertad de contratación, al menos en materia de viviendas en construcción. "La mayor parte de los artículos se refieren a los términos del contrato de una manera bastante exhaustiva y reguladora. Básicamente no hay nada que quede sujeto a la posibilidad de negociación entre las partes".
Agregó que en sectores como la vivienda se justifican regulaciones especiales para evitar abusos contra los más débiles desde el punto de vista jurídico, que en este caso son los compradores, pero considera que la legislación propuesta por el Gobierno decide por los ciudadanos. "La empresa ni siquiera puede establecer el monto de su ganancia".
Algo similar sucede con la reforma de la Ley de Arrendamientos. Aunque el proyecto aprobado en primera discusión en 2007 se centra en hacer más justos los juicios inmobiliarios, al establecer audiencias orales con la presencia de los involucrados, los anuncios de funcionarios en los últimos meses apuntan a reducir el poder de decisión de las personas.
El presidente Hugo Chávez y diputados de la Asamblea Nacional han hablado de medidas como suspender los juicios inmobiliarios, prohibir los desalojos de inquilinos y forzar la venta de las viviendas alquiladas desde hace muchos años. La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos denunció que eso atentaría contra el artículo 115 de la Constitución.
Roberto Orta, presidente de Apiur, expresó que la carta magna garantiza el derecho a disponer de la propiedad, algo que sería imposible para los dueños de viviendas arrendadas al eliminarse los mecanismos establecidos en la legislación para recuperar sus inmuebles cuando los necesiten.
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sábado, 6 de noviembre de 2010
Exigen carta de consejo comunal para adjudicar viviendas
Entre los ciudadanos que acuden al Viceministerio de Articulación Social del Ministerio de Vivienda, en la antigua sede del Conavi en Las Mercedes, las quejas principales son la espera prolongada para recibir una casa y los cambios frecuentes en los requisitos. La más reciente modificación es la exigencia de una carta del consejo comunal que certifique la necesidad de vivienda de la persona.
Carmen Altuve, que vive alquilada con sus dos hijos en Brisas de Propatria, asegura que aunque su caso es conocido por las autoridades desde 2004 –cuando participó en el censo del Fondo de Desarrollo Urbano– hace dos meses le pidieron una constancia del consejo comunal para comprobar su condición de inquilina.
A Rafael Rodríguez, que habita junto con su mamá una casa en la carretera a Los Teques que resultó afectada por la construcción del Metro, también le exigieron una carta del consejo comunal que diera fe del problema, a pesar de que ingenieros de la empresa estatal comprobaron en 2005 los daños en la vivienda.
Rodríguez dijo que en principio la compañía Metro de Los Teques se encargó de inspeccionar las edificaciones afectadas y censar a quienes vivían en ellas, pero luego pasaron el caso al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Lamentó que en los cinco años transcurridos desde que ocurrió el percance no ha recibido una respuesta. "Siempre dicen que falta algún requisito", señaló.
Altuve, que acude una vez al mes al viceministerio para conocer el estatus de su caso, cree que la solicitud de otros requerimientos es una estrategia de los organismos gubernamentales ante la imposibilidad de brindar una solución a las personas. "Hay que tener mucha suerte o buena palanca para que te asignen una vivienda", expresó.
Quejas sin respuesta. Yureima Adams, vocera del consejo comunal del sector Bermúdez 2, en Coche, denunció que 21 familias damnificadas por las lluvias a mediados de año permanecen en refugios porque la viceministra de Articulación Social, Egla Rengifo, no ha cumplido la promesa de asignarles viviendas en la urbanización Cacique Tiuna.
Adams mostró una carta, fechada el 10 de septiembre de 2010, en la que se promete reubicar a los damnificados y a otras 50 familias que permanecen en viviendas de alto riesgo. Lamentó que sus quejas no han sido escuchadas, a pesar de que entregaron misivas al presidente Hugo Chávez y al vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.
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Carmen Altuve, que vive alquilada con sus dos hijos en Brisas de Propatria, asegura que aunque su caso es conocido por las autoridades desde 2004 –cuando participó en el censo del Fondo de Desarrollo Urbano– hace dos meses le pidieron una constancia del consejo comunal para comprobar su condición de inquilina.
A Rafael Rodríguez, que habita junto con su mamá una casa en la carretera a Los Teques que resultó afectada por la construcción del Metro, también le exigieron una carta del consejo comunal que diera fe del problema, a pesar de que ingenieros de la empresa estatal comprobaron en 2005 los daños en la vivienda.
Rodríguez dijo que en principio la compañía Metro de Los Teques se encargó de inspeccionar las edificaciones afectadas y censar a quienes vivían en ellas, pero luego pasaron el caso al Ministerio de Vivienda y Hábitat. Lamentó que en los cinco años transcurridos desde que ocurrió el percance no ha recibido una respuesta. "Siempre dicen que falta algún requisito", señaló.
Altuve, que acude una vez al mes al viceministerio para conocer el estatus de su caso, cree que la solicitud de otros requerimientos es una estrategia de los organismos gubernamentales ante la imposibilidad de brindar una solución a las personas. "Hay que tener mucha suerte o buena palanca para que te asignen una vivienda", expresó.
Quejas sin respuesta. Yureima Adams, vocera del consejo comunal del sector Bermúdez 2, en Coche, denunció que 21 familias damnificadas por las lluvias a mediados de año permanecen en refugios porque la viceministra de Articulación Social, Egla Rengifo, no ha cumplido la promesa de asignarles viviendas en la urbanización Cacique Tiuna.
Adams mostró una carta, fechada el 10 de septiembre de 2010, en la que se promete reubicar a los damnificados y a otras 50 familias que permanecen en viviendas de alto riesgo. Lamentó que sus quejas no han sido escuchadas, a pesar de que entregaron misivas al presidente Hugo Chávez y al vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua.
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viernes, 5 de noviembre de 2010
"La firma de nuevos contratos fue avalada
por el Indepabis"
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, reiteró el rechazo del gremio a la decisión gubernamental de intervenir 33 conjuntos residenciales privados en construcción. "Este tipo de decisiones son muy distorsionantes", dijo.
Martini no descartó que haya empresas que actuaron de manera irregular, pero aseguró que la firma de nuevos contratos que tomaban en cuenta el aumento de los costos durante el período de edificación de la vivienda no representa una práctica indebida o ilegal.
"En las leyes venezolanas existe el llamado derecho del príncipe, que permite renegociar un contrato cuando los términos cambian por razones ajenas a las partes que lo firmaron. Eso fue lo que se hizo con los suscritos antes de julio de 2009, cuando se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor".
Recordó que, según la información proporcionada por los constructores afectados, la mayoría de los compradores aceptó la renegociación del contrato. Agregó que la firma de los nuevos documentos contó con la aprobación del Indepabis, organismo que intermedió en buena parte de los casos.
Martini aclaró que el gremio no avala el cobro de IPC después de la resolución 110. "Estemos o no de acuerdo con la medida, tenemos que cumplirla porque es la ley". Pero insistió en que la renegociación entre las partes para cambiar el contrato original es válida.
Sobre el retraso en la construcción de los desarrollos o en la entrega de los apartamentos, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para intervenir los conjuntos residenciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no siempre es responsabilidad de la constructora.
Mencionó que durante los últimos años se han alargado los tiempos de espera por razones como el retraso en la entrega de permisos, los problemas con el suministro de insumos (cabillas y cementos), la tardanza en la aprobación de los créditos bancarios y las limitaciones en los registros.
Menos viviendas. A la Cámara Inmobiliaria lo que más le preocupa es el efecto negativo que tendrán las medidas en la construcción residencial, pues dificultará reducir el déficit de 2 millones de viviendas.
Martini señaló que incluso en el caso de que el Gobierno entregue los apartamentos a los compradores, el daño hecho por la medida será difícil de revertir. "Quizás resolveremos el problema de un porcentaje minúsculo, pero también habremos inoculado mayor desconfianza en nuestro país".
Agregó que la única forma de resolver el déficit de es con un pacto nacional que reúna a todos los actores involucrados. "Una vez más, la Cámara Inmobiliaria pone a disposición del país sus ideas y su deseo inquebrantable de ser parte activa de la solución a los problemas que nos aquejan".
Publicado en El Nacional
Martini no descartó que haya empresas que actuaron de manera irregular, pero aseguró que la firma de nuevos contratos que tomaban en cuenta el aumento de los costos durante el período de edificación de la vivienda no representa una práctica indebida o ilegal.
"En las leyes venezolanas existe el llamado derecho del príncipe, que permite renegociar un contrato cuando los términos cambian por razones ajenas a las partes que lo firmaron. Eso fue lo que se hizo con los suscritos antes de julio de 2009, cuando se prohibió el cobro del índice de precios al consumidor".
Recordó que, según la información proporcionada por los constructores afectados, la mayoría de los compradores aceptó la renegociación del contrato. Agregó que la firma de los nuevos documentos contó con la aprobación del Indepabis, organismo que intermedió en buena parte de los casos.
Martini aclaró que el gremio no avala el cobro de IPC después de la resolución 110. "Estemos o no de acuerdo con la medida, tenemos que cumplirla porque es la ley". Pero insistió en que la renegociación entre las partes para cambiar el contrato original es válida.
Sobre el retraso en la construcción de los desarrollos o en la entrega de los apartamentos, otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para intervenir los conjuntos residenciales, el presidente de la Cámara Inmobiliaria indicó que no siempre es responsabilidad de la constructora.
Mencionó que durante los últimos años se han alargado los tiempos de espera por razones como el retraso en la entrega de permisos, los problemas con el suministro de insumos (cabillas y cementos), la tardanza en la aprobación de los créditos bancarios y las limitaciones en los registros.
Menos viviendas. A la Cámara Inmobiliaria lo que más le preocupa es el efecto negativo que tendrán las medidas en la construcción residencial, pues dificultará reducir el déficit de 2 millones de viviendas.
Martini señaló que incluso en el caso de que el Gobierno entregue los apartamentos a los compradores, el daño hecho por la medida será difícil de revertir. "Quizás resolveremos el problema de un porcentaje minúsculo, pero también habremos inoculado mayor desconfianza en nuestro país".
Agregó que la única forma de resolver el déficit de es con un pacto nacional que reúna a todos los actores involucrados. "Una vez más, la Cámara Inmobiliaria pone a disposición del país sus ideas y su deseo inquebrantable de ser parte activa de la solución a los problemas que nos aquejan".
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Gobierno comenzará a entregar viviendas
En los conjuntos residenciales intervenidos por el Gobierno desde el domingo hay 460 apartamentos concluidos que serán entregados a sus propietarios en los próximos días, informó el ministro de Comercio, Richard Canán.
El funcionario agregó que el Ministerio de Vivienda y Hábitat continúa en la labor de determinación del estatus de cada uno de los urbanismos, con el fin de emprender las acciones necesarias para culminarlos.
El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, afirmó que las intervenciones no tienen vuelta atrás. "La medida es irreversible. Era nuestro deber proteger a centenares de familias estafadas por las constructoras".
Jaua ratificó que los apartamentos serán entregados a sus propietarios, para los que exigió respeto. "Es lamentable ver a dirigentes de la oposición que llaman lambucios a estas personas que tienen hasta diez años esperando".
El Indepabis y la Fiscalía, en tanto, instalaron una mesa de trabajo para recibir denuncias y garantizar que las personas que firmaron opciones de compra-venta puedan obtener el documento de propiedad.
Nelson Mejías, representante de la Fiscalía, explicó que para la protocolización es necesario obtener una certificación que emite el Indepabis y verificar que el crédito bancario corresponda al monto por pagar y no a cuotas por índice de precios al consumidor.
Publicado en El Nacional
El funcionario agregó que el Ministerio de Vivienda y Hábitat continúa en la labor de determinación del estatus de cada uno de los urbanismos, con el fin de emprender las acciones necesarias para culminarlos.
El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, afirmó que las intervenciones no tienen vuelta atrás. "La medida es irreversible. Era nuestro deber proteger a centenares de familias estafadas por las constructoras".
Jaua ratificó que los apartamentos serán entregados a sus propietarios, para los que exigió respeto. "Es lamentable ver a dirigentes de la oposición que llaman lambucios a estas personas que tienen hasta diez años esperando".
El Indepabis y la Fiscalía, en tanto, instalaron una mesa de trabajo para recibir denuncias y garantizar que las personas que firmaron opciones de compra-venta puedan obtener el documento de propiedad.
Nelson Mejías, representante de la Fiscalía, explicó que para la protocolización es necesario obtener una certificación que emite el Indepabis y verificar que el crédito bancario corresponda al monto por pagar y no a cuotas por índice de precios al consumidor.
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jueves, 4 de noviembre de 2010
Giordani: La economía crecerá más de 2%
El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, defendió las premisas macroeconómicas utilizadas por el Ejecutivo para elaborar el presupuesto de 2011, en el primer debate sobre el documento en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional.
Giordani afirmó que el producto interno bruto comenzó a recuperarse luego de tocar fondo en el primer trimestre de 2010 con una caída de 5,8%. "Ya la tendencia cambió. Probablemente el crecimiento será superior a 2%", dijo en referencia al incremento calculado en el presupuesto.
Agregó que el precio del petróleo se mantuvo en 40 dólares por barril no sólo por prudencia ante la volatilidad del mercado, sino también para comenzar a cambiar el modelo rentista por uno productivo. "La idea es que la mayoría de los ingresos provengan de la actividad económica interna".
El ministro negó que calcular el precio petrolero por debajo del promedio real perjudique a gobernaciones y alcaldías. "Hasta el último centavo de los ingresos excedentarios ha sido distribuido a las regiones a través de los créditos adicionales que aprueba la AN".
El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, informó que el instituto emisor trabaja en nuevas formas de medición que tomen más en cuenta el aspecto social. Aclaró que esos indicadores no sustituirán los actuales, sino que los complementarán. "La idea es dar más información".
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Giordani afirmó que el producto interno bruto comenzó a recuperarse luego de tocar fondo en el primer trimestre de 2010 con una caída de 5,8%. "Ya la tendencia cambió. Probablemente el crecimiento será superior a 2%", dijo en referencia al incremento calculado en el presupuesto.
Agregó que el precio del petróleo se mantuvo en 40 dólares por barril no sólo por prudencia ante la volatilidad del mercado, sino también para comenzar a cambiar el modelo rentista por uno productivo. "La idea es que la mayoría de los ingresos provengan de la actividad económica interna".
El ministro negó que calcular el precio petrolero por debajo del promedio real perjudique a gobernaciones y alcaldías. "Hasta el último centavo de los ingresos excedentarios ha sido distribuido a las regiones a través de los créditos adicionales que aprueba la AN".
El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, informó que el instituto emisor trabaja en nuevas formas de medición que tomen más en cuenta el aspecto social. Aclaró que esos indicadores no sustituirán los actuales, sino que los complementarán. "La idea es dar más información".
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Expropiaciones ponen en riesgo culminación
de 52.500 viviendas
De las 70.000 viviendas en construcción que hay actualmente en el país, unas previstas para culminar este año y otras en 2011, se calcula que 75% (52.500) está en manos del sector privado y corren el riesgo de medidas similares a las que dictó el presidente Chávez el domingo sobre 33 conjuntos residenciales, dijo el titular de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini.
"Nada hace pensar que estas viviendas no correrán la misma suerte que los desarrollos habitacionales afectados el domingo". Agregó que para sancionar el supuesto cobro ilegal de cuotas atadas al índice de precios al consumidor, en el marco jurídico hay soluciones distintas a las que tomó el Gobierno.
Martini señaló que las medidas, además de incidir directamente en los inmuebles afectados, perjudicarán todo el sector inmobiliario. "La actividad se contraerá. ¿Quién va a querer construir o invertir en un proyecto habitacional con este panorama?", se preguntó.
Promesa incumplida. Los voceros oficiales han dicho que los compradores de los conjuntos residenciales afectados por las medidas gubernamentales deben estar tranquilos porque el Ejecutivo se encargará de terminar los desarrollos y entregar los inmuebles.
La pregunta que se hacen muchos compradores es cuándo se concretará esa promesa. Sobre todo por el antecedente del conjunto residencial La Avileña, tomado por el Gobierno en agosto porque la constructora pertenecía al Banco Federal, intervenido en junio.
"Les aseguro que le vamos a cumplir a todas las familias afectadas", prometió Chávez en el Aló, Presidente del 8 de agosto. "Ya instruí al ministro de Vivienda y Hábitat para terminar lo más rápido que se pueda. Él dice que en dos o tres meses".
El 24 de septiembre la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de 5 millones de bolívares para que el Ministerio de Vivienda y Hábitat culminara la obra. Ese día se informó que los apartamentos de las torres 3 y 4 con 97% de avance al ser intervenidos comenzarían a entregarse el 19 de octubre.
A dos semanas de la fecha prometida, todavía no se ha entregado el primer inmueble. En La Avileña, los obreros aseguraron que continuaban con las labores de construcción, sin embargo, lo único que se percibió fue movimiento de tierras.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo y Luzangelly Medina
Publicado en El Nacional
"Nada hace pensar que estas viviendas no correrán la misma suerte que los desarrollos habitacionales afectados el domingo". Agregó que para sancionar el supuesto cobro ilegal de cuotas atadas al índice de precios al consumidor, en el marco jurídico hay soluciones distintas a las que tomó el Gobierno.
Martini señaló que las medidas, además de incidir directamente en los inmuebles afectados, perjudicarán todo el sector inmobiliario. "La actividad se contraerá. ¿Quién va a querer construir o invertir en un proyecto habitacional con este panorama?", se preguntó.
Promesa incumplida. Los voceros oficiales han dicho que los compradores de los conjuntos residenciales afectados por las medidas gubernamentales deben estar tranquilos porque el Ejecutivo se encargará de terminar los desarrollos y entregar los inmuebles.
La pregunta que se hacen muchos compradores es cuándo se concretará esa promesa. Sobre todo por el antecedente del conjunto residencial La Avileña, tomado por el Gobierno en agosto porque la constructora pertenecía al Banco Federal, intervenido en junio.
"Les aseguro que le vamos a cumplir a todas las familias afectadas", prometió Chávez en el Aló, Presidente del 8 de agosto. "Ya instruí al ministro de Vivienda y Hábitat para terminar lo más rápido que se pueda. Él dice que en dos o tres meses".
El 24 de septiembre la Asamblea Nacional aprobó un crédito adicional de 5 millones de bolívares para que el Ministerio de Vivienda y Hábitat culminara la obra. Ese día se informó que los apartamentos de las torres 3 y 4 con 97% de avance al ser intervenidos comenzarían a entregarse el 19 de octubre.
A dos semanas de la fecha prometida, todavía no se ha entregado el primer inmueble. En La Avileña, los obreros aseguraron que continuaban con las labores de construcción, sin embargo, lo único que se percibió fue movimiento de tierras.
Escrito junto con Carmen Sofía Alfonzo y Luzangelly Medina
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Trabajadores de Sidetur continuarán protestas
Trabajadores de la Siderúrgica del Turbio manifestaron ayer en la planta de Antímano, junto con vecinos de Carapita y La Yaguara, para rechazar la expropiación. "Continuaremos con las protestas contra la medida, porque es arbitraria y absurda", dijo Claudia Tepedino, empleada de Sidetur.
Agregó que no entienden las razones de la expropiación porque el Estado ya controlaba una parte importante del mercado. "Con la compra de Sidor, la planta de más producción, no había necesidad de tomar medidas contra Sidetur".
La planta de Antímano ayer fue sometida a una medida de ocupación temporal e intervención administrativa por parte del Indepabis. Sidetur rechazó en un comunicado la decisión porque carece de fundamentos legales.
La empresa afirma que el Indepabis basó su decisión en un recorrido que hizo 20 minutos antes de que comenzara el turno de trabajo del lunes, mientras los trabajadores estaban reunidos en asamblea con funcionarios del Gobierno para evaluar la expropiación.
Fitch Ratings, en tanto, colocó "en revisión con implicaciones negativas" la calificación de Sidetur. "La decisión refleja la incertidumbre sobre el momento exacto en que será completada la nacionalización y la incidencia del proceso en las operaciones de la empresa", dijo la firma, reseñó Reuters.
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Agregó que no entienden las razones de la expropiación porque el Estado ya controlaba una parte importante del mercado. "Con la compra de Sidor, la planta de más producción, no había necesidad de tomar medidas contra Sidetur".
La planta de Antímano ayer fue sometida a una medida de ocupación temporal e intervención administrativa por parte del Indepabis. Sidetur rechazó en un comunicado la decisión porque carece de fundamentos legales.
La empresa afirma que el Indepabis basó su decisión en un recorrido que hizo 20 minutos antes de que comenzara el turno de trabajo del lunes, mientras los trabajadores estaban reunidos en asamblea con funcionarios del Gobierno para evaluar la expropiación.
Fitch Ratings, en tanto, colocó "en revisión con implicaciones negativas" la calificación de Sidetur. "La decisión refleja la incertidumbre sobre el momento exacto en que será completada la nacionalización y la incidencia del proceso en las operaciones de la empresa", dijo la firma, reseñó Reuters.
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miércoles, 3 de noviembre de 2010
"El Ejecutivo no puede aplicar la ley de manera retroactiva"
La firma de nuevos contratos de preventa no representa una práctica irregular o ilegal, dijo Alfonso Ávila, director de la Constructora Yuruari, que edifica el conjunto residencial El Encantado Humboldt, en El Hatillo: "No estamos haciendo nada indebido. Hay un documento firmado antes de la prohibición de cobrar IPC en el que se convino un ajuste de precios. Entonces debemos llegar a un acuerdo sobre cómo aplicarlo. Y lo hemos hecho con 500 compradores".
Indicó que no existe una ley que prohíba que las personas se pongan de acuerdo, y descartó que el contrato nuevo perjudique a los compradores: "El ajuste no va más allá de 80.000 bolívares, por lo que el costo del apartamento termina en 430.000 bolívares, mientras que el precio actual de un inmueble en la zona oscila entre 800.000 y 900.000 bolívares".
Agregó que lo irregular es que el Gobierno quiera aplicar el veto a cobrar cuotas vinculadas con el índice de precios al consumidor de forma retroactiva. "Lo que está firmado antes del 10 de julio de 2009, cuando se promulgó la Resolución 110, hay que honrarlo. Si hay personas que no tienen cómo pagar un monto adicional, pueden reunirse con nosotros para buscar una salida".
Ávila reiteró que la medida se basa en supuestos falsos y pidió rectificación. "En vez de juzgarnos por lo que pasa en otros desarrollos, debieron llamarnos para conocer la realidad del proyecto. Estamos en capacidad de terminarlo sin ningún inconveniente".
El cobro de cuotas por el IPC es indispensable –dice Ávila– porque construir viviendas tarda entre dos y tres años, y en ese período las empresas afrontan aumentos de sueldos y de costos de materiales. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, respaldó la posición de Ávila: "Cuando se hizo la Resolución 110 advertimos que no era posible que se congelaran los precios de las viviendas en un país con inflación alta".
Martini solicitó que no se satanice el sector privado, responsable de 70% de las viviendas que se construyen. "Cuando hubo el problema de los damnificados por las lluvias recientes, el Gobierno le compró casas a una empresa para atenderlos". Aseguró que las medidas contra más de una docena de empresas no sólo ponen en riesgo las viviendas de un grupo de venezolanos, sino el futuro del sector construcción.
Publicado en El Nacional
Indicó que no existe una ley que prohíba que las personas se pongan de acuerdo, y descartó que el contrato nuevo perjudique a los compradores: "El ajuste no va más allá de 80.000 bolívares, por lo que el costo del apartamento termina en 430.000 bolívares, mientras que el precio actual de un inmueble en la zona oscila entre 800.000 y 900.000 bolívares".
Agregó que lo irregular es que el Gobierno quiera aplicar el veto a cobrar cuotas vinculadas con el índice de precios al consumidor de forma retroactiva. "Lo que está firmado antes del 10 de julio de 2009, cuando se promulgó la Resolución 110, hay que honrarlo. Si hay personas que no tienen cómo pagar un monto adicional, pueden reunirse con nosotros para buscar una salida".
Ávila reiteró que la medida se basa en supuestos falsos y pidió rectificación. "En vez de juzgarnos por lo que pasa en otros desarrollos, debieron llamarnos para conocer la realidad del proyecto. Estamos en capacidad de terminarlo sin ningún inconveniente".
El cobro de cuotas por el IPC es indispensable –dice Ávila– porque construir viviendas tarda entre dos y tres años, y en ese período las empresas afrontan aumentos de sueldos y de costos de materiales. Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, respaldó la posición de Ávila: "Cuando se hizo la Resolución 110 advertimos que no era posible que se congelaran los precios de las viviendas en un país con inflación alta".
Martini solicitó que no se satanice el sector privado, responsable de 70% de las viviendas que se construyen. "Cuando hubo el problema de los damnificados por las lluvias recientes, el Gobierno le compró casas a una empresa para atenderlos". Aseguró que las medidas contra más de una docena de empresas no sólo ponen en riesgo las viviendas de un grupo de venezolanos, sino el futuro del sector construcción.
Publicado en El Nacional
Trabajadores de Sidetur rechazan expropiación
La decisión del presidente Hugo Chávez de expropiar la Siderúrgica del Turbio no cuenta con el respaldo de la mayoría de los trabajadores, aseguró personal de la compañía mediante un comunicado difundido ayer en la tarde para rechazar la medida gubernamental.
El documento -suscrito por empleados de las plantas de Sidetur en Carabobo, Distrito Capital, Lara y Miranda- señala que la empresa vende sus productos a los precios regulados y que esto ha sido verificado por el Indepabis durante las fiscalizaciones realizadas en los últimos años.
También dice que Sidetur cumple plenamente los compromisos contractuales adquiridos con sus trabajadores y está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de su personal en aspectos como salud, salarios y formación profesional, entre otros.
Los empleados aseguran que la capacidad de producción se mantiene al tope y que la fabricación se ha reducido por el racionamiento eléctrico de principios de año y "la huelga injustificada promovida por el sindicato bolivariano de la planta Casima, en Puerto Ordaz, desde marzo de 2010".
A media máquina. Además de suscribir el comunicado, los trabajadores de Sidetur Valencia se reunieron a las afueras de la planta para rechazar la expropiación. Aseguran que no desean laborar en una empresa socialista, porque en la práctica ninguna ha sido eficiente. Informaron que las actividades se ejecutan a 50% de la capacidad en señal de protesta.
Explicaron que la planta Valencia elabora 60% de las mallas electrosoldadas que se comercializan en el país. "Eso se va a acabar, no va a seguir funcionando. Con qué van a seguir construyendo las viviendas", indicó Carlos León, trabajador con 25 años dentro de la compañía.
Aseguró que existe un gran descontento entre las 260 personas que laboran en la planta de Carabobo. "La medida de tomar la empresa puede dejar a nuestros compañeros sin trabajo. A escala nacional somos 1.800 trabajadores. En Valencia, aproximadamente 80% de la nómina mensual está colocando su renuncia, así como 20% de la nómina diaria, que son los más antiguos de la empresa", aseveró.
Un ejemplo de mala gerencia, dijo, es la empresa Rualca, ubicada enfrente de Sidetur, que desde que la tomó el Gobierno ha estado cerrada. "En principio iban a hacer los rines, luego rines de bicicletas, después cambiaron a ollas y luego a cucharones, pero no están haciendo nada". A su juicio, el Gobierno no tiene la capacidad para manejar la empresa, por esta razón comenzaron a recoger firmas para tratar de revertir la medida de expropiación de Sidetur.
En las dos sedes de la empresa en el estado Lara, la actividad se desarrolló con normalidad, aunque se mantiene la incertidumbre entre los empleados en vista de que no tienen información concreta acerca de lo que sucederá con sus puestos de trabajo, señaló un obrero.
Ayer en la tarde todavía no había custodia militar en el área externa de las sedes, situadas en la Zona Industrial 1 de la capital larense, pero si se observaron guardias nacionales resguardando el patio interno de la planta Barquisimeto.
Alrededor de 17.000 toneladas de palanquillas permanecen en los patios de la planta Casima, en Ciudad Guayana, debido a que los trabajadores la tienen paralizada desde marzo. Ahora, con la expropiación están dispuestos a levantar el paro.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
Publicado en El Nacional
El documento -suscrito por empleados de las plantas de Sidetur en Carabobo, Distrito Capital, Lara y Miranda- señala que la empresa vende sus productos a los precios regulados y que esto ha sido verificado por el Indepabis durante las fiscalizaciones realizadas en los últimos años.
También dice que Sidetur cumple plenamente los compromisos contractuales adquiridos con sus trabajadores y está comprometida con el mejoramiento de la calidad de vida de su personal en aspectos como salud, salarios y formación profesional, entre otros.
Los empleados aseguran que la capacidad de producción se mantiene al tope y que la fabricación se ha reducido por el racionamiento eléctrico de principios de año y "la huelga injustificada promovida por el sindicato bolivariano de la planta Casima, en Puerto Ordaz, desde marzo de 2010".
A media máquina. Además de suscribir el comunicado, los trabajadores de Sidetur Valencia se reunieron a las afueras de la planta para rechazar la expropiación. Aseguran que no desean laborar en una empresa socialista, porque en la práctica ninguna ha sido eficiente. Informaron que las actividades se ejecutan a 50% de la capacidad en señal de protesta.
Explicaron que la planta Valencia elabora 60% de las mallas electrosoldadas que se comercializan en el país. "Eso se va a acabar, no va a seguir funcionando. Con qué van a seguir construyendo las viviendas", indicó Carlos León, trabajador con 25 años dentro de la compañía.
Aseguró que existe un gran descontento entre las 260 personas que laboran en la planta de Carabobo. "La medida de tomar la empresa puede dejar a nuestros compañeros sin trabajo. A escala nacional somos 1.800 trabajadores. En Valencia, aproximadamente 80% de la nómina mensual está colocando su renuncia, así como 20% de la nómina diaria, que son los más antiguos de la empresa", aseveró.
Un ejemplo de mala gerencia, dijo, es la empresa Rualca, ubicada enfrente de Sidetur, que desde que la tomó el Gobierno ha estado cerrada. "En principio iban a hacer los rines, luego rines de bicicletas, después cambiaron a ollas y luego a cucharones, pero no están haciendo nada". A su juicio, el Gobierno no tiene la capacidad para manejar la empresa, por esta razón comenzaron a recoger firmas para tratar de revertir la medida de expropiación de Sidetur.
En las dos sedes de la empresa en el estado Lara, la actividad se desarrolló con normalidad, aunque se mantiene la incertidumbre entre los empleados en vista de que no tienen información concreta acerca de lo que sucederá con sus puestos de trabajo, señaló un obrero.
Ayer en la tarde todavía no había custodia militar en el área externa de las sedes, situadas en la Zona Industrial 1 de la capital larense, pero si se observaron guardias nacionales resguardando el patio interno de la planta Barquisimeto.
Alrededor de 17.000 toneladas de palanquillas permanecen en los patios de la planta Casima, en Ciudad Guayana, debido a que los trabajadores la tienen paralizada desde marzo. Ahora, con la expropiación están dispuestos a levantar el paro.
Escrito junto con Equipo de Corresponsales
Publicado en El Nacional
martes, 2 de noviembre de 2010
La medida retrasará construcción de casas
La Cámara Venezolana de la Construcción advierte que la expropiación de seis conjuntos residenciales y la ocupación temporal de otros ocho no servirá para aligerar la edificación de viviendas sino que la retrasará, lo cual "afectará negativamente a las familias que requieren con urgencia una solución a su problema".
El gremio señala, mediante un comunicado, que las medidas causan incertidumbre tanto en las familias que están actualmente comprando una vivienda a través del mecanismo de preventa como en las empresas constructoras. "Es evidente que estas decisiones desestimulan la inversión privada, pues generan la sensación de una enorme inseguridad jurídica".
Agrega que la expropiación no es la medida más indicada para castigar a las compañías que incumplen con las fechas de entrega de los proyectos o cometen otras faltas durante el proceso de preventa, porque las leyes que rigen al sector habitacional establecen multas y sanciones que el Ejecutivo nacional puede aplicar en esos casos.
La CVC considera, además, que para reducir el déficit de vivienda acumulado en el país es necesario constituir una mesa técnica en la que todos los actores puedan aportar soluciones. "Una vez más, informamos que estamos a disposición del Ejecutivo y de todo el país para lograr una alianza nacional para la construcción y la vivienda".
Sin interrupciones. La promotora que construye el conjunto residencial El EncantadoHumboldt, en El Hatillo, uno de los afectados por la medida gubernamental, asegura que las obras no se han retrasado en ningún momento y que los compradores han sido informados permanentemente del avance de los trabajos.
"Desde hace tres años, cuando iniciamos el proceso de preventa de nuestros apartamentos y el consiguiente proceso de urbanismo y construcción, nunca hemos interrumpido la comunicación cotidiana directa y personalizada con todos y cada uno de nuestros compradores", indica en un comunicado.
Señala que se han reunido con representantes de organismos gubernamentales como la Alcaldía del Municipio El Hatillo, la Asamblea Nacional, el Indepabis y el Ministerio de Vivienda, entre otros, para informar sobre la situación del conjunto residencial.
"Los niveles de avance de nuestras obras pueden ser constatados con una simple visita de inspección. Nuestros compradores pueden dar fe de que hasta el pasado viernes estaban alrededor de 600 obreros, profesionales y técnicos trabajando en la construcción de sus apartamentos".
La empresa manifestó su disposición a escuchar las quejas que pudieran tener algunos compradores, pero solicitó ser excluida de acusaciones genéricas que perjudican su imagen.
El gremio señala, mediante un comunicado, que las medidas causan incertidumbre tanto en las familias que están actualmente comprando una vivienda a través del mecanismo de preventa como en las empresas constructoras. "Es evidente que estas decisiones desestimulan la inversión privada, pues generan la sensación de una enorme inseguridad jurídica".
Agrega que la expropiación no es la medida más indicada para castigar a las compañías que incumplen con las fechas de entrega de los proyectos o cometen otras faltas durante el proceso de preventa, porque las leyes que rigen al sector habitacional establecen multas y sanciones que el Ejecutivo nacional puede aplicar en esos casos.
La CVC considera, además, que para reducir el déficit de vivienda acumulado en el país es necesario constituir una mesa técnica en la que todos los actores puedan aportar soluciones. "Una vez más, informamos que estamos a disposición del Ejecutivo y de todo el país para lograr una alianza nacional para la construcción y la vivienda".
Sin interrupciones. La promotora que construye el conjunto residencial El EncantadoHumboldt, en El Hatillo, uno de los afectados por la medida gubernamental, asegura que las obras no se han retrasado en ningún momento y que los compradores han sido informados permanentemente del avance de los trabajos.
"Desde hace tres años, cuando iniciamos el proceso de preventa de nuestros apartamentos y el consiguiente proceso de urbanismo y construcción, nunca hemos interrumpido la comunicación cotidiana directa y personalizada con todos y cada uno de nuestros compradores", indica en un comunicado.
Señala que se han reunido con representantes de organismos gubernamentales como la Alcaldía del Municipio El Hatillo, la Asamblea Nacional, el Indepabis y el Ministerio de Vivienda, entre otros, para informar sobre la situación del conjunto residencial.
"Los niveles de avance de nuestras obras pueden ser constatados con una simple visita de inspección. Nuestros compradores pueden dar fe de que hasta el pasado viernes estaban alrededor de 600 obreros, profesionales y técnicos trabajando en la construcción de sus apartamentos".
La empresa manifestó su disposición a escuchar las quejas que pudieran tener algunos compradores, pero solicitó ser excluida de acusaciones genéricas que perjudican su imagen.
Gobierno controlará la totalidad de la producción de cabillas
La expropiación de la Siderúrgica del Turbio –anunciada por el presidente Hugo Chávez el domingo– otorgará al Gobierno el control total de la producción de cabillas, insumo fundamental para la construcción de viviendas y obras de infraestructura.
El Estado ya controlaba más de la mitad de la producción a través de la Siderúrgica del Orinoco, comprada al grupo argentino Techint en 2007, y el Centro Socialista de Producción de Cabillas, expropiado en 2009. Con la adquisición forzosa de Sidetur obtendrá casi 100%.
"La medida viene a acelerar el proceso de destrucción del sector privado y de la economía del país que adelanta desde hace varios años el actual Gobierno y que está generando como consecuencia una fuerte disminución de la producción", señala Conindustria en un comunicado.
Carlos Larrazábal, presidente del gremio, advirtió que pudiera repetirse la historia de las fabricantes de cementos Cemex, Holcim y Lafarge "que están experimentando un fuerte proceso de deterioro, como es el caso de la mayoría de las compañías que son expropiadas".
La Cámara Venezolana de la Construcción teme que la expropiación de Sidetur empeore los problemas con el suministro de cabillas, que ha descendido 45% en lo que va de 2010 por factores como la conflictividad laboral y el racionamiento eléctrico.
"Nos preocupa el impacto de la medida. La incertidumbre en la producción de este insumo fundamental para el sector pudiera representar una importante disminución de la velocidad de construcción de proyectos", señala la CVC en nota de prensa.
El gremio solicitó al Gobierno impulsar la producción de cabillas de las empresas estatales Ceproca y Sidor para que recobre el ritmo que requiere el sector construcción, que "es uno de los principales motores de reactivación económica porque genera empleo en todo el país".
Acciones legales. La junta directiva de Sidetur dijo, mediante un comunicado, que no existen razones objetivas para justificar la expropiación. "Somos una empresa en pleno funcionamiento, socialmente responsable, respetuosa de la legalidad vigente y cumplidora de todas sus obligaciones".
Rechazó las acusaciones de especulación en los precios. "La empresa ha cumplido estrictamente con la regulación decretada por el Ejecutivo, que mantiene los precios congelados desde el 6 de diciembre de 2006, aun cuando la inflación acumulada desde esa fecha es cercana a 100%".
Informó que ejercerá las acciones legales que sean necesarias para resguardar los derechos de trabajadores, proveedores, clientes y accionistas; así como para que se respeten las garantías establecidas en la Constitución.
También recordó que cualquier medida de ocupación previa de las instalaciones debe ser ordenada por un juez y estar precedida por el pago del justiprecio, como lo establece la Ley de Expropiación.
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El Estado ya controlaba más de la mitad de la producción a través de la Siderúrgica del Orinoco, comprada al grupo argentino Techint en 2007, y el Centro Socialista de Producción de Cabillas, expropiado en 2009. Con la adquisición forzosa de Sidetur obtendrá casi 100%.
"La medida viene a acelerar el proceso de destrucción del sector privado y de la economía del país que adelanta desde hace varios años el actual Gobierno y que está generando como consecuencia una fuerte disminución de la producción", señala Conindustria en un comunicado.
Carlos Larrazábal, presidente del gremio, advirtió que pudiera repetirse la historia de las fabricantes de cementos Cemex, Holcim y Lafarge "que están experimentando un fuerte proceso de deterioro, como es el caso de la mayoría de las compañías que son expropiadas".
La Cámara Venezolana de la Construcción teme que la expropiación de Sidetur empeore los problemas con el suministro de cabillas, que ha descendido 45% en lo que va de 2010 por factores como la conflictividad laboral y el racionamiento eléctrico.
"Nos preocupa el impacto de la medida. La incertidumbre en la producción de este insumo fundamental para el sector pudiera representar una importante disminución de la velocidad de construcción de proyectos", señala la CVC en nota de prensa.
El gremio solicitó al Gobierno impulsar la producción de cabillas de las empresas estatales Ceproca y Sidor para que recobre el ritmo que requiere el sector construcción, que "es uno de los principales motores de reactivación económica porque genera empleo en todo el país".
Acciones legales. La junta directiva de Sidetur dijo, mediante un comunicado, que no existen razones objetivas para justificar la expropiación. "Somos una empresa en pleno funcionamiento, socialmente responsable, respetuosa de la legalidad vigente y cumplidora de todas sus obligaciones".
Rechazó las acusaciones de especulación en los precios. "La empresa ha cumplido estrictamente con la regulación decretada por el Ejecutivo, que mantiene los precios congelados desde el 6 de diciembre de 2006, aun cuando la inflación acumulada desde esa fecha es cercana a 100%".
Informó que ejercerá las acciones legales que sean necesarias para resguardar los derechos de trabajadores, proveedores, clientes y accionistas; así como para que se respeten las garantías establecidas en la Constitución.
También recordó que cualquier medida de ocupación previa de las instalaciones debe ser ordenada por un juez y estar precedida por el pago del justiprecio, como lo establece la Ley de Expropiación.
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